Por: Juan David Castilla. 23/07/2024
Pobladores indígenas denunciaron que no fueron consultados para el proyecto del gasoducto Puerta al Sureste, que pretende llevar gas, extraído con la técnica altamente contaminante conocida como fracking, desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos y a la refinería Dos Bocas.
Las organizaciones ambientalistas Conexiones Climáticas, Centro de los Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Greenpeace y Territorios Diversos para la Vida se pronunciaron recientemente al respecto.
Indican que no se contó con la participación de las comunidades indígenas locales, sobre todo de las comunidades pesqueras de la costa del sur de Veracruz que no han sido informadas por la empresa de los impactos directos e indirectos de la obra para sus medios de vida.
Además, el proyecto ha sido fragmentado en dos etapas, escondiendo así su verdadero impacto acumulativo. Esto viola todos los protocolos de consulta a comunidades indígenas y expone a la empresa a más riesgos, costos y retrasos.
“Ninguna de las comunidades nahua, nuntajɨɨyi’ u otras comunidades indígenas costeras ha recibido información adecuada ni de TC Energy ni del gobierno mexicano sobre el gasoducto que quieren construir en nuestro territorio ancestral. No se nos ha consultado y vemos un patrón por parte de esta empresa con sus proyectos en otros territorios”, dijo Maribel Cervantes Cruz.
Los ambientalistas hicieron un llamado al gobierno mexicano a garantizar el cabal cumplimiento de los convenios internacionales que ha ratificado en reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y que ponga por delante a estos mismos antes que los intereses económicos de empresas transnacionales.
El pasado 4 de junio integrantes de los pueblos otomí, nahua, totonaco, nuntajɨɨyi’ y tepehua, junto con el pueblo originario wet’su’wet’en de Canadá, presentaron una solicitud a la Asamblea General de Accionistas de la transnacional canadiense TC Energy -antes TransCanada- para realizar una evaluación independiente de los daños financieros, de tiempo, de reputación y de buena voluntad que ha sufrido la empresa por no obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas por sus proyectos.
En la implementación de los proyectos de TC Energy en territorios indígenas no se ha realizado una consulta previa, libre e informada, como lo establece el convenio 169 de la OIT, en la que se dé a conocer toda la información necesaria de los impactos integrales que tendrán dichos proyectos para las comunidades en costa y tierra adentro, para que, bajo sus propios sistemas tradicionales puedan tomar una decisión sobre los proyectos en sus territorios.
Estas comunidades apelan a argumentos convencionales, éticos y empresariales para convencer de que estos proyectos no sólo afectan gravemente sus medios de vida, sus derechos y su seguridad, sino que incluso son económicamente inviables para TC Energy.
Esta empresa, que ha firmado varios contratos con la administración federal para el transporte de gas fósil a través de su territorio, ya ha incurrido en retrasos, rediseños y cambios de trazado de sus proyectos en México.
Esto tiene antecedentes cercanos: en 2018, TC Energy decidió invertir en el gasoducto Coastal Gas Link que transportaría gas, del interior de Canadá hasta la costa, para su posterior exportación.
Este presupuesto se disparó de 6 mil 200 a aproximadamente 14 mil 500 millones de dólares debido a protestas de las Primeras Naciones e impugnaciones judiciales. Por razones semejantes, en 2020, debido a que en el trazo original pretendía atravesar un centro ceremonial indígena, el gobierno mexicano obligó a TC Energy a desviar el proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula, cuya finalización estaba prevista para 2018.
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Fotografía: Grieta
