Por: Jorge Salazar García. o3/12/2017
La burguesía nacional esta feliz, no caben de contentos; y no es para menos; el pasado jueves 30 de noviembre, la cámara baja rompió el 6º sello (Apocalipsis) que anuncia una “crisis masiva y una terrible devastación”[1] de los derechos humanos al ser aprobada la Ley de Seguridad Interior. Dicha normatividad es parte del paquete fraguado en las catacumba del poder para dar continuidad a las reformas estructurales y garantizar la abusiva rentabilidad de las inversiones, legales e ilegales de la iniciativa privada. La decisión esta tomada: el actual modelo se mantendrá, cueste lo que cueste. Por esa razón 215 diputados (priistas y verdes, principalmente), acatando la orden presidencial y por “imperiosa necesidad” aprobaron esa Ley (LSI) que otorgará, en caso de ser avalada también por los senadores, estatus legal al Estado policiaco impuesto desde 1988. Las plumas mercenarias aplaudirán esta espada de Democles[2] sostenida sobre nuestras cabezas, aduciendo la “necesidad” de otorgar legitimidad a la intervención del ejército en funciones civiles.
¿Quiénes son sus destinatarios?
La lectura de algunos de sus 32 artículos, revela, sin lugar dudas sus fines: contener la protesta social y aplastar las resistencias populares. Por lo pronto, los empresarios explotadores, las trasnacionales destructoras del medio ambiente, los banqueros bandidos, los líderes charros malandros, los gobernantes saqueadores, los políticos corruptos y los capos del crimen organizado, están a salvo. Esta ley los protege contra el hartazgo de la sociedad civil al ser diseñada para criminalizar a quien se organice para defender su derecho a una vida digna y una patria para todos. ¿Exageración incendiaria? Ojalá así fuera, pero su artículo 7 no deja espacio para la duda. En su (F-II) se califica como AMENAZA para la seguridad interior a “los fenómenos… de origen antropogénico (causados por la actividad humana) que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes e infraestructura”. Por si esto fuera poco, el miedo a perder sus privilegios indebidos, llevó a los favoritos del régimen a ampliar la imputabilidad hacia “cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” (F-IV). Tal vez algunos juzguen correctos estos propósitos, pero hay dos problemitas. El asunto es que esos derechos ya están tutelados por la Constitución y su violación penalizada en los códigos respectivos. No se justifica una legislación específica para las fuerzas represoras del Estado. Bastaría con sacar la inmundicia del poder judicial y demás instituciones. El otro problemita se encuentra en el desmedido poder que se otorga a un solo hombre para determinar cuándo esa sociedad, bienes o infraestructura corren peligro y cuáles acciones humanas lo causan. Al respecto, el artículo 10º, expresamente faculta al PRESIDENTE para emitir la “declaratoria de protección a la seguridad interior” sin tomar en cuenta a nadie (bueno, si, a sus patrones). Remachando el gorilato, el artículo 15 lo habilita para“ordenar acciones inmediatas … a las Fuerzas Armadas” cuando él CONSIDERE se “encuentren en grave peligro la integridad colectiva de las personas y/o el funcionamiento de las instituciones”. Copiando el modelo de guerra preventiva (mata y después averiguas) no se requiere la consumación del delito, basta con presumirlo. Por ejemplo, el ejército podrá reprimir las protestas contra el INE o cualquier otra institución o empresa (mineras) si el señor presidente considera están amenazadas.
Debido a que en la exposición de motivos de esta infame Ley, propia de un fascismo hitleriano, se afirma que “la pobreza extrema … afecta la estabilidad y la democracia… erosiona la cohesión social y vulneran la Seguridad Nacional”. De un plumazo convierte a más de 50 millones de pobres en potenciales reos de esta Ley. Incluso, cualquier ciudadano cuando resiste, se manifiesta, critica, escribe, protesta, acusa o denuncia corre el riesgo de ser calificado una AMENAZA. Prácticamente las garantías constitucionales serán suspendidas de facto, aunque en dicha norma (clasificada de orden público e interés general) curándose en salud, se niegue en el art. 9, donde se afirma: “…la presente Ley no implica la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías”. Ni la burla perdonan. Es como si un ladrón promulgara un artículo para legitimar su robo diciendo: “…la presente Ley no implica la restricción o suspensión del derecho de propiedad y sus garantías”.
Otra aberración jurídica, por ejemplo, es la terrorífica indefensión que padecerán las personas cuando sean interrogadas por agentes federales o militares al no poder alegar malos tratos o abuso de autoridad porque el artículo 28 legaliza la TORTURA estableciendo: “… las autoridades facultadas por esta Ley PODRÁN hacer uso de CUALQUIER MÉTODO de recolección de información”.
¿Por qué emitir una Ley así cuando soldados, policías y agentes gozan ya de TOTAL IMPUNIDAD en el País? Una lectura del pasado reciente parece indicar tres razones: 1) los mandos militares la exigieron para evitar ser juzgados, en tribunales internacionales por la comisión delitos de lesa humanidad (imprescriptibles) ordenados por el poder civil. 2) Los banqueros y grupos financieros e industriales la impulsaron, teniendo como objetivos, impedir gane AMLO la presidencia y 3) Exterminar al movimiento zapatista, por ser promotor de autonomías y autogobiernos. Su “mal ejemplo” se propaga hacia otros lugares y eso no es nada bueno para los negocios. Para los capitalistas, esos indios irredentos amenazan a la “sociedad (anónima), sus bienes e infraestructura”. Por extensión, los maestros, campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores, artistas libres, etcétera, desde el pasado jueves, son el enemigo interior que pone en “peligro la integridad colectiva de las personas y/o el funcionamiento de las instituciones” (Art. 15).
Por lo pronto, el próximo año habrá una elección de estado e intentarán mandar a la chingada al líder de MORENA (AMLO). Después el rompimiento del 7º sello dejará suelta la bestia por mucho tiempo, diezmando a quién se oponga rendirle culto. Esa es la apuesta de los poderosos.
Conservar la esperanza es imprescindible. Aún puede detenerse esa ignominosa Ley desde las cámaras; MORENA debe promover una controversia constitucional e investigar el por qué el 20% de su bancada se ausentó de la votación. La ciudadanía consciente, superando el miedo, debe exigir al senado, NO apruebe esta legalización del exterminio.
Para terminar enviamos un reconocimiento a los 101 legisladores que votaron en contra; nuestro repudio a quienes lo hicieron a favor (205) y nuestra condena a los ausentes, claudicantes por cobardía o maiceo.
Tenga usted por seguro, que en la próxima reunión con Peña Nieto, los beneficiarios de la “modernización del país” le aplaudirán de pie y con zalameras ovaciones le darán gracias a su benefactor: a ellos sí le cumplió, hasta con creces.
[1] El libro del Apocalipsis esta sellado con 7 sellos que deben romperse para dar paso al Juicio Final: 1º(el anticristo), 2º(la guerra), 3º(crisis económica, penurias), 4º(enfermedades y muerte), 5º(persecución), 6º(crisis…), 7º(juicio final)
[2] Frase que hace referencia a una amenaza inminente (espada sobre la cabeza) que en cualquier instante podría concretarse en nuestra persona. https://sobregrecia.com/2009/09/15/la-leyenda-de-la-espada-de-damocles/
Fotografía: contactohoy
