Por: Guillermo Cartagena. 02/06/2025
La jueza Primera de Paz de Santa Tecla decidió que ambos defensores de derechos deben permanecer en prisión al menos seis meses más mientras su proceso judicial avanza a la fase de instrucción. Están acusados de cometer desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto tras haber participado en una manifestación pacífica, el pasado 12 de mayo, en la que pedían la ayuda de Nayib Bukele para evitar el desalojo de 300 familias pobres en la Cooperativa El Bosque. Según comentaron los abogados, la jueza también restó importancia a un video de la marcha pacífica que desmiente a la Fiscalía y muestra cómo agentes de la Policía Militar y del Mantenimiento del Orden reprimieron la manifestación, en el que también participaban niñas, niños y personas de la tercera edad.
l Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla decidió, luego de una audiencia inicial que duró alrededor de tres horas, que el abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez, y el pastor de Misión Cristiana Elim, José Ángel Pérez, se mantengan en detención provisional mientras el proceso en su contra avanza a la fase de instrucción en los próximos seis meses. Ambos son acusados de desórdenes públicos y resistencia agresiva por los hechos del pasado 12 de mayo, cuando acompañaban a más de un centenar de habitantes de la Cooperativa El Bosque que pedían pacíficamente la ayuda de Nayib Bukele para frenar una orden judicial de desalojo de sus viviendas y tierras que consideraban injusta.
A pesar de los distintos videos de ese día, presentados por la defensa, que comprueban que estas personas se manifestaban pacíficamente, sin armas, sin dañar ninguna propiedad, sin tomarse la calle y que, por el contrario, fueron ellos los reprimidos por la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar, a la jueza del caso le bastaron menos de tres minutos para emitir su resolución en la parte final de la audiencia inicial. Sin mirar directamente a los abogados defensores o a los imputados, dijo que los múltiples arraigos presentados no eran suficientes, motivo por el que decretó la detención provisional. Es decir, consideró que podían fugarse del proceso judicial y por eso decidió mantenerlos encerrados en una cárcel.
De acuerdo con Jaime Rodríguez Ortega, uno de los abogados defensores, esta decisión judicial tiene repercusiones más allá del caso específico, pues criminaliza tres derechos fundamentales de los ciudadanos salvadoreños, en general, recogidos en la Constitución de la República: derecho a la libertad de expresión, derecho a asociarse y derecho a disentir. De manera que ahora, bajo el Gobierno de Bukele, manifestarse pacíficamente y exigir a las autoridades su intervención en un proceso injusto y perjudicial, puede considerarse un delito que amerita cárcel.
Por si fuera poco, los abogados declararon que la jueza tomó su decisión sin que la Fiscalía presentara evidencias contundentes. De hecho, los argumentos de la Fiscalía fueron tan mediocres que ofertaron como supuestas armas una hamaca, una cocina y una mesa en la que los habitantes de la Cooperativa El Bosque comían mientras realizaban el plantón pacífico en un arriate de la carretera que conduce hacia el Puerto de La Libertad.
Los testigos que la Fiscalía presentó para respaldar su acusación fueron un vigilante de una colonia aledaña que habló de desórdenes, pero sin individualizar ni señalar directamente a Alejandro Henríquez o al pastor José Ángel Pérez como los causantes; además de un policía que no estuvo presente al momento de las capturas; y otro agente policial que confirmó que estas personas no detuvieron el tránsito vehicular ni peatonal.
El abogado Rodríguez Ortega dijo sentirse impotente por la decisión en contra de sus defendidos, pero que lastimosamente esto es una muestra de la realidad que atraviesa el país.
“Estamos ante una desigualdad. Como abogado me siento impotente, como ciudadano me siento impotente. Quisiera que las cosas fueran diferentes, pero estamos en lo que estamos”, recalcó Rodríguez.
Por su parte, el abogado Oswaldo Feusier aseguró que presentaron más de 50 documentos que demostraban la actividad profesional que realiza Alejandro Henríquez, 12 testigos con declaraciones juradas y un video de una hora con 6 minutos de duración que demostraba lo que ocurrió el 12 de mayo. Ese video, de hecho, desmiente a la Fiscalía.
Feusier agregó que el periodo de instrucción ni siquiera es certero, ya que podría alargarse más de los seis meses solicitados por la Fiscalía.
Pese a la decisión de la jueza y al desánimo que esto provocó, Feusier dijo que seguirá luchando por el pastor José Ángel Pérez y por Alejandro Henríquez hasta verlos en libertad nuevamente. Mientras tanto, ellos dos se han sumado a la larga lista de presos políticos que acumula la administración de Nayib Bukele, y que se ha ampliado aceleradamente en los últimos meses.
“Yo no me explico desde cuándo es delito ayudar a las comunidades”
A las afueras del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, en donde se desarrolló la audiencia inicial, distintas organizaciones y decenas de personas se hicieron presentes para acompañar y mostrar su apoyo hacia el pastor José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, reconocidos por su labor de lucha en la defensa de los derechos humanos de comunidades marginadas como la Cooperativa El Bosque.
Jorge Díaz, de las juntas de agua de la zona norte de La Libertad, dijo que Alejandro Henríquez es alguien que lucha para que las personas más desposeídas conozcan sobre las leyes del país y que siempre ha trabajado para ayudar a las comunidades sin obtener nada a cambio.
“Yo hasta el momento no me explico desde cuándo es delito ayudarles a las comunidades. En el Código Procesal Penal no se halla, pero ahorita ya tiene 15 días de estar capturado por estar defendiendo la tierra”, enfatizó Díaz.
Por otro lado, Arlette Rivera, del Foro del Agua, calificó la resolución del juzgado como preocupante y una clara represión para meter miedo a las organizaciones, pero reiteró que eso no va a silenciar a las organizaciones ni les frenará para seguir apoyando a las personas más vulnerables. También añadió que esto demuestra que el sistema le falla a los defensores de derechos humanos por no existir una ley que les ampare.
Tras recibir la noticia sobre la detención provisional, las lágrimas comenzaron a derramarse en los rostros de varias de las personas y familiares que estaban afuera del Centro Judicial de Santa Tecla. La justicia, dijeron, ahora es selectiva en El Salvador.
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Fotografía: Gato encerrado
