Por: Alfonso de Villalobos. 26/05/2025
Los decretos 340 y 342 se conocieron este miércoles y disponen la limitación extrema del derecho constitucional a huelga de la clase trabajadora, tal como estaba consignado en el DNU 70/23. La CGT irá por la vía legal y no descarta tomar medidas callejeras.
El gobierno no se detiene. En la mañana del miércoles se conocieron dos decretos que apuntan en los hechos a desterrar el derecho constitucional a la huelga de los trabajadores en el país y a incrementar la injerencia del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales.
La medida establece una serie de servicios esenciales que, en caso de huelga, deberán garantizar un mínimo del 75% de la prestación y otros de “importancia trascendental” que podrán paralizar solo el 50% de su actividad. Entre ambos se incluyen prácticamente todos los servicios aunque la letra del decreto, además, dispone la creación de una comisión integrada por miembros con “reconocida solvencia técnica” cuya elección será determinada según disponga la reglamentación a cargo del ejecutivo capaz de incorporar nuevas actividades al listado de servicios esenciales.
El DNU, en los hechos, vuelve a incorporar de manera textual puntos que estaban presentes en el DNU 70/23 que se encuentra suspendido por la justicia laboral y que tiene medio rechazo en el Congreso Nacional. A la vez, el ejecutivo con el DNU 342/25 se arroga el derecho de reforzar la injerencia del Estado en la intervención en las organizaciones sindicales llegando a conferirle, en determinadas circunstancias, la potestad de designar al secretario general de la organización.
La decisión arbitraria ganó el rápido rechazo de todo el arco sindical. La CGT emitió un comunicado en horas de la tarde señalando que “el gobierno intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”.
Horas antes, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, señaló en su cuenta de X que “Otra vez Milei con un decreto quiere llevarse puesto el derecho de huelga a pesar de que la justicia laboral ya lo declaró inconstitucional. Quieren a los trabajadores sometidos y sin derecho a defenderse. No lo vamos a permitir”.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) alcanzada en forma directa por la norma supuestamente inspirada en la regulación de la actividad de la marina mercante, señaló que “La CATT repudió el decreto de desregulación del gobierno y ratificó que la huelga en el transporte es totalmente legal”. La organización liderada por Juan Carlos Schmid señaló que la medida “promueve la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, pone en jaque la soberanía nacional, destruye la industria nacional y amenaza gravemente el trabajo argentino”. Además, adelantaron que el próximo martes 27 de mayo, a las 10 hs, realizarán un Plenario de secretarios generales, Consejo Directivo y delegados en el Salón Felipe Vallese de la CGT para debatir y decidir las acciones que van a llevar a cabo para enfrentar la política del gobierno que también avanzó con medidas de desregulación de la actividad aerocomercial y con el desmantelamiento de Vialidad Nacional.
Para Schmid “en nuestro sector, catalogado como “esencial”, la restricción al ejercicio de este derecho no es tal, sino que constituye una prohibición de hecho, que se aplica de manera arbitraria, sin respetar las garantías mínimas ni los deberes legales del Estado”. Por eso, insistió, esta actitud “configura una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en nuestra Constitución Nacional capítulo 14 bis y en el convenio 87 de la OIT”.
En el mismo sentido se pronunciaron decenas de sindicatos entre los que se encuentran la Asociación de Trabajadores del Estado, los sindicatos docentes agrupados en la CGT, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación de trabajadores de la energía, industria, servicios y afines (FETIA, rama privada de la CTA-T), la AGD-UBA, el SUTNA y muchos otros.
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Fotografía: Resumen latinoamericano
