Por: Adriana Varillas | News Day Caribe. 19/04/2025
“Hoy vengo a romperles los discursos políticos”, advirtió al subir a la Tribuna del Congreso de Quintana Roo, Grisell B, madre de “M” y “C”., hermanos separados en medio del proceso judicial que la mantiene enfrentada con Edén “N”, su pareja sentimental de 2010 a 2012.
Ahí, durante el Quinto Parlamento de las Mujeres, celebrado el 12 de marzo de 2025 en el recinto legislativo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Grisell confesó que por su cabeza cruzó la idea de suicidarse cuando “el sistema judicial” entregó a su hijo “M” a su ex pareja, un hombre que identifica como su “agresor vicario” y quien –asegura– ha sido presuntamente favorecido por magistrados y jueces que han visto el caso.
En ese evento público, las 25 integrantes del Parlamento, las y los diputados presentes también le escucharon anunciar que, después de un largo calvario, ingresó a la XVIII Legislatura una propuesta para adicionar la fracción VIII al artículo 176 Quinquies del Código Penal, a fin de tipificar como Violencia Vicaria la separación forzada de hermanas y hermanos.
Grisell bautizó esa reforma al Código Penal con el nombre de su hijo primogénito, separado de su hermano menor, dijo la también pasante de Derecho, al mencionar que comenzó a estudiar esa carrera a raíz de la violencia vicaria que sufrieron ella, y los dos pequeños, cuyos nombres se reservan en esta entrevista, en apego al interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Dicho principio, contenido en el marco jurídico mexicano, busca garantizar, ante todo, el bienestar, desarrollo integral y protección de personas menores de edad.
Además, en el evento legislativo aprovechó para recordarles que el tipo penal de la violencia vicaria, vigente, debe corregirse, pues se aprobó erróneamente en septiembre de 2022, no como una acción afirmativa a favor de las mujeres, sino incluyendo a los hombres como grupo afectado.
Para algunas legisladoras y activistas en la entidad, esta particularidad, que quiso ser presumida como un acto “progresista”, ha dejado la puerta abierta para que mujeres como ella, en Quintana Roo, sean aún más vulneradas por sus ex parejas, quienes también pueden decirse víctimas de esa misma violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional acerca de la Violencia Vicaria en México (2022), realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV), la Ciudad de México ocupa el primer lugar con mayores casos de violencia familiar, seguido por el estado de México y Nuevo León, y una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer, es la familiar.
En el 80 por ciento de los casos analizados (2 mil 231 mujeres sobrevivientes fueron entrevistadas en todo el país), las víctimas fueron separadas de sus hijos de forma inesperada, con previas amenazas y sin tener contacto con las hijas e hijos.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la violencia vicaria es cualquier acto que busque causar daño a las mujeres a través de sus hijas, hijos o familiares allegados. La violencia vicaria cobra relevancia porque no solo es ejercida en las mujeres, sino en las hijas o hijos, convirtiéndose así en una herramienta de agresión y control que se puede manifestar de diferentes formas como:
- Amenazar con causar daño a las hijas o hijos
- Ocultar, retener o sustraerlos fuera de su domicilio o lugar de residencia
- Utilizarlos para tener información de la madre
- Promover, incitar o fomentar actos de violencia física de las hijas o hijos hacia su madre
- Promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna
- Imponer acciones legales con base a hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener la vida y custodia de las hijas o hijos en común
- Condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y sus hijas o hijos.
En México, la violencia vicaria se reconoció en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en el Código Civil Federal y Código Penal Federal a inicios de 2024, por lo que aún no se cuentan con datos estadísticos que puedan aportar un panorama a nivel nacional.
De acuerdo con el Informe Contextual sobre Violencia Vicaria publicado en noviembre de 2023, solo los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas los que han reconocido la violencia vicaria como un tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada estado. Sin embargo, de todos los estados de la república, sólo 8 estados lo han tipificado en su código civil y 11 en su código penal.
Corrupción e impunidad
También desde la Tribuna, Grisell lanzó fuertes cuestionamientos a la estructura judicial del estado, evidenciando la corrupción que, afirmó ahí, ha permitido injusticias como las que ha vivido desde el 2013 hasta hoy.
En ese año interpuso una denuncia contra su ex pareja por violencia familiar, documento que, según su versión de los hechos, “se perdió” o fue ocultada en la FGE.
En cambio, cuando Edén la denunció a ella por el mismo delito, en 2020, el asunto procedió tan rápidamente, que su hijo fue entregado a su ex pareja, lo cual califica como un caso de violencia institucional.
“¿Qué tan corrupto puede ser el Poder Judicial del estado de Quintana Roo, para que un juez haya vendido la custodia de mi hijo? ¿Hasta cuándo van a seguir los discursos políticos que cuentan una historia de un Quintana Roo que no existe?”, cuestionó Grisell a las y los legisladores.
Organizaciones civiles como Mujer Libre MX (Muli), Malinches Ingobernables, Siempre Unidas, Colectivo Femenil Xtabay y abogadas como Araceli Andrade, han dado cuenta de más de una decena de casos de violencia vicaria e incluso, en algunos casos, han tenido que enfrentar fuertes presiones por hacer públicos los asuntos, ante las omisiones y dilaciones de jueces y autoridades ministeriales.
Un plan de vida tumbado a golpes
Para ampliar el testimonio que dio ante el Congreso, Grisell –nacida en Xilitla, San Luis Potosí, y residente en Playa del Carmen– conversó con NewsDay Caribe.
Relató que conoció a Edén en 2010 y que durante los dos años de relación con él, sufrió toda clase de violencias, desde golpes hasta agresiones sexuales.
Aunque se separó, “las violencias no terminaron” —dice— y, por el contrario, escalaron de 2012 a 2020, aunque fueron de otro tipo y en el contexto de las convivencias entre el pequeño y su ex pareja.
En ese periodo se añadió la violencia vicaria, que aún no se tipificaba como tal en el estado.
Si bien ya no cohabitaban juntos, Grisell explica que su ex pareja la violentaba a través de su hijo, a quien presuntamente manipulaba durante las convivencias acordadas, no se presentaba para verlo, cambiaba las citas de convivencia o incumplía con sus obligaciones legales, como la pensión alimentaria, por lo cual fue vinculado a proceso y eximido tiempo después.
Edén y su equipo de defensoría “pro-bono” han refutado esa versión años atrás, pues el caso salió a la luz pública en el pasado.
El 12 de mayo de 2023, él y su defensa fijaron postura sobre el asunto, invirtiendo las acusaciones hechas en su contra y señalando como la probable violentadora a Grisell, quien a ese momento llevaba dos días en huelga de hambre.
La mujer se encontraba en los Juzgados de Playa del Carmen para exigir que se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso por violencia vicaria, delito que imputó a Edén desde 2022.
La defensa legal de su expareja sostenía que no podía configurarse la violencia vicaria, porque Edén no incurrió en esas conductas, por ejemplo.
La audiencia de vinculación finalmente se celebró y Edén fue vinculado a proceso el 21 de mayo de 2023, siendo el primer caso por violencia vicaria en Quintana Roo llevado a proceso.
Sin embargo, al apelar en segunda instancia, el auto de vinculación fue revocado de manera parcial, ordenando la reposición de la audiencia, la cual se celebró en ausencia de Grisell, quien argumenta que, a ese momento, estaba mentalmente agotada para enfrentar la diligencia y no tenía dinero para pagar los viáticos de su abogada para viajar y acudir.
La mujer añadió que el auto de no vinculación a proceso a favor de Edén, le fue notificado en febrero de 2024.
“El primer infierno es ese tipo de violencia de género, cuando tu agresor te quita a tu hijo a pesar de ser deudor alimentario, drogadicto, alcohólico, de haberte golpeado, de haber sufrido violación, de haber sufrido humillación; todo tipo de violencias: Patrimonial, económica, física, sexual… ese es un infierno muy difícil, pero uno que es devastador para cualquier mujer o cualquier persona, es la violencia institucional.
“Ahí adentro del sistema judicial (…) no solamente no vas a encontrar justicia, sino que por atreverte a pedirla e ir en contra de un sistema corrupto que te pide ‘moches’ para que avance tu caso, tienes que enfrentar un segundo infierno, el peor de todos, porque no solo tienes a un agresor que te aborrece y te quiere ver muerta, sino que tienes a muchos agresores y agresoras que tienen puestos de poder”, subrayó Grisell.
Ley Vicaria a la “quintanarroense”: Error Legislativo
El concepto original de Violencia Vicaria proviene de Sonia Vaccaro, especializada en psicología forense, quien después de haber entrevistado a un promedio de dos mil mujeres encontró patrones similares que le permitieron definirla como “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos e hijas para herir a la mujer”.
Se trata de una suerte de violencia indirecta contra la víctima principal, que es la madre y es “una forma extrema de Violencia de Género”.
“Es la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros”, ha escrito Vaccaro. Esos terceros son las hijas e hijos, lo que provoca en la madre profundos daños psicológicos “de los que no se podrá recuperar jamás”.
Hijas e hijos son utilizados por el agresor vicario para hacerle daño a la madre, reteniéndola en relaciones de pareja que no desea mantener, amenazándole con quitarle la custodia, sustrayéndoles, separándoles o sembrándoles rechazo u odio hacia su mamá.
Si bien existe un reconocimiento de que también los hombres pueden ser coaccionados a través de sus hijas e hijos, la Violencia Vicaria está concebida como un tipo de violencia de género, que atiende a una serie de condiciones estructurales y sistémicas, desiguales e inequitativas entre varones y mujeres, que colocan a éstas como víctimas principales y recurrentes.
A nivel estatal, la violencia vicaria se aprobó en 2022 estableciendo que el hombre también puede ser considerado víctima de ese delito, dejando a las mujeres vulnerables ante sus agresores, muchos de ellos, hombres con poder económico e influencias políticas.
Apenas el 10 de diciembre del 2024, la actual diputada federal, Mildred Ávila, confirmó que, “por influencia de ciertos grupos con intereses particulares” se impulsaron modificaciones legislativas para que en lugar de que en el tipo penal de violencia vicaria se mencionara como víctimas a las mujeres, específicamente, se colocó el término “personas”, lo cual permite “denuncias espejo” en su contra.
Esos grupos fueron organizaciones como el Frente Nacional por la Familia y otras agrupaciones de corte conservador, que solicitaron a la entonces presidenta de la Comisión de Justicia, Kira Iris San, militante del Partido Acción Nacional (PAN), que los hombres también fueran considerados víctimas de esa violencia.
Ávila Vera, legisladora federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expuso el pasado diciembre que los hombres “apoyados por un sistema patriarcal” encuentran en esas deficiencias jurídicas, un camino para emprender “injustas batallas legales” contra las mujeres.
Tal como sucedió con la XVI Legislatura quintanarroense que aprobó y expidió el decreto sobre Violencia Vicaria, mismo que las y los actuales legisladores no han corregido.
Por tal motivo, la diputada federal exhortó a las legislaturas de los estados para que legislen con perspectiva de género sobre Violencia Vicaria, con un tipo penal que realmente proteja a las mujeres y no las exponga a la violencia institucional, mediática y familiar.
De denunciante a denunciada
Después de la separación y de que Grisell denunció a Edén por Violencia familiar en 2013, demandó la custodia legal definitiva de su hijo “M” y la pensión alimentaria que le correspondía al niño.
Obtuvo del Juzgado de lo Familiar de Playa del Carmen, ambas cosas, el 27 de noviembre de 2014, con un régimen de visitas acordadas.
Sin embargo, la mujer manifestó que Edén presuntamente incumplió con sus obligaciones legales y también fallaba a la convivencia con su hijo, al cual dejaba plantado o le cambiaba la fecha para verse.
Sobre lo anterior, la versión que Edén ofreció en mayo de 2023 a la prensa fue distinta, pues aseguró que el niño no era atendido debidamente por su mamá y que lucía descuidado.
Entre fricciones constantes pasaron seis años. Llegó el 2020 y la pandemia por coronavirus COVID-19. Ella y él difieren en cómo se vivió esa etapa, con relación a los cuidados y convivencias con su hijo. Las acusaciones son mutuas.
Ella había decidido mudarse con el pequeño y su hermano menor a San Luis Potosí y así se lo comunicó a él, pese a que su abogado le aconsejó no hacerlo.
Como resultado, en noviembre, el padre de “M” le notificó que aún cuando ella tenía la custodia legal del pequeño, no se lo entregaría porque la denunció por violencia familiar y, en consecuencia, la Procuraduría del Menor le había otorgado el derecho a quedarse con el niño mientras se desarrollaban las investigaciones.
“Cuando el agresor vicario me denuncia a mí en 2020, no estaba la denuncia que yo había interpuesto en 2013 (…) la misma Fiscalía ocultó, no la extraviaron, ocultaron mi carpeta de investigación, la cual nunca avanzó porque me habían pedido dinero.
“Un policía investigador, armado, me dijo: ‘Usted sabe cómo se mueven las cosas aquí en México’, tomó la carpeta y me dijo: ‘si no la mueve así, aquí no avanza y me hizo esta seña del dinero’. Y yo tenía a mi niño de un año, tenía que buscar un trabajo para que él y yo pudiéramos subsistir, sin casa, sin trabajo, sin nada (…) entonces así es como no avanzó mi carpeta”, narró.
La denuncia está fundamentada, según lo expuesto públicamente por la defensa legal de él, en el presunto maltrato del niño, que el DIF les había notificado que daba seguimiento a otra denuncia puesta por vecinos, desde 2019 y que el pequeño no era llevado a la escuela, presuntamente violando su derecho a la educación.
Denuncias “extraviadas” y peritajes no entregados
Esa nueva confrontación provocó que el 2 de noviembre, Grisell interpusiera una denuncia ante la unidad de Atención Temprana de la FGE, por sustracción y retención del niño, en contra de su ex pareja, sin que la Fiscalía emitiera una Alerta Ámber.
Con apoyo de la Policía ministerial, fueron al domicilio de él, a solicitar la entrega del niño. A solicitud del padre de “M” éste fue llevado a la delegación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Playa del Carmen, que lo entregó en resguardo a su abuela materna, madre de Grisell.
La defensa legal del padre de “M” asegura que la decisión se tomó porque la mujer “no era viable para la red de apoyo” de su hijo.
Ella refuta esa versión y remarca que su mamá y ella comenzaron a recibir toda clase de amenazas y acoso en redes sociales, como parte de una campaña de desprestigio que las acusaba de sustracción ilegal del menor de edad.
Aún cuando denunciaron estos hechos, Grisell dice que no recibieron protección de las autoridades. Ante el riesgo y la presión, decidió que su mamá se llevase al pequeño a San Luis Potosí para que estuvieran en un entorno seguro y alejado del acoso, mientras aquí la Fiscalía General del estado (FGE) emitía una Alerta Ámber, porque Edén la denunció en diciembre por la sustracción del niño. La casa de ella fue cateada en busca del menor.
Ocurre que la defensa legal de Edén denunció que ambas mujeres se habían llevado a su hijo “ilegalmente”.
Posteriormente Grisell viajó para alcanzarles y el niño fue presentado ante la Fiscalía de San Luis Potosí. Sobre ese pasaje, nuevamente existen declaraciones cruzadas entre las partes.
Grisell asegura que al pequeño se le practicó, durante tres días, un primer peritaje psicológico exhaustivo, y que el niño dijo a las autoridades que fue aleccionado por su padre para acusar a su mamá de maltrato.
La mujer sostiene que el defensor público que le fue asignado a Grisell para llevar el caso por violencia familiar, se negó consistentemente a entregar esas pruebas.
La defensa de su ex pareja afirmó públicamente en mayo de 2023, que el pequeño declaró ante las autoridades de San Luis Potosí que la abuela del niño lo instruyó para dar testimonio en contra de él.
Finalmente la mujer fue vinculada a proceso en 2021 por violencia familiar en agravio de Edén. Las medidas cautelares determinadas por el juez, la obligan a firmar periódicamente desde entonces, en Playa del Carmen y a llevar su proceso en libertad, pero sin poder salir del estado.
“El juicio en mi contra sigue abierto, tengo más de cuatro años firmando medidas cautelares injustas, voy cada mes, no puedo salir del estado de Quintana Roo”, mencionó.
La pérdida de custodia
En 2022 Grisell denunció a Edén por probable violencia vicaria. También en ese año perdió la custodia de “M”, quien se encontraba bajo el cuidado legal de su abuela materna, fue entregado mediante orden judicial a su papá.
Según el testimonio que ella ofreció en el Congreso de Quintana Roo, el juez que llevó el caso, presuntamente, “vendió la custodia” de su hijo “por 80 mil pesos”.
La defensa legal de Edén ha señalado que fue un juez de San Luis Potosí el que decretó la guardia y custodia provisional de “M”, el 21 de septiembre de 2022, ratificando lo dictado por el juzgador de Playa del Carmen.
De este modo, el padre de “M” viajó a San Luis para que el niño le fuese entregado y desde entonces lo mantiene a su lado.
El duelo por un hijo vivo
Grisell volvió a ver a “M” hasta marzo de 2023 en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), bajo vigilancia supervisada.
“El niño era otro” –aseveró ella– al describir la actitud distante y fría del pequeño, quien “con palabras que le sembró el padre”, la apartó. Grisell las repite, con dolor, dificultad y lágrimas.
El impacto de la escena y de este rechazo fue devastador para ella, y se repitió en otros momentos, incluso con su hijo “C”, quien también fue apartado por su hermano.
“Nada de lo que he sufrido se compara con el dolor de ver a mi hijo llorando, clamando y orando para volver a estar con su hermano”, expresó Grisell, con voz entrecortada.
En un peritaje psicológico forense, “C” declaró: “Quiero que Dios me haga grande para rescatar a mi hermano”, citó la mujer, quien compartió públicamente ese pasaje con la Legislatura y las mujeres participantes en el Parlamento.
Ante lo ocurrido con “M”, Grisell cayó en un profundo cuadro de depresión, su cuerpo colapsó y tuvo que guardar reposo forzado. Poco antes le habían practicado un peritaje forense de violencia vicaria, que arrojó ansiedad y depresión severas, además de ideación suicida.
El 10 de mayo del 2023 se levantó de la cama y se declaró en huelga de hambre, afuera de los Juzgados de lo Familiar, en Playa del Carmen, exigiendo la realización de la audiencia de vinculación por violencia vicaria en contra de Edén.
La audiencia de vinculación de Edén, finalmente se realizó en mayo de ese año. La defensa objetó los cargos, pero se le vinculó a proceso el 21 de mayo. Sin embargo, al apelar en segunda instancia, el auto de vinculación fue revocado.
En abril del 2023, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer solicitó a la Unidad de Análisis de Contexto, un informe sobre el caso.
La conclusión fue que Grisell era víctima de violencia vicaria y que desde el inicio de la relación con su ex pareja sufrió otro tipo de violencias; que era necesario, “sin juzgarla” y con un enfoque de género, profundizar en por qué se ausentó de algunas visitas supervisadas, como acusa Edén.
Que “M” ha sido presuntamente manipulado; que ante las afectaciones emocionales que ha sufrido Grisell –confirmadas por otros peritajes y estudios– debe recibir atención psicológica, y que la mujer y su hijo deben recibir terapia derivado de la ruptura de su relación materno-afectiva.
El origen de la iniciativa de ley
Habiendo tocado fondo, Grisell pensó en su hijo “C” y en la afectación que le estaba causando la separación y el rechazo de “M”, con quien siempre tuvo una relación cercana, de cariño y protección.
Buscando su salud mental, la mujer se propuso reponerse para poder continuar con su defensa legal y dedicarse a su hijo pequeño.
A la par, Edén dejó de presentar a M en Cecofam desde diciembre de 2023, así que Grisell tomó la dolorosa decisión de solicitar al juez que considerara las convivencias vía zoom, pensando en la protección de C.
“Hoy vivo un duelo, por un hijo vivo, pero tengo que vivir para sacar adelante al otro”, indicó.
Esta experiencia, la llevó a impulsar, junto con su entonces abogada, una ley para evitar que otras y otros hermanos sufran el mismo tipo de separación que sus hijos.
Detalla que pensó en que una ley con el nombre de su primogénito podría blindar a otras niñas y niños, para que no vuelvan a sufrir ese tipo de dolor.
“Porque si a mí como mamá me está matando la violencia vicaria, creo que no hay nombre para describir el dolor que les están causando a los niños y a las niñas, que ahorita son pequeños y son muy resilientes, pero vamos a ver qué pasa cuando sean adultos”, expresó.
Su abogada la respaldó, al explicarle que la Ley Vicaria en sus siete fracciones, se ocupa del vínculo materno filial y tipifica el delito, pero no atiende el vínculo entre hermanos.
¿Qué propone la “Ley Mathias”?
La iniciativa busca modificar el artículo 176 Quinquies del Código Penal del estado para incluir la separación forzada entre hermanos y hermanas como un tipo de violencia vicaria, anunció Grisell a las y los diputados, aquel 12 de marzo.
La reforma –sostuvo– no requiere presupuesto, sino voluntad legislativa y advirtió: Si el Congreso no actúa con urgencia, más niños y niñas seguirán sufriendo la separación forzada y las consecuencias de un sistema judicial que, en sus palabras, está “caído e inservible”.
“Paremos estos daños de imposible reparación (…) Les invito a tomarla en sus manos como una encomienda de paz (…) Si hacen mal uso de esta ley, sus puestos van a acabar. Pero las madres somos la constante de Quintana Roo. No nos van a parar nunca (…)
“Cada persona corrupta despertó a las leonas y nos vamos a devorar su vida política si se atreven a separar nuevamente a un niño, a una niña o a un adolescente de sus hermanos o hermanas”, sentenció, al cierre de su intervención en el Parlamento de Mujeres.
Autora: Adriana Varillas
Medio: News Day Caribe
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Fotografía: Cimac noticias. Paola Chiomante / Periodismo Objetivo.
