Por: Bosco González Jiménez. IBEROAMÉRICA SOCIAL. 30/09/2020
En esta emergencia sanitaria que estamos enfrentando se hace esencial y necesario no invisibilizar estas desigualdades que se presentan en nuestra sociedad, aunque inversamente está ha sido la dinámica que a nivel internacional se ha desarrollado con relación a este asunto, donde los grupos sociales y excluidos de esta modernidad ingrata, en su gran espectro, siguen siendo las poblaciones más golpeadas por el Covid-19.
Dr. Bosco González Jimenez.
Dra. Francisca Fernández Droguett.
Lic. Joqsan Frías Palape.
La situación del coronavirus que ya se extiende por varios meses en el mundo, sin dudas, nos ha expuesto los diversos factores que se han agravado producto de las diferencias que se dan con relación a las desigualdades políticas, económicas, culturales y sociales.
La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. (Judith Buttler, 2020)
Es el caso de lo que ocurrió con cientos de ciudadanos bolivianos migrantes en Chile que intentaron regresar a Bolivia, muchos de ellos residentes de otras regiones del país, y que llegaron a fines de marzo a la región de Tarapacá para retornar a su país producto de la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus. El racismo fue implacable entre la opinión pública, más cuando se supo que un grupo importante de bolivianos llegados desde la capital, Santiago de Chile llegaron «contagiados».
La municipalidad de Iquique reaccionó de forma adecuada frente a la improvisada y tardía respuesta del gobierno, el cuál dispuso de buses de traslado hacia Iquique de la comunidad boliviana, sin previa coordinación con el alcalde de la ciudad, Mauricio Soria. Esto generó un debate político importante que develó la descoordinación total del gobierno en relación con la región. Sin embargo, la municipalidad de Iquique pudo hacer frente a esta adversidad, disponiendo de recursos y establecimientos educacionales y deportivos con el fin de cobijar a los ciudadanos del país vecino, quienes ya llevaban varios días a las afueras de la embajada boliviana pernoctando en una situación de riesgo inminente, soportando el frio, el hambre y la discriminación; hombres, mujeres y niños, incluso lactantes que, en carpas pasaban el día y la noche para poder conseguir retornar a su país habiéndose decretado el cierre de las fronteras por causa del coronavirus.
Otro caso de ese racismo y xenofobia que se eleva como levadura en un horno, fue el de los migrantes pertenecientes a la comunidad haitiana en Chile a mediados de abril en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, en la cuál 33 haitianos contagiados con Covid-19 en un cité de la comuna tensionó a los vecinos del sector quienes acusaban a la comunidad haitiana residente del lugar como gente irresponsable, además denunciaban que eran personas que no cumplían la cuarentena e incluso, algunos haitianos acusaron discriminación y denunciaban que los estaban obligando a irse del lugar.
La situación en el mundo a la fecha del 7 de septiembre del presente año registra 26,961,795 casos confirmados y 880,995 fallecidos a nivel mundial, y Estados Unidos continúa liderando esta lista con 6.292.054 de casos confirmados acumulados y 188.815 fallecidos, país con gran cantidad de latinos y afrodescendientes que se encuentran en una situación desfavorecida, en situación de pobreza y marginación, precisamente han sido la población más expuesta y golpeada por el coronavirus en EE. UU.
En esta emergencia sanitaria que estamos enfrentando se hace esencial y necesario no invisibilizar estas desigualdades que se presentan en nuestra sociedad, aunque inversamente está ha sido la dinámica que a nivel internacional se ha desarrollado con relación a este asunto, donde los grupos sociales y excluidos de esta modernidad ingrata, en su gran espectro, siguen siendo las poblaciones más golpeadas por el Covid-19.
El aislamiento, la conectividad, las falencias en protección sanitaria, el desabastecimiento, y un sinfín de problema que repercuten en la vida cotidiana, se han agravado con la pandemia y han puesto en evidencia la exposición al riesgo que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes frente a la desigualdad social que los mantiene en ese peligro constante. La pobreza sigue siendo una determinante que empeora la situación y que genera mayores riesgos a la muerte, y en ella las poblaciones indígenas y afroamericanas son quienes más conocen de sus efectos, basta con recordar que 2% de la población mundial es indígena y 86% de tal población trabaja en la economía informal, lo que dimensiona que el indígena es 3 veces más proclive a vivir en una situación de extrema pobreza, según lo detalla la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lo anterior, nos debiera despertar la preocupación respecto a los reportes que las autoridades oficiales han omitido sobre la población indígena y afroamericana a nivel mundial frente a la actual pandemia del covid-19, en donde estas mismas poblaciones, algunos centros de estudios y organismos independientes han sido quienes han tratado de dar cuenta de la situación grave que tal población vive frente a la invisibilización en esta pandemia que sigue sumando afectados. En este sentido, es importante mencionar que algunos de esos organismos que han generado una recopilación de antecedentes y cifras frente al déficit de información documental a más de un semestre de comenzada la pandemia ha sido la Organización Panamericana de la Salud (OPS)1 y la FILAC.
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) menciona que Brasil ha sido uno de esos países con población indígena que ha sido más golpeado, donde existen 11,385 personas infectadas y 426 muertos, en más de 124 pueblos indígenas, siendo la más afectada la región amazónica con más de 371 muertos, de igual forma; en México se registraron 2.803 casos en población Indígena y 462 personas fallecidas por esta enfermedad, principalmente en Oaxaca y Yucatán; en el caso de Perú no se cuenta con datos desagregados; sin embargo, en Lima, departamento con mayor población que se autoidentifica como indígena, se registraron 151 mil casos y 4,029 fallecidos A la fecha del 7de julio del presente año (Comunicación FILAC. (2020).
Por otra parte, la OPS señala que desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Brasil a la fecha del 25 de junio de 2020, se han notificado en el sistema de salud indígena (SasiSUS), por sus siglas en portugués, 24.609 casos de COVID-19 en indígenas, de los cuales 14.064 (58%) fueron confirmados, 9.433 (37%) descartados, 226 (1%) fueron excluidos y 886 (4%) están en investigación. Los 34 Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI, por sus siglas en portugués notificaron casos confirmados de COVID-19. Del total de casos confirmados, 259 fallecieron.
Situación de la población indígena en el resto de América:
| PAIS | CONFIRMADOS | FALLECIDOS | HASTA LA FECHA |
| CANADA | 404 | 6 | 31 DE JULIO |
| COLOMBIA | 4266 | 151 | 31 DE JULIO |
| ECUADOR | 1453 | 27 | 20 DE JULIO |
| EE. UU | 32525 | – | 1 DE AGOSTO |
| MEXICO | 5413 | 766 | 26 DE JULIO |
| PERU | 10773 | 56 | 28 DE JULIO |
| VENEZUELA | 179 | 3 | 2 DE AGOSTO |
En este reporte no aparecen varios países, entre ellos Chile, lo que coincide con lo mencionado anteriormente respecto a la falta de datos, incluso, mínimos referentes a la situación indígena producto de la pandemia del Covid-19 en el país. Precisamente, este trabajo busca sumar antecedentes que puedan ser una ventana a la realidad actual de los pueblos indígenas del norte y sur del país, los cuales históricamente han enfrentado el racismo, la discriminación y la exclusión.
Desigualdad y precarizarización estructural
Los diversos efectos de la pandemia nos sitúan ante situaciones de precarización y desigualdad estructural en el país, donde, desde la Constitución de 1980, en plena dictadura cívico-militar, se consolida un Estado subsidiario en que el Estado sólo interviene en quehaceres de la política pública cuando agentes privados no pueden intervenir, trayendo como consecuencia la privatización de diversos bienes comunitarios, como el agua, a través de la creación del Código de Aguas de 1981, que permite el acceso al agua a través de derechos de aprovechamiento, por lo que en Chile se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar el agua.
Es así que hoy 137 comunas se encuentran en una situación de escasez hídrica producto de un modelo privatizador, lo que viene a profundizar problemas de sanidad ante comunidades y territorios que no cuentan con las medidas básicas para enfrentar la expansión del COVID-19, como por ejemplo agua para lavarse las manos, afectando sobre todo a población rural e indígena.
Por otra parte los pueblos indígenas siguen siendo uno de los sectores más pobres del país, y por ende expuestos a los diversos vaivenes de las crisis económicas, sanitarias y ecológicas.
No podemos olvidar que esta pandemia se enmarca en una crisis ecológica, producto de un modo de relacionamiento y explotación de la naturaleza, que consolidó un modelo agroindustrial que opera desforestando los territorios para la implementación de monocultivos y de industrias de la carne, trayendo como consecuencia la expansión de patógenos a una velocidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Esta misma dinámica es la que podemos observar en los territorios indígenas, en el norte con la presencia de la megaminería y en el centro y sur con los agronegocios y forestales.
Otro elemento a considerar es la política sanitaria. Del mismo modo que el agua, la salud fue privatizada, perpetuando la precarización del sistema público y el incentivo de la salud privada desde lógicas mercantiles que apelan a la creación de ganancias, lo que se agudiza en territorios indígenas, en que por una parte no existen condiciones básicas para asegurar de manera transversal un servicio adecuado, pero además donde se ha impuesto una mirada biomédica que niega haceres y saberes ancestrales de los pueblos.
Territorios indígenas del sur
En las regiones de la Araucanía y del Biobío las comunidades mapuche han tomado sus propias medidas de resguardo, cerrando el ingreso a turistas, promoviendo el comercio al interior de las comunidades, el cuál ha sido un eje histórico importante para la subsistencia de su pueblo y para principalmente cuidarse de los posibles contagios en la actualidad3.
Es importante mencionar que fuera de estas regiones, en la región metropolitana se concentra la mayor cantidad de población mapuche (614 mil)4, región que a su vez concentra a las comunas con mayores contagios del país, comunas que suman un total de 277.726 casos a la fecha del 08 de septiembre en la región. Lo cual indica la relación estrecha que existe de los contagios con el hecho ser indígena, migrante y pobre en Chile.
Por otra parte, Elisa Loncon, Académica de la Universidad de Chile, señala que los mapuche han dispuesto de su capital cultural de conocimientos para prepararse contra lo peor que viene, porque lo peor está por venir lo dicen los kimce o sabios 5.
Además, menciona que La Araucanía lidera el índice de desconexión según cifras del Ministerio de Desarrollo Social de 2019, en ella 136 sectores de las 632 localidades distribuidas en 170 comunas del país no poseen acceso a internet, le sigue la Región de Los Lagos con 107 sectores desconectados; es obvio que esto repercutirá también en la educación escolar de los niños en época de pandemia si el gobierno insiste en virtualizar la educación. Elisa Loncon (2020) Lo que complica la situación en los territorios indígenas en esta “nueva normalidad” tecnologizada.
Por consiguiente, y pensando en estas comunas más afectadas en el territorio indígena del sur aparece el alto Biobío (Región del Biobío) liderando la lista, que a su vez presenta mayor índice de pobreza multidimensional (96%) considerando que El 84% de su población se declara indígena. A la fecha del 24 de agosto del presente año, su tasa es de incidencia (2988,0) superando al promedio nacional (2299,0) calculado por cada 100.000 habitantes a la fecha del 24 de agosto del presente año.
| COMUNAS | TASA DE INCIDENCIA |
| Alto Biobío | 2988,0 |
| Lonquimay | 693,0 |
| Lumaco | 461,0 |
| Tirúa | 403 |
Territorio indígena del norte
La situación de los territorios indígenas del norte de Chile no es muy distinta en relación con las poblaciones del sur en cuanto al diagnóstico de las necesidades, y la correlación que existe al ser indígena, pobre y los contagios. Donde es posible observar la forma en que comunas como General Lagos se encuentra liderando la lista en estas cifras situadas en el norte, con una tasa de incidencia de 9064,0 sobre el promedio nacional (2999,0), comuna que, además, presenta un 67% de población bajo el índice de la pobreza multidimensional y 74% de población indígena.
| COMUNAS | TASA DE INCIDENCIA |
| GENERAL LAGOS | 9064, 0 |
| POZO ALMONTE | 5735,0 |
| HUARA | 5641,0 |
| COLCHANE | 5613,0 |
| PICA | 3797,0 |
| CAMARONES | 2651,0 |
Cabe mencionar que tanto la región de Tarapacá y Arica y Parinacota presentan ciertas similitudes en cuanto a la situación rural-urbana de translocalidad y desigualdad territorial, y en diferencia con la región de la Araucanía y el Biobío, el símbolo del extractivismo y contaminación de la biodiversidad que genera conflicto en los territorios indígenas son las empresas mineras.
A continuación, profundizaremos en algunos momentos relevantes que dimensionan la dificultad y contradicciones que se encuentran en un proceso que aún no soluciona los conflictos que genera la desigualdad territorial, a su vez, señalaremos algunas cifras referentes a la situación de las poblaciones indígenas y sus contrastes de su población, tanto en la urbanidad como en la ruralidad frente al contagio.
Los territorios indígenas y el coronavirus; los efectos de la desigualdad territorial en el norte de Chile
Las fracturas sociales que el Estado de Chile ha tratado de solucionar en el curso del desarrollo histórico de sus políticas públicas hoy develan la incoherencia del modelo de desarrollo y su inseguridad, lo que se representa en las desigualdades territoriales, tanto en coordinación como en la ejecución de nuevas formas para abordar las problemáticas de manera multidimensional, incluyendo las perspectivas de los territorios indígenas de manera práctica. Esta omisión de la realidad nacional, regional y territorial de los indígenas, en cuanto a cómo se desarrolla una política de desarrollo integral por sobre la inclusión discursiva, se ha percibido en varios momentos decisivos, este último en las varias declaraciones que han surgido desde hace años y que tomaron fuerza durante el estallido social de Octubre del año pasado, dándose a conocer varios puntos convergentes que destacan el reconocimiento constitucional y la plurinacionalidad dentro del esas propuestas políticas que son claves al momento de entender el reconocimiento.
Por otra parte, el Estado de excepción constitucional y de emergencia que se ejerció a raíz de las manifestaciones a finales del 2019 por el gobierno presidido por Sebastián Piñera, sumado a la emergencia mundial producto de la pandemia del Covid-19 ha mantenido a gran parte de la población chilena en una irrupción de su “normalidad” que se aproxima a cumplir un año desde el estallido social. Fuerzas armadas y policías controlando las calles, reformas que permiten incluir y sancionar otros tipos de delitos en lo que respecta al orden público, y la actual pandemia que mantiene en confinamiento total a gran parte de la población, son parte de la mixtura que comparte la incertidumbre social que se mantiene desde hace ya casi un año.
En este escenario las poblaciones indígenas del norte de Chile han sido parte de ese desarrollo histórico en el que se han intentado solucionar esas fracciones que la desigualdad social y territorial generan, y que han generado a lo largo del tiempo. Uno de esos momentos que iniciaron este nuevo proceso fue el acuerdo de nueva imperial a principios de los años noventa, abordado por la concertación en el desarrollo de lo que sería el gobierno del Expresidente Patricio Aylwin, dejando a atrás la dictadura y dando paso a un supuesto nuevo curso democrático el cual no cambiaría su constitución firmada en los años ochenta en plena dictadura Militar de Augusto Pinochet, y que nos tiene próximos a un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución.
Ese tipo de reconocimiento de la población indígena tipificado en la LEY 12.253 y sus necesidades, dieron forma al programa orígenes y posteriormente a la creación de una corporación que coordinaría a nivel nacional el desarrollo integral de su población, la CONADI (Corporación Nacional del Desarrollo Indígena). Posterior a este momento, a principios de los años 2000 se comenzaría a repensar este desarrollo a un nivel que pudiera coordinar el desarrollo de las comunidades indígenas de una manera territorial con una nueva forma jurídica, lo que sería la implementación del Área de Desarrollo Indígena (ADI), y en todos esos momentos, no dejó de existir la constante discriminación, vulneración de territorios, en donde proyectos mineros intentan ejecutar sus sondeos a las espaldas de la comunidad, y donde también la contaminación ambiental producto de las mineras y forestales ya instaladas afectan las aguas y la biodiversidad del territorio indígena.
Las comunidades indígenas han sido los principales defensores de la naturaleza en el territorio, manteniéndose en resistencia frente al modelo de desarrollo que los somete en una constante pugna con la minería, las forestales y al conflicto que esta genera en el interior de una comunidad. El Covid-19 ha puesto en evidencia que las políticas públicas con relación a los pueblos indígenas continúan siendo ineficientes. La actual crisis ha tenido como principales protagonistas de acción de ayuda, a las mismas comunidades, quienes han sido su propio pilar, tanto para resguardarse de la pandemia como también para abastecerse.
Las grandes ciudades del norte como Arica, Iquique, Alto Hospicio y Calama concentran a la gran parte de esta población que es translocalizada, ósea que, posee una doble residencia. Esta realidad poco atendida, conflictúa con desarrollo urbano en contraste con el rural, este último subordinado al poder centralizado que tienen las principales ciudades por sobre los poblados del interior, manteniéndose esa lógica centralista que el colonialismo sentó en los precedentes políticos del país.
En este sentido, las principales municipalidades tienen un rol importante en lo que pudiese ser la coordinación y ejecución de nuevas formas de desarrollo rural y urbano, más allá del financiamiento del folclor local y el turismo. Los cuales han sido las principales actividades financiadas por los gobiernos regionales para “reconocer” a la población indígena del territorio y asociarlas a estos eventos que buscan sostener un multiculturalismo con “ropa y rostro indígena”.
El coronavirus precisamente devela estas ineficiencias, las cuales se traducen en las necesidades que la población indígena tiene y que aún no son resueltas ni dirigidas por una política que realmente se complemente con un discurso unificador entre lo rural y urbano, enfocado en materia de conectividad, atención sanitaria, desarrollo integral y comunitario; salud, vivienda, trabajo, educación y soberanía. En este sentido, la falta de coordinación de un territorio que comprenda una diversidad social y cultural que en muchos casos no supera la desventaja, sino que la consolida. Tarapacá es la región que presenta más comunas rurales en el norte con contagios, y en donde su población se correlaciona con ser pobre e indígena.
Pozo Almonte lidera con 901 casos confirmados y 15 fallecidos esta lista que no considera la tasa de incidencia. Donde podemos apreciar que el índice de pobreza multidimensional y la cantidad de población indígena es prácticamente la misma, superando los 6000 pobladores en la comuna mencionada.
Esta situación se repite en casi todas las comunas, incluso, en algunas como huara, Colchane, Camiña y Putre donde la población indígena supera en número a la población del índice de pobreza, que asociada a esta última podríamos evidenciar claramente esa estrecha relación preocupante de la población indígena en cuanto a la situación de pobreza y sus efectos que esta genera con relación al desarrollo integral de las comunas.
Las desigualdades en las grandes comunas del Norte Grande. Los pueblos originarios y migrantes frente al coronavirus.
La presencia indígena y migrante en las regiones del Norte Grande de Chile son amplias, y forman parte de una diversidad que caracteriza al territorio como un espacio prácticamente cosmopolita. Sin ser una metrópolis como lo es la capital, existen similitudes en cuanto a la centralización del poder respecto a las comunas urbanas en relación con las rurales. Iquique, Arica, Alto Hospicio, Calama, son algunas de estas ciudades que albergan a cientos y miles de pobladores excluidos, protagonistas de una historia que no termina y que se sigue forjando a base del esfuerzo y la resistencia. Tomas de terrenos, campamentos, ferias, y la forma que sea necesaria para sobrevivir, es el Rumbo al cual han trazado estas poblaciones que han sorteado el racismo, la xenofobia y la exclusión dentro de las ciudades.
Llegaron del interior o el extranjero, ya son generaciones viviendo en la ciudad o es hace poco, en los últimos años. Es el comercio informal o el Retail, un sinfín de rubros que a cada paso que damos por los sectores comerciales o más hacinados y sobrepoblados de las ciudades logramos visualizarlos y adentramos al impacto que tiene esta realidad que es omitida.
A continuación, presentaremos algunas cartografías y cifras que demuestran y evidencian la situación cruda de algunas de las principales ciudades del Norte Grande de Chile; Mapas de los espacios urbanos los cuales centran su enfoque en la observación grafica por pigmento e intensidad de los colores que representan variables que nos ayudan a dimensionar la situación del covid-19 en variables con mayor riesgo probable como: la concentración de adultos mayores, precariedad de la vivienda, los hogares en situación de hacinamiento y la vulnerabilidad socioeconómica critica. Estas cartografías fueron elaboradas por el Centro de Producción del Espacio (CPE)6 de la Universidad de las Américas (UDLA).
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Fotografía: IBEROAMÉRICA SOCIAL.
