Por: Edith González Cruz. 21/12/2023
La Jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México emitió sentencia en favor de los pobladores de Xochimilco contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en parte del área natural protegida del Vivero Nezahualcóyotl.
La jueza concedió la protección a las y los pobladores de Xochimilco, porque estimó que:
“La emisión del Decreto que desincorporaba una fracción del área natural protegida del Vivero Nezahualcóyotl para destinarlo a la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, vulneraba sus derechos a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, así como a un medio ambiente sano”.
A pesar de que la sentencia es relevante para proteger los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Ciudad de México y los recursos naturales de la ciudad, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ambas de la Ciudad de México, impugnaron la decisión.
Derivado de ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien lleva el caso legal, anunció en un comunicado difundido a través de sus redes sociales:
“Hacemos un llamado al Poder Judicial Federal para que confirme la sentencia, que es resultado de la lucha de las y los pobladores de la zona para exigir sus derechos y ser un contrapeso frente al actual contexto de militarización de la Guardia Nacional y su amplio despliegue en CDMX, sin tomar en cuenta las necesidades de las comunidades”.
Antecedentes
El 10 de agosto de 2022 mujeres xochimilcas interpusieron una queja frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco.
Sin embargo y pese a argumentar que el cuartel está construido sobre una zona de humedales, la CDHCDMX no admitió el caso hasta más de un año después. La institución protectora de los derechos humanos en la capital argumentaba que ‘faltan pruebas de los hechos violatorios’.
El 9 de diciembre de 2022 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un Decreto por el cual se desincorporaban alrededor de 30 mil metros cuadrados del terreno del Vivero Nezahualcóyotl, de la Alcaldía Xochimilco, a pesar de ser consideraba un área natural protegida y el cual es reconocido como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.
Entonces, habitantes de los pueblos originarios de dicha alcaldía, en particular del pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco donde se ubica el área natural protegida, iniciaron una lucha, con apoyo del Centro Prodh, que incluía acciones jurídicas como dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y comunitarias, para reclamar la omisión de las autoridades de la Ciudad de México por no realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, su derecho a la tierra y al territorio, al medio ambiente sano, así como el derecho colectivo de los pueblos originarios a un territorio libre de militarización.
El 30 de diciembre de 2022, presentaron un amparo, en el que reclamaron la omisión de las autoridades capitalinas de realizar consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, mismo que fue admitido el 27 de enero de 2023 por la Jueza Quinta de Distrito en materia administrativa y ordenó como medida cautelar la suspensión provisional.
El 13 de febrero de 2023 la Jueza ordenó la suspensión definitiva, lo que significa que las autoridades quedan impedidas de continuar con la construcción de sus instalaciones de Guardia Nacional.
Posteriormente, el 15 de agosto se publicó un Decreto por el que se abrogó dicha desincorporación, cancelando dicha construcción. Ahora, con la sentencia, el Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de la construcción del cuartel y reconoció el interés legítimo de las y los pobladores a reclamar la protección de su territorio como integrantes de distintos pueblos y barrios originarios.
Cabe señalar que habitantes de la alcaldía Azcapotzalco están en la misma situación. En en la Unidad Habitacional “El Rosario”, se pretende construir otro cuartel, hecho que fue denunciado en su momento por los habitantes del sitio, quienes en su lugar, al ser un área recreativa abierta al público, exigieron la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social, para con ello, defender su derecho a la ciudad y al espacio público.
«Queremos que sea una ciudad de derechos y se informe realmente a las personas. Las asambleas se han realizado con muy poca participación y se han disuelto las organizaciones ciudadanas muy importantes para construir en conjunto», expresó en agosto del 2022 Connie Alavez, vecina de la alcaldía Azcapotzalco.
Militarización en el país
Además del daño al medio ambiente, los habitantes de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, han señalado un incremento en la inseguridad del lugar y en los índices delictivos y de violencia. Habitantes señalan que uno de los delitos que más ha aumentado es la desaparición forzada de mujeres en la alcaldía.
Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) respaldan esta percepción. De acuerdo con su base de datos, las desapariciones en la alcaldía han tenido un incremento marcado desde 2019, en el que se registraron 21 desapariciones, pero 2022 fue el año en el que más desapariciones se registraron en Xochimilco desde 1998 hasta la fecha. Del total de las 204 personas desaparecidas y no localizadas hasta este 2023, el 32 por ciento corresponde a mujeres; la mayoría de ellas tienen entre 15 y 19 años de edad.
El temor de pobladores de Xochimilco es real. A principios de mes más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentaron informes sobre el estado de los derechos humanos en cuya conclusión señala retrocesos significativos en el Estado de Derecho en el país.
“A lo largo del sexenio, la militarización se ha extendido en diversas esferas de la vida pública, mediante una base legal sin precedentes. El gobierno ha perpetuado e institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil, en muchos casos con el despojo de tierras en comunidades rurales e indígenas para la construcción de instalaciones militares”, señalan en el informe.
En 2019, se reformó la Constitución para la creación de la Guardia Nacional (GN) como la entidad civil responsable de la seguridad pública a nivel federal, luego en el 2022, el Congreso aprobó reformas secundarias para adscribir la GN al control administrativo y operativo de la SEDENA. En la práctica la GN se ha consolidado como un órgano castrense por el origen de sus mandos, la composición de sus elementos, su entrenamiento y la inexistencia de controles civiles efectivos sobre su actuación.
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Fotografía: Cimac noticias. Centro Pro
