Por: Edgar Balsells. 26/12/2024
Un mensaje publicado en X por Juventino Gálvez, Vicerrector de Investigación y Proyección de la URL, recrimina a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques (INAB), presidida por el Ministerio de Agricultura (MAGA) y con la participación de dos ministerios clave del Gabinete Económico, por haber elegido como gerente de la institución al director suplente de la propia Junta Directiva, quien representa a los madereros adscritos a la Gremial Forestal, parte del CACIF.
El susodicho, de nombre Bruno Arias Rivas, fue además subgerente del gerente saliente y está señalado por anomalías. Este caso evidencia una patología recurrente en juntas directivas de este tipo, conocida como «problema de agencia», donde se produce una colusión de intereses entre los miembros internos —es decir, los administrativos— y los responsables, quienes, en una entidad pública, deberían representar al Estado como garante del bien común, incluyendo a los partidos políticos o al gobierno de turno electo.
Un miembro de la administración nunca debería formar parte de los cuerpos directivos, ya que tanto la teoría administrativa corporativa como la ética demandan una clara diferenciación entre ambos. La razón de su remuneración, generalmente bien pagada, es precisamente para vigilar los intereses de los actores involucrados, no para ser juez y parte. Resulta inconcebible que los representantes gubernamentales, tanto del Ministerio de Agricultura como de Finanzas, hayan permitido esta situación. Tal vez, simplemente, desconocen tanto la naturaleza de esta patología como los principios del corporativismo, a pesar de recibir una dieta adicional para complementar su sueldo, destinada a velar por los intereses colectivos.
En tal sentido, preocupa que las propuestas de los centros de pensamiento más influyentes, al desconfiar del Estado, y especialmente del Gobierno central, estén impulsando la creación de figuras de superintendencias con representaciones gremiales.
Desde los años setenta, durante la vigencia de los gobiernos militares, comenzó el desfile de creación de las denominadas entidades descentralizadas. Sus juristas inspiradores las revestían con ideas autonómicas, similares a las surgidas en la Revolución de Octubre, como la autonomía universitaria, la del deporte y la de las municipalidades. Sin embargo, el término se generalizó y ha sido objeto de abuso, al punto de que entidades como la SAT y el órgano creado bajo la reciente Ley de Infraestructura Vial comparten ese mismo vicio de corporativismo. Pero, ¿qué es realmente el corporativismo y de dónde proviene?
Rodrigo Borja, reconocido expolítico, jurista y abogado ecuatoriano, fue presidente de Ecuador entre el 19 de agosto de 1988 y el 19 de agosto de 1992. En 1997, la prestigiosa editorial Fondo de Cultura Económica publicó la primera edición de su Enciclopedia de la Política, una obra en la que expone con claridad las disfuncionalidades de un peligroso mal que amenaza a las democracias modernas: el corporativismo.
«Se asocia con los regímenes fascistas europeos», acierta a decir Borja. Este fenómeno se remonta a las primeras décadas del siglo pasado, destacando especialmente el período en que Antonio de Oliveira Salazar presidió en Portugal, un régimen que adoptó explícitamente el nombre de corporativismo.
Después del golpe de Estado de 1925, Salazar, apoyado por el ejército, comenzó a gobernar mediante un régimen antipartidario y nacionalista. Al rehusarse a conformar partidos políticos y con el propósito de eludir los derechos políticos, ideó el método de la representación corporativa, que implica una teoría opuesta a la democrática.
Como bien se sabe, los fascistas desprecian los parlamentos y las representaciones mayoritarias organizadas en partidos políticos, especialmente los de carácter popular. Según su visión, el Estado no se compone de personas, sino de corporaciones; es decir, grupos de interés como sindicatos, patronales, gremios diversos y organizaciones campesinas. De este modo, resulta más sencillo controlar a la sociedad.
De acuerdo con Borja, nadie duda que en un Estado existen grupos de interés. Sin embargo, el problema radica en que el ejercicio de la soberanía no les corresponde a ellos, sino a la sociedad en su conjunto. La realidad humana no puede ser reducida a los grupos corporativos.
En tal sentido, preocupa que las propuestas de los centros de pensamiento más influyentes, al desconfiar del Estado, y especialmente del Gobierno central, estén impulsando la creación de figuras de superintendencias con representaciones gremiales. Un ejemplo de ello, muy aplaudido por diversos sectores, es la Superintendencia de la Competencia, creada bajo la reciente Ley de Competencia. Como suele ocurrir, esta incluye a personas representativas de gremios, en este caso, de los mismos empresarios que serán objeto de investigación.
No era necesario llegar a ese extremo. La Comisión de Competencia de Costa Rica, por ejemplo, la COPROCOM, es un órgano adscrito al Ministerio de Economía de ese país. Está conformada por profesionales nombrados por el Ministro de Economía, quienes cuentan con una comprobada experiencia en el tema que deben regular.
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Fotografía: Plaza publica. Los movimientos recientes en la Junta Directiva del INAB, junto con la colusión entre cuadros administrativos y directivos, reflejan claramente las patologías actuales del corporativismo «a la Tortrix» guatemalteco. Foto: Plaza Pública
