Por: Gloria Muñoz Ramírez. 30/07/2023
El Istmo de Tehuantepec “no volverá a ser igual que antes. Nuestros compañeros que han sido asesinados, ¿quién nos los va a regresar con vida? ¿Quién nos hará justicia? ¿Quién nos devolverá todo el medio ambiente que teníamos antes? Nada volverá a ser igual porque la contaminación en los ríos, en el agua, la destrucción de plantas, de la flora y la fauna, nadie nos lo va a regresar”, lamenta Juana Ramírez Villegas, ayuuk de San Juan Guichicovi y parte de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), al referirse a las diversas afectaciones a la región derivadas de la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), megaproyecto estratégico del actual gobierno federal.
“Nadie nos podrá compensar, ni el dinero reparará esos daños, esos serán por siempre. Los afectados son las futuras generaciones, los que nos van a seguir. En esta lucha vamos a defender la vida, incluso de las próximas generaciones. Si no nos organizamos, si no nos defendemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros?”, añade Juana Ramírez durante la conferencia de prensa ofrecida por la Misión Civil de Observación que durante dos días recorrió la región.
El Istmo, advierte la mujer ayuuk, “terminará convirtiéndose en la segunda frontera, como Ciudad Juárez, llena de maquiladoras, de fábricas, explotando la mano de obra barata para beneficiar a las grandes empresas”. Y lo malo, dice, “es que el presidente de la República siempre ha tenido otros datos y nunca nos va a escuchar”.
Con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehantepec, concluyó la Misión Civil, se están violando los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión; también a la información sobre las afectaciones, a la participación, a la libre determinación, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural.
La Misión citó el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, que presentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre octubre del 2021 y julio del 2023, que refiere 31 agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.
En el recorrido de tres días la Misión Civil escuchó los testimonios de mixes, zapotecos y mixtecos de Mogoñé Viejo; Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba y Puente Madera. Las organizaciones de derechos humanos concluyeron que se han incrementado las agresiones durante este año, lo que, dijeron, pone “en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten”. ¿Quién está atacando a las comunidades del Istmo, de dónde viene la mayor parte de las agresiones? “Del gobierno”, no duda en responder Francisco Xavier Martínez, del Cemda.
Los y las integrantes de 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que conformaron la Misión señalaron que “la mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; y las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional”.
Insistieron en que no se ha realizado la consulta para obtener el consentimiento de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. Y especificaron que se han registrado desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
En Santa Maria Mixtequilla documentaron “la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria” y diversos casos de represión en contra de personas que se oponen al Polo de Desarrollo que se pretende construir; así como ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde hay denuncias de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico”.
En la comunidad binnizá de Puente Madera, la Misión escuchó los testimonios que refieren una campaña de criminalización y difamación, “y una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del «Polo de Desarrollo» de San Blas Atempa”.
Integrantes de la misión alertaron también la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras, quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad.
Oaxaca, señalaron en el comunicado final, ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022. De un recuento del 2012 al 2018, Oaxaca se ubica como la entidad con mayores registros de ataques o eventos de agresión documentados. Los registros vinculados al CIIT indican, al menos, la existencia de 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; 3 homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñé Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.
Finalmente, la Misión Civil de Observación llamó a las autoridades federales, estatales y municipales, a reconocer y respetar los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección; a garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza; emprender las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro; que provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.
La Misión de Observación está integrada por:
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
Front Line Defenders
Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Servicios para una Educación Alternativa A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)
Resistencia Civil Mixtequillense
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)
Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT)
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta
Artículo 19 México
Espacio OSC
Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Indigenous Peoples Rights International IPRI-México
Misión Civil de Observación registra violaciones a derechos humanos enmarcadas en el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo
- 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.
- La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.
197 agresiones
en 2022 oax mayor numero de agresiones contra persronas y comunidaddes defesonras del medio ambiente
de 2021 al 2022 casi se duplicaron los casos. De 108 a 197 en un año
el 46.2 por cieno dirigidos a integrantes de comunidades. Las agresiones se concentranen el 56 por ciento de las identidades
102 eventos d
Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.
Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.
En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.
Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
En Santa Maria Mixtequilla también se documentó la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir. De igual forma se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde se han producido eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico. La comunidad binniza de Puente Madera ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo” de San Blas Atempa, Oaxaca.
Integrantes de la misión alertaron también ante la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras quienes enfrentan agresiones,calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad. Esto impacta también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar.
Entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas durante la misión destaca la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.
De acuerdo al Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, que presentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), entre octubre del 2021 y julio del 20231, se han registrado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.
Más allá del megaproyecto del CIIT, en general, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022, de acuerdo a dicha publicación. De un recuento del 2012 al 2018, Oaxaca se ubica como la entidad con mayores registros de ataques o eventos de agresión documentados.
Los registros vinculados al CIIT indican, al menos: 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; 3 homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñe Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.
Tras concluir su recorrido e investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Misión de Observación señaló su profunda preocupación por el contexto de riesgo para quienes ejercen su legítimo derecho a la defensa del territorio y reafirmó que dará seguimiento a las violaciones documentadas; finalmente lanzó un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que:
- Reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.
- Garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.
- Emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor.
- Provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a 27 de julio 2023
La Misión de Observación está integrada por:
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
Front Line Defenders
Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Servicios para una Educación Alternativa A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)
Resistencia Civil Mixtequillense
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)
Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT)
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta
Artículo 19 México
Espacio OSC
Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Indigenous Peoples Rights International IPRI-México
el que más agrede es el gobierno. 45 por ciento gobierno, 21 por ciento no identificado, 13 por ciento delincuencia, 7 or ciento paramiliares, 6 por ciento personas de la misma comunidades
oaxaca
fuerzas publicas, trabajadores del proyecto e integrantes del crimen organizador
Juana Inés Villegas
UCIZONI
Guachicovi
Es triste la realidad qe viisos las comunida frente a la entrada del CI
Mogoñé Viejo, frente a la modernización de las vías. 60 días de plantón interrumpidos. Muchas violaciones: intentos de desalojos, hostigamiento, agresiones, detenciones, 17 carpetas de investigación.
“Es que ustedes no saben ser mujeres”.
El gob fed ha blindado los megaproyectos a pesar de que se tengan que violar los derechos, a pesar de los muertos. Militarización: en Mromero, en San Juan Guichicovi ya no podemos transitar tranquilamente, pánico en las comunidades.
En los últimos días han estado llegando personas descnocidas a los domicilios de tres compañeros, se identifican como personas de la PGJ, preguntan poe ellos, dónde están.
Es importante por eso el acompañamiento. Nos ayuda a sentirnos más protegidos. Siempre hemos privilegiado el diálogo.
Mi sentir como mujer es preocuoante. Estamos denunciados por los dlitos de ataques a las vias de comunicaicón.
Esta lucha apenas comenzó.
Sandra Patargo.
Pasaron trabajadores
Tagalaba
Agresiones físicas y psicologicas. El 2022 levaron a un grupo armado de 300 personas. Nos amenazaron y nos intimadoron. Ellos no son comisariados reconocidos ante el registro agrario nacional.
Despojos, invasiones en la comunidad.
Omisión por parte de la policia, GN, policia estatal y agentes estatales de investigaciones
1 Los datos del 2023 corresponden a la información recabada en el marco del nuevo Informe 2023.
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Fotografía: desinformémonos
