Por: Mishell Monar. pressenza. 01/07/2020
Hace dos semanas atrás, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación emitió un pronunciamiento público contra la Directiva 05 emitida por el gobierno de Iván Duque que establecía lo siguiente:
“4. Prioridad en la prestación del servicio para población en edad escolar Los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP Educación deben ser priorizados para garantizar la atención y la prestación del servicio educativo de la población en edad escolar, por lo que las Entidades Territoriales deben tener en cuenta las siguientes orientaciones:
-No se podrá adelantar contratación de la prestación del servicio educativo para adultos durante la presente vigencia; los contratos que ya se hubieran suscrito por parte de la Entidad Territorial y que cumplan con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en la comunicación suscrita por la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Monitoreo y Control emitida el 3 de enero de 2020 respecto a la obligación de remitir la población focalizada para la respectiva autorización, darán prioridad para la culminación de los ciclos que cada persona haya iniciado, garantizando la culminación del respectivo ciclo, y se suspenderá el ingreso para el siguiente ciclo hasta la vigencia 2021.
-En el mismo sentido, sucede con los procesos de formación para adultos que son atendidos con horas extras; es decir, las personas que ya iniciaron su proceso de formación y están debidamente matriculados, se garantizará la culminación del ciclo en curso, y se suspenderá el ingreso para el siguiente ciclo hasta la vigencia 2021. En este sentido, las ETC solo deberán reconocer las horas extras estrictamente necesarias para garantizar esta medida”.
Con esta directiva, la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) quedó puesta en riesgo total y con ello, el derecho de las personas que no lograron, especialmente por razones económica y de marginalidad, a concluir su proceso educativo. Por ello, la Coalición Colombia emprendió una campaña de recolección de firmas cuyo resultado ha sido la derogatoria de la Directiva 05 por parte del Ministerio de Educación y la publicación de una nueva directiva que establece la apertura de toda la oferta EPJA del país. Sin duda, un triunfo para la lucha por el derecho humano a la educación.
Esta semana, la Coalición llevó a cabo un diálogo virtual para profundizar las dificultades por la que atraviesa la EPJA y para establecer las prioridades en el mejoramiento de esta oferta educativa: infraestructura suficiente, bibliotecas, dispositivos informáticos y recursos que amplien las oportunidades para procesos educativos de calidad, también para este sector de la población.
Mishell Monar: Comunicadora social y periodista ecuatoriana, parte del equipo de Pressenza-Ecuador.
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Fotografía: pressenza.
