Por: Wendy Rayón Garay. 19/06/2025
Ciudad de México.- En la segunda parte de la primera audiencia de México ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) los temas centrales fueron el actuar de la Secretaría de las Mujeres y financiamiento donde se cuestionaron problemáticas como la violencia de género, la participación política de las mujeres y la trata de personas, sin embargo, la constante en la comparecencia fue la falta de resultados de indicadores ante la supuesta transformación en el país emprendida desde el 2018.
Recordemos representantes del Estado mexicano se encuentran en Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico y México llega ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
Transcurrida la mañana, la audiencia prosiguió y fue la relatora y feminista Eudine Barriteau, si bien reconoció los avances logrados por el Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres en México, subrayó que aún existen áreas críticas que requieren mayor atención. Por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de mujeres y niñas, y de la aplicación efectiva de marcos jurídicos y políticas ya existentes.
En ese sentido, Barriteau solicitó información concreta sobre las medidas que ha tomado México para mejorar la coordinación, monitoreo, evaluación y colaboración interinstitucional, incluyendo el rol de la Secretaría de las Mujeres, y su articulación con otros mecanismos nacionales y con la sociedad civil. Barriteau, planteó la necesidad de fortalecer el conocimiento público sobre el papel de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y asegurar que se cuente con los recursos y capacidades necesarias para el cumplimiento de su mandato.
Barriteau, solicitó evidencia sobre el impacto del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente datos desagregados que demuestren cambios en sus condiciones, no obstante estos no fueron presentados por la delegación mexicana.
Recordó que hay algunos informes alternativos que denuncian la falta de resultados de esta Secretaría, pese a que la Semujeres fue elevada a nivel ministerial.
Como respuesta se dijo que enfrenta dificultades relacionadas con la falta de recursos técnicos, humanos y financieros. CEDAW cuestionó si estas limitaciones son ciertas, y en tal caso, qué medidas ha tomado el Estado para garantizar el fortalecimiento institucional de esta dependencia, incluyendo las funciones que antes cumplía la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
En primera instancia, Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, apuntó que, por primera vez México cuenta con esta dependencia, por lo que el presupuesto destinado no solo se invierte en la misma secretaría, sino en otras áreas pero no detalló cuáles. Señaló que llevan seis meses trabajando y aunque es el primer año con presupuesto propio y dijo que se prevé un aumento en los años siguientes para programas específicos. Justificó la falta de resultados del organismo al tiempo, es decir, por ser de reciente creación.
Mencionó la existencia del Anexo 13 en el presupuesto federal, que sistematiza los recursos destinados a las mujeres, aunque reconoció críticas para fortalecerlo. Anteriormente, se ha señalado este anexo por la manera en que se reparten los recurso, ya que, aunque cada año se incrementa el dinero destinado, este se va destinado a los programas sociales del gobierno, los cuales no tienen una incidencia directa para combatir la igualdad entre hombres y mujeres.
La secretaría explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió mejorar este proceso y prometió que en julio estarán terminando un nuevo anexo presupuestal enfocado a desarrollar el Sistema Nacional de Cuidados que se incluirá en el cierre fiscal de este año y en el presupuesto del próximo.
Por su parte, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, apuntó que el presupuesto con enfoque de género busca cerrar las brechas de desigualdad y que, aunque la Semujeres es reciente, ya se han implementado mecanismos de coordinación institucional en dos pilares claves: el Consejo que ve los temas de igualdad derivado del Programa Nacional para la Igualdad, respaldado por la Ley de Planeación y la Ley de Igualdad; y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias (Sistema Nacional) dentro del cual persiste el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
Jennifer Feller, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó que desde 2018 el gobierno de México ha adoptado medidas para incorporar la perspectiva de género en su estrategia nacional de seguridad pública y combate al crimen organizado, promoviendo la inclusión de mujeres en sectores de seguridad y defensa.
Mencionó que en enero de 2021, se presentó el Primer Plan Nacional de Acción en cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, el cual está organizado en cuatro ejes (prevención, participación, protección y socorro o recuperación) y próximamente se presentará el tercer informe anual de seguimiento y para el segundo plan se tiene contemplado hacer una consulta a las organizaciones de la sociedad civil.
La resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad (2000) fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) el 31 de octubre del 2000. Dicha resolución y las nueve resoluciones subsecuentes en la materia, analizan la participación de las mujeres en los procesos de paz y en la toma de decisiones en el ámbito de la paz y seguridad internacional, y refieren la protección y atención de las necesidades específicas de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y
postconflicto.
Otros cuestionamientos
Participación política de las mujeres
Por otro lado, el experto Elgun Safarov, abogado experto en derechos humanos y derecho internacional, cuestionó sobre el articulo 4° de la Convención que menciona:
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.
En este sentido reconoció los avances en México en materia de igualdad de género, como la adopción de un Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 con enfoque transversal en derechos humanos e igualdad, la presencia creciente de mujeres en el parlamento y en ministerios tras la pandemia, así como la promulgación de una ley de igualdad sustantiva que establece como objetivos la eliminación de la brecha salarial, la vida libre de violencia opera las mujeres y la incorporación de una perspectiva de género en instituciones como fiscalías especializadas.
Sin embargo, también señaló que, pese a estos avances normativos y formales, persisten problemas estructurales serios, sobre todo en el ámbito de la representación política local. A pesar de que las mujeres representan más del 50% de las candidaturas para ayuntamientos, siguen enfrentando barreras estructurales estereotipos de género, sesgos partidistas y prácticas discriminatorias que les impide acceder a estos cargos.
Frente a este escenario, cuestionó por qué no se han aplicado plenamente las medidas temporales especiales proporcionadas en la Recomendación General No. 25 para acelerar la igualdad sustantiva. Preguntó específicamente qué cuotas u otras acciones afirmativas ha adoptado el Estado para garantizar una representación efectiva de mujeres, especialmente de aquellas en situaciones de mayor desventaja.
Además, expresó su preocupación por la infrarrepresentación de mujeres en puestos de toma de decisión en el ámbito económico y financiero, como directoras de bancos o gestoras de fondos, a pesar de que los datos parlamentarios muestran mejoras, Subrayó que, para lograr un cambio real, no basta con la presencia formal de mujeres, sino que se deben eliminar los obstáculos institucionales y financieros que dificultan su acceso al poder y garantizar su participación efectiva.
Para cerrar su participación, hizo referencia al empleo de las mujeres en el ejército y preguntó si existen medidas temporales especiales en ese ámbito, así como en otras estructuras donde predomina la discriminación estructural. Sugirió que la implementación decidida de cuotas y acciones afirmativas puede transformar no solo a los partidos políticos, sino a las dinámicas sociales de poder.
La secretaria Citlali Hernández destacó los avances en la representación política de las mujeres en México, especialmente a nivel federal, donde el poder legislativo es paritario desde hace tres legislaturas. Añadió que varias entidades han logrado mayor representación femenina, apoyadas por un sistema electoral mixto que combina voto directo y representación proporcional, favoreciendo la inclusión de mujeres.
Mencionó el bloque de competitividad electoral, un modelo pionero que obliga a los partidos a equilibrar la postulación de candidatas en regiones donde ganan, compiten o suelen perder, garantizando que las mujeres tengan candidaturas competitivas y reales posibilidades de triunfo. Como resultado, en las elecciones de 2024, el 44.4% de las gobernaturas disputadas fueron ganadas por mujeres, reflejando avances significativos en la representación local.
Cerró el tema explicando que México ya superó la etapa inicial de cuotas de género en las candidaturas, donde algunos partidos manipulaban las reglas para favorecer a los hombres. Ahora se exige que tanto la titularidad como la suplencia de candidaturas sean mujeres, garantizando paridad total. Gracias a estas reformas, hoy hay mayoría de mujeres en el Senado, paridad en la Cámara de Diputados y 19 de 32 gobernadoras en las entidades federativas. Sin embargo, el reto actual está en el ámbito municipal, donde la violencia política de género sigue siendo un obstáculo.
Violencia de género
La relatora Patsilí Toledo Vázquez -experta en temas de feminicidio, la violencia sexual y del sistema de justicia penal- cuestionó las acciones mexicanas frente al artículo 5° de la Convención, el cual aborda:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
Señaló seis ejes preocupantes, el primero fue las preocupaciones en torno a la definición del feminicidio en los estados que limitan la correcta clasificación de homicidios de mujeres como los feminicidios, También la limitada legislación sobre la violencia digital y la criminalización de las mujeres lesbianas que comenten feminicidio.
En segundo lugar, la persistencia de estereotipos de género en medios contra mujeres indígenas afrodescendientes, con discapacidad, refugiadas y defensoras de derechos humanos, Señaló la falta de formación con perspectiva de género para profesionales del derecho, comunicación y atención a solicitantes de asilo.
A esto se suma, la ineficacia e inaccesibilidad de refugios y servicios para mujeres con discapacidad, la reducción presupuestal para estos servicios y la falta de participación de la sociedad civil en reformas institucionales. Se destaca la debilidad en protocolos de búsqueda de mujeres desaparecidas y la falta de enfoque de género en la protección de defensoras y periodistas, quienes sufren ataques y criminalización. También se denuncia violencia sexual y militarización que afecta a comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes.
En cuarto lugar, señaló que sólo una pequeña parte de los delitos se judicializa y sanciona. Los protocolos de investigación no siempre se aplican y carecen de monitoreo independiente. Falta enfoque interseccional y atención humanizada a víctimas y familiares, así como transparencia en la información sobre el estado de los casos y sentencias, especialmente a nivel local.
Posteriormente, mencionó la ausencia de una política integral de reparaciones para víctimas y familias, en particular para mujeres víctimas de tortura sexual y violencia. Finalmente, apunta que es necesario fortalecer la coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal, ya que muchos municipios carecen de recursos para implementar medidas. Además, falta información estadística desagregada sobre violencia contra mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBT+, personas con discapacidad, niñas desaparecidas y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, así como sanciones a funcionarios por acciones u omisiones.
De acuerdo con Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, el Estado mexicano trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Medidas de Protección que permita atender de forma más efectiva a las mujeres en situación de violencia. Uno de los principales desafíos es establecer mecanismos de evaluación de riesgo diferenciados, ya que las mujeres viven distintos contextos y relaciones con sus agresores. El objetivo es que las medidas sean efectivas y que realmente protejan a las mujeres para evitar que sean revictimizadas o víctimas de delitos.
Respecto a la infraestructura de atención, se aclaró que no ha habido reducción presupuestal en programas como los centros de justicia para las mujeres o los refugios, sino una reformulación de criterios para fortalecer su funcionamiento. Mencionó que existen 71 centros de justicia en todo el país y alrededor de 100 refugios, muchos de ellos gestionados por organizaciones de la sociedad civil. Destacó que se ampliar la capacidad de atención con un enfoque interseccional, que contemple a mujeres indígenas, con discapacidad y otras condiciones específicas.
Asimismo, mencionó que se está reforzando el mecanismo de Alerta de Violencia de Género mediante un programa que permite poner el foco en las condiciones estructurales y territoriales que provocan distintos tipos de violencia.
El representante del Poder Judicial apuntó, en materia de feminicidio, reconoció que los datos sobre investigaciones en el fuero local aún son limitados y deben ser complementados para ofrecer un panorama completo. Sin embargo, el Poder Judicial subrayó la existencia de una obligación legal de publicar todas las sentencias, incluidas las relacionadas con feminicidio, las cuales se encuentran disponibles en versiones públicas desde hace varios años.
En cuanto al acceso a servicios de salud para mujeres indígenas, migrantes y con discapacidad, se han emitido criterios clave: por ejemplo, prohibir la exigencia de documentos migratorios para recibir atención médica, o garantizar que la información sea proporcionada en lengua materna a mujeres indígenas, especialmente en temas de salud sexual y reproductiva.
La senadora Martha Lucía Micher reconoció que, si bien se ha logrado una homologación del procedimiento penal a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, las razones de género tipificadas en el artículo 325 del Código Penal Federal aún no se han replicado en todos los códigos estatales. Esto genera disparidades graves en la tipificación del delito de feminicidio, afectando el acceso a la justicia para las mujeres en distintas entidades del país.
La trata de mujeres
Para el cuestionamiento del Articulo 6° de la Convención que señala: «Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer», la relatora Genoveva Tisheva, abogada pionera en derechos humanos e incansable defensora de los derechos de las mujeres, reconoció el avance en la legislación contra la trata de personas y la creación de comisiones y protocolos para apoyar a las víctimas, pero se señaló una insuficiente implementación, falta de coordinación, ineficiencia en investigaciones y complicidad de autoridades con la delincuencia organizada.
Cuestionó las medidas específicas se están tomando para prevenir, investigar y sancionar la trata con fines de explotación sexual, cuándo se implementará el programa nacional contra la trata para el periodo 2025-2030, y con qué recursos. También preguntó cómo el Estado mexicano garantiza que las políticas no criminalicen ni limiten la libertad de las víctimas, qué agencias brindan protección internacional, qué programas de reparación integral existen (incluyendo atención psicológica y acceso a derechos) y qué acciones se toman para eliminar la criminalización y estigmatización de mujeres que se prostituyen voluntariamente.
En respuesta, Ingrid Gómez Saracibar apuntó que se han emprendido diversas acciones. Entre ellas destacó la publicación, en 2024, de una cartilla de prevención de delitos en materia de trata, editada en español, francés, inglés y también en lenguas originarias como el maya, náhuatl y purépecha. Esta cartilla se ha distribuido a todas las instancias gubernamentales y federales como parte de una estrategia integral de prevención.
Además, dijo que se ha avanzado en la especialización de refugios y albergues para víctimas de trata, con manuales operativos claros que garantizan la protección integral. Dijo que tan sólo en 2025, se han atendido 260 mujeres víctimas de trata, de las cuales 95 eran extranjeras. Añadió que, la Guardia Nacional también ha implementado un protocolo de actuación para identificar posibles víctimas en aeropuertos, puertos y otros puntos clave. Y en el sector salud, dijo se trabaja en la elaboración de una norma oficial para regular estos refugios especializados, fortaleciendo así la red de protección para víctimas de trata.
El representante del Poder Judicial señaló que se han emitido diversos criterios relevantes para fortalecer la respuesta institucional frente a la trata. Entre ellos, destaca que el consentimiento de la víctima no exime la responsabilidad penal, así como el reconocimiento de la imprescriptibilidad de ciertos delitos sexuales vinculados a la trata. Además, se ha promovido una perspectiva que prioriza la reintegración social de las víctimas durante el proceso judicial, lo que implica un rol activo de jueces y juezas en la vinculación con instituciones de atención a víctimas.
Señaló que se ha impulsado una visión más amplia de la responsabilidad penal, que incluye a todas las personas que se beneficien del delito, y no solo a quienes ejecutan las conductas típicas. Dijo que también se han desarrollado herramientas como un protocolo para juzgar con perspectiva de trata, dos manuales especializados y capacitaciones nacionales. Señaló que en este sentido, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha asumido un papel clave: desde 2021 cuenta con un acuerdo de representación extraordinaria que le permite defender a víctimas incluso del fuero local. Por ejemplo, actualmente el instituto defiende a cinco mujeres acusadas de trata que previamente fueron víctimas del mismo delito.
¿Como cerró México la primera audiencia ante la CEDAW?
Para cerrar la primera audiencia de comparecencia de México ante la CEDAW, Citlali Hernández negó la existencia de la militarización de la seguridad en el país, pues apuntó que la Guardia Nacional es una nueva figura policial nacional, que ha sido acompañada por la DEFENSA, pero no implica una militarización. Señaló que uno de los grandes retos de México es avanzar hacia la pacificación del país mediante la prevención de las causas estructurales de la violencia y el combate a la impunidad, lo que incluye una reforma judicial profunda.
Subrayó que México reconoce las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en el pasado y que el país tiene un compromiso con la no repetición. Mencionó que el enfoque actual exige una visión intersectorial e intercultural, acorde a la diversidad nacional, y que la inteligencia en seguridad ciudadana, impulsada por la presidenta científica, es central en la estrategia.
Por otro lado, destacó que la Semujeres representa un punto de quiebre institucional para coordinar políticas de género desde el más alto nivel, respaldadas por la presidencia. Enfatizó que trabajan de manera acelerada con tribunales, fiscalías y poderes judiciales para avanzar, pese al reto de ser una República federal, en la homologación de constituciones y códigos penales locales, con el fin de tener un piso jurídico común para combatir los delitos.
Finalmente abordó el problema de los estereotipos en medios de comunicación, especialmente en la cobertura de los feminicidios. Anunció que se están diseñando lineamientos para transformar el tratamiento mediático de la violencia de género, empezando por los medios públicos, e invitando a los privados a sumarse, con la meta de promover un cambio cultural que elimine la discriminación y los roles de género.
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Fotografía: Cimac noticias
