Por: Sare Frabes. 12/01/2024
El pasado lunes (27), integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunciaron penalmente a Juan Calderón Castillejo, presidente municipal de Erogarícuaro, debido a las amenazas que profirió contra Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz de la organización indígena.
Mediante comunicado, el CSIM detalló que el funcionario municipal amenazó con desaparecer a su vocero si continuaba impulsando procesos para la construcción de autonomías entre las comunidades indígenas de la región.
El Consejo rememora que, desde junio pasado, Ulíánov ya había sido amenazado de desaparición forzada por promover una consulta para que la comunidad purépecha de San Francisco Uricho, en Erogarícuaro, decidiera si implementa un proceso para autogobernarse, alejada del sistema político partidista.
Según el CSIM, Calderón Castillejo es un funcionario que ha destacado por accionar en contra de los procesos de autonomía de los pueblos originarios, “baste recordar que presentó 18 recursos jurídicos en contra del autogobierno de la comunidad de Jarácuaro, e impidió por 2 ocasiones la consulta libre, previa e informada en la comunidad de San Francisco Uricho”, detallan mediante comunicado.
Incluso, refieren que el edil también amenazó de muerte, a través de sus operadores políticos, a las consejeras del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por lo que ha sido declarado persona no grata y traidor de los pueblos y comunidades indígenas.
“Alzamos la voz para hacer directamente responsable de la integridad física del compañero vocero Pavel Ulíánov Guzmán, así como de todos los integrantes del CSIM, a Juan Calderón Castillejo, transgresor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que busca reelegirse como presidente municipal”, sostiene la organización.
Autonomías en construcción
El CSIM es una organización en la cual convergen representaciones y autoridades (civiles, comunales y tradicionales) de 70 comunidades indígenas de Michoacán, donde se aglutinan pueblos purépechas, nahuas, otomís y mazahuas de la región occidente del país.
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A pesar del contexto de violencia criminal y ante diversas amenazas de despojo territorial, el trabajo del Consejo se enfoca en la construcción de procesos autonómicos en las comunidades indígenas de Michoacán.
Recientemente continúan incorporándose más comunidades al trabajo del CSIM. El pasado lunes (27), la comunidad purépecha de Patamban, municipio de Tangancícuaro, mediante decisión de su Asamblea General dio inicio su camino para ejercer su autonomía y autogobierno. A su vez, el pasado 21 de noviembre, se integraron las colonias 20 de noviembre, Mapeco y Valle Dorado, del municipio de Uruapan.
El CSIM anunció la “Contracampaña política comunal hacia los traidores de las comunidades originarias”, mediante la cual denuncian al edil de Erogarícuaro, así como al presidente municipal de Hidalgo y al Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Michoacán debido a sus acciones legales en contra de las autonomías de pueblos como San Matías el Grande, San Francisco Uricho y Nahuatzen.
Acorde al CSIM, a las acciones de Calderón Castillejo, se suman la negativa de José Luis Téllez Marín, presidente de Hidalgo, para transferir el presupuesto directo a la comunidad otomí de San Matías el Grande.
Denuncian que el INPI, a través del titular en Michoacán, Celerino Felipe Cruz, “ha intervenido y litigado en contra de los autogobiernos”, además de señalar que demora los trámites para lograr la entrega de recursos directos tal como sucedió con la constancia de comunidad indígena, “requisito impuesto unilateralmente por el INPI”.
También anunciaron que, en 10 comunidades originarias, con un aproximado de 55 mil votantes, determinaron no permitir la instalación de casillas electorales para la jornada del próximo 2 de junio de 2024. Tampoco permitirán el ingreso de candidatos para realizar campañas partidistas.
Desapariciones, nunca más
Los integrantes del CSIM recuerdan que, durante la década de los 70s del siglo pasado, la familia Guzmán Cruz, de la cual es integrante su vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada.
Cinco integrantes de la familia (Amafer Guzmán Cruz, Armando Guzmán Cruz, José de Jesús Guzmán Jiménez, Adenauer Solón Guzmán Cruz y Venustiano Guzmán Cruz) fueron dessaparecidos por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “por lo que hacemos un llamado categórico y enérgico al gobierno de la República y al gobierno de Michoacán para que establezcan garantías de no repetición. Nunca más desaparición forzada en contra de opositores políticos y luchadores sociales”, sostiene el CSIM.
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Fotografía: Federación Anarquista
