Por: Norberto Soto Sánchez. Lic. en psicología y Mtro. en Educación. Interesado en temas de violencia política en educación superior. 24/09/2022
Topolobampo es un poblado y puerto comercial ubicado en el municipio de Ahome en el norte de Sinaloa en donde desde el año 2013 una empresa transnacional llamada Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) ─con inversión suiza y alemana- se instaló con un objetivo: la creación de un megaproyecto que consiste en un enorme complejo petroquímico que producirá grandes cantidades de amoníaco y metanol.
No obstante, la planta no ha podido iniciar su producción debido a distintos amparos que han interpuesto tanto pueblos indígenas como grupos ambientalistas de la región. Y es que cerca del puerto se encuentran dos poblaciones con “enramadas” o “ramadones” ─o “Centros Ceremoniales”, como institucionalmente se les llama a partir de la política de cooptación gubernamental a través del indigenismo desde los años 70’s- de tribus de ascendencia Yoreme Mayo; Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira.
Aunado a esto, Topolobampo está en medio del humedal de importancia internacional conformado por el sistema lagunar Topolobampo – Ohuira – Santa María; designación que le otorgó la Convención Internacional Ramsar el 2 de febrero del año 2009, debido a la rica biodiversidad del lugar, así como del papel tan importante que desempeña para la conservación del equilibrio ambiental de la región.
La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental formulado en la ciudad iraní de Ramsar que entra en vigor para distintos países en 1975; plantea un marco legal internacional destinado a la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. México forma parte de él oficialmente desde el 4 de noviembre de 1986.
De llevarse a cabo el proyecto y ocurrir un accidente o alguna fuga en el proceso de producción tan solo de amoníaco, el daño mortal para residentes, así como para la flora y la fauna, contempla un radio de 15 kilómetros, afectando, de entrada, el propio poblado de Topolobampo, así como los de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas.
No hay que olvidar el potencial tóxico e inflamable del amoníaco, el cual quedó plenamente demostrado tras la brutal explosión ocurrida en el puerto de Beirut, capital del Líbano, en agosto de 2020 (https://bit.ly/3BJFBHc) que dejó más de cinco mil heridos y afectó las viviendas de miles de personas, según informó la BBC. El nitrato de amonio o amoníaco es un precursor de fertilizantes agrícolas y de sustancias implementadas en la industria minera.
Ahora bien, ambientalistas han insistido en que aún de no haber un accidente, el manejo de los residuos derivados de la producción de amoníaco alterará al humedal, afectando a la fauna y flora tanto marina como terrestre. Esto, a su vez, dará un fuerte golpe a cientos de familias indígenas y no indígenas que se dedican a la pesca para subsistir.
Por su parte, los gobiernos municipal (del alcalde expriista, hoy morenista, de Ahome Gerardo Vargas Landeros), estatal (encabezado por Rubén Rocha Moya, también del Morena) y federal, han mostrado simpatía hacia el proyecto ecocida.
También han cerrado filas en favor de la planta de amoníaco los ex gobernadores de Sinaloa Mario López Valdez (PAN-PRD) y Francisco Labastida Ochoa (PRI), quienes, junto a la gran burguesía agrícola sinaloense y los empresarios de GPO, han impulsado una agresiva campaña en medios de comunicación ─en el programa de radio Línea Directa, así como en el diario regional El Debate y en la televisora nacional Tv Azteca-, para dividir a las poblaciones indígenas en torno al tema: a los opositores los pintan como partidarios de frenar el desarrollo económico regional, a la vez que GPO lleva a cabo prácticas clientelares disfrazadas de “ayuda humanitaria” consistentes en dar despensas y prebendas, comprando así las voluntades de algunas comunidades indígenas que no se encuentran cerca del megaproyecto y que en un inicio se habían manifestado contra él.
Por su parte, el gobierno federal llevó a cabo ─producto de una lucha legal mediante amparos- una consulta entre las poblaciones Yoreme-Mayo para determinar la continuidad o suspensión del megaproyecto; empero, dicha consulta ─concluida el domingo 18 de septiembre- llegó después de años de las mencionadas prácticas clientelares implementadas por GPO; maniobras complementadas con medidas de amedrentamiento como amenazas de muerte que la transnacional ─apoyada en grupos del crimen organizado-, ha llevado a cabo en contra de ambientalistas y representantes indígenas que se mantienen firmes en su resistencia contra el proyecto ecocida (https://bit.ly/3BJtDxh). Es un típico caso del mafioso procedimiento de “plata o plomo”.
No obstante, en la consulta cuatro comunidades indígenas contiguas a la planta ─Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones y Juan José Ríos- rechazaron decididamente el megaproyecto. Otras quince comunidades indígenas donde hubo mayor actividad clientelar de GPO y que se encuentran más alejadas del proyecto ─y que no ven afectada su vida cotidiana ni sus medios de subsistencia por esta- dieron su visto bueno a la transnacional, según informó el semanario RíoDoce (https://bit.ly/3SbqOMv).
No hay que dejar de mencionar que, de las cuatro comunidades opositoras, tres interpusieron amparos en contra de la planta ─Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira-, mismos que resultaron favorables a ellas para “que no se les excluya ni se les prive de su derecho a emitir las opiniones a través de la consulta previa, libre e informada respecto de una decisión estatal que incide en su territorio y en los ecosistemas que ahí se encuentran”, como informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del comunicado de prensa No. 124/2022 (https://bit.ly/3RaC4Yq).
Apenas el pasado 20 de septiembre ─con su acostumbrada parcialidad a favor de GPO- el gobernador Rocha Moya, durante una gira por el norte de Sinaloa, volvió a declarar que el gigantesco complejo petroquímico “va porque va”, asegurando, ahora, que la consulta había sido extraordinariamente favorable a la empresa y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya había aprobado el Manifiesto de Impacto Ambiental y que la obra podría iniciarse cuando los inversionistas lo desearan.
Por supuesto, Rocha Moya no pronunció ni una sola palabra en torno a las campañas mediáticas mencionadas; ni a la que él mismo ha hecho a través de declaraciones públicas en favor de la transnacional desde que era Senador de la República (2018-2021); ni tampoco sobre las irregularidades y agresiones mencionadas; ni los obstáculos que se presentaron en la consulta; ni sobre los señalamientos en torno a que la información proporcionada por autoridades federales había sido insuficiente e inadecuada en términos de claridad, veracidad y contemporaneidad. ¿Dónde quedó la parte libre e informada de la consulta?
Al día siguiente de lo declarado por el gobernador, el activista Enrique Ayala Carrejo lo desmintió refiriendo que aún no ha sido emitida la sentencia de que lo ordenado por la Suprema Corte ha sido cumplido a cabalidad (https://bit.ly/3SaDSBY).
Con este panorama, la única salida al problema, que salvaguarde el humedal de importancia internacional, así como la vida de las comunidades indígenas próximas al megaproyecto, solo puede darse sobre la base de complementar la lucha legal con un cierre de filas unitario entre ambientalistas y pueblos indígenas opositores, redoblando esfuerzos en la implementación de métodos de lucha clásicos como los bloqueos de vialidades importantes y las tomas de oficinas, manteniendo independencia política respecto a todos los partidos del régimen “democrático” mexicano, los cuales en su totalidad han mostrado parcialidad en beneficio de GPO.
Fotografía: debate
