Por: Beatriz Benítez. 25/05/2025
La nueva ley, que fue aprobada en menos de dos horas sin ningún tipo de estudio ni discusión, contempla un impuesto del 30 % a todas las donaciones internacionales que reciben las organizaciones de sociedad civil y cualquier persona natural. Los representantes de más de 70 organizaciones señalan que ley es un instrumento más de persecución política y censura en contra de ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier persona que pueda ser interpretada por el gobierno como un estorbo.
a Asamblea Legislativa aprobó, este 20 de mayo y con dispensa de trámites, una Ley de Agentes Extranjeros que, según la opinión de la oposición y diferentes organizaciones, busca callar, controlar y perseguir a las voces críticas del gobierno de Nayib Bukele, que en las últimas semanas ha intensificado la criminalización y censura de la defensa de derechos humanos.
La ley promovida por Bukele grava con un impuesto del 30 % a las transacciones financieras en donaciones o pagos internacionales que reciban las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, incluyendo organizaciones sociales, que “realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”.
Desde noviembre 2021, Bukele intentó aprobar una ley igual, que en ese momento contemplaba un impuesto del 40 %, pero quedó engavetada en la Asamblea por la presión internacional. El presidente inconstitucional revivió la propuesta de ley el pasado 13 de mayo después de que los campesinos —incluyendo niños, niñas y mujeres de la tercera edad— de la Cooperativa El Bosque, acompañados por el asesor legal de una organización de sociedad civil, fueron reprimidos por la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil y la Policía Militar cuando se manifestaban pacíficamente en contra de una orden de desalojo judicial que dejaría sin vivienda y sin tierras a 300 familias.
Bukele acusó a grupos “autodenominados de izquierda y ONG globalistas” de manipular a las personas de la comunidad para atacar su gobierno. En represalia, anunció que presentaría la Ley de Agentes Extranjeros y que incluiría un impuesto del 30 % para pagar la deuda de la cooperativa y así evitar el desalojo.
La ley aprobada no especifica el pago a la deuda de la Cooperativa El Bosque, pero indica que el Ministerio de Hacienda destinará los fondos del impuesto para fines de interés público o social.
El diputado de Arena, Francisco Lira, planteó que si el oficialismo quería pagar la deuda de la cooperativa por qué mejor no aprobaban la reducción del 2 % del presupuesto de Inteligencia del Estado o el 12 % de la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial. Con ese dinero, según dijo, se podría pagar la deuda de la cooperativa.
La ley fue incorporada a la agenda de la sesión plenaria por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, a las 4:40 de la tarde. Casi dos horas después, sin discusión ni estudio, quedó aprobada a las 6:38 de la tarde, con 56 votos a favor y 3 en contra.
Guevara justificó que en países democráticos hay leyes similares. “Nosotros lo que estamos haciendo es actualizar nuestra legislatura como lo hacen países de primer mundo”, aseguró.
La diputada de oposición del partido Vamos, Claudia Ortiz, señaló que es una ley de corte autoritario para censurar y debilitar el espacio cívico. “Así que no, diputado, esta no es una herramienta de cualquier país democrático, no trate de engañar a la gente, esta es una herramienta de control, de censura y muy característica de gobiernos autoritarios”, dijo en contraargumento a Guevara.
El diputado de Arena, Francisco Lira, agregó que “esta Ley de Agentes Extranjeros es una ley mordaza para aquellas instituciones, aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, que están señalando los abusos de este gobierno, que están señalando los actos arbitrarios de este gobierno”.
La iniciativa firmada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, argumenta que una de las finalidades es promover la transparencia para que los ciudadanos conozcan quiénes financian a los “agentes extranjeros”, así como proteger la soberanía nacional.
La diputada oficialista Alexia Rivas cuestionó que hay organizaciones que promueven la rendición de cuentas y la transparencia, pero no quieren revelar quiénes son sus donantes, un discurso que es contradictorio en dos sentidos: las organizaciones de sociedad civil, por general, publicitan quiénes son sus cooperantes internacionales; y segundo porque su partido Nuevas Ideas se niega a transparentar el origen de su financiamiento y el gobierno ha puesto bajo reserva la información pública.
El presidente de la Asamblea y diputado oficialista, Ernesto Castro, mintió para justificar la ley. Dijo que en El Salvador no existía un marco jurídico, lo que había permitido que “ciertas organizaciones” recibieran dinero “a saber de quién y a saber para qué”. Ese marco legal sí existe y se llama Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, además de toda la normativa contra el lavado de dinero.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explicó que a diferencia del partido de gobierno Nuevas Ideas, las organizaciones de sociedad civil sí transparentan sus finanzas y presentan cada año sus Estados Financieros ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobernación. Y agregó que si existiera alguna actividad irregular, ya está establecido que los bancos deben emitir alertas ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), afirmó que esta ley afecta directamente a la población empobrecida y tiene como objetivo silenciar las voces críticas que denuncian violaciones a derechos humanos, depredación ambiental y corrupción gubernamental.
El director de Acción Ciudadana añadió que esta ley es una medida confiscatoria que tiene intención de limitar los recursos de las organizaciones y hacerlas inoperables “porque es probable que muchos de los cooperantes dejen de apoyarlas”.
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Un registro con amplias facultades
La ley obliga a cualquier persona natural, empresa u organización de sociedad civil que recibe financiamiento del exterior a registrarse como “agente extranjero” en el Registro de Agentes Extranjeros (llamado RAEX). También deben inscribirse los financistas extranjeros que operan fuera de El Salvador, a quienes se les denomina “mandante extranjero” o “director extranjero”.
La ley da un plazo de 90 días para registrarse después de entrar en vigencia, de lo contrario no podrán realizar actividades ni mover recursos ni bienes.
El RAEX estará a cargo de un director general, nombrado por el Ministerio de Gobernación, y será una entidad que tendrá “amplias facultades” para establecer requisitos y atribuciones como aprobar o negar las solicitudes de registros.
En una conferencia de prensa, representantes de diferentes organizaciones recordaron que las organizaciones y fundaciones ya están registradas ante instancias del Estado. Sostuvieron que este doble registro ha sido utilizado en otros países para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo.
El director de Acción Ciudadana, criticó que la ley es ambigua y discrecional, ya que no define qué se entiende por “actividad política” y deja a criterio del RAEX establecer si las actividades de las organizaciones “atentan contra la seguridad nacional y la estabilidad política y social del país“.
La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, dijo, para justificar la aprobación, que “un extranjero no puede venir a El Salvador a realizar campañas políticas sobre otro tipo de partidos que están fuera del país (…) Nadie puede, así como ningún salvadoreño puede ir a otro país a hacer campaña política, es tan lógico como eso”.
El gobierno podrá decidir a quiénes excluye
El gobierno, a través del RAEX, excluirá de la aplicación de la ley a quienes considere, ya sea por períodos anuales, renovables automáticamente, o por cada proyecto.
“Para otorgar la calificación a que se refiere el inciso precedente, el RAEX considerará entre otros aspectos: la naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban y el estricto cumplimiento a los mismos para su renovación automática, ello sin perjuicio de que el RAEX pueda revocar o no renovarla cuando se incurra en dichos incumplimientos o en las prohibiciones establecidas en la presente ley, en este último caso, deberá notificarse al interesado oportunamente”, indica el artículo 5.
“Hoy pueden decir que hay unas organizaciones que no se les va a aplicar, pero lo cierto es que nadie puede estar seguro porque va a depender del criterio ambiguo y arbitrario de este gobierno a quien le impone el 30 % y todas estas obligaciones que la ley establece”, dijo Ortiz.
La ley también incluye sanciones económicas que van desde $100 mil hasta $250 mil, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otro tipo si se amenaza la seguridad nacional. Eso quiere decir que además de la elevada multa, el Estado podrá también perseguir penalmente y castigar con cárcel a quienes considere que incumplen la ley. Estas sanciones y multas, según denunciaron las organizaciones, son desproporcionadas y tienen como objetivo la criminalización de su trabajo en favor de sectores de la población que han sido abandonados por el Estado salvadoreño.
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Fotografía: Gato encerrado. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas. Foto/Bladimir Nolasco
