Por: Saúl Sánchez López. 31/05/2025
Me niego a creer que en pleno siglo XXI los derechos reproductivos de las mujeres sigan siendo objeto de debate
Me niego a creer que en pleno siglo XXI los derechos reproductivos de las mujeres sigan siendo objeto de debate. No es que esté esperando el triunfo definitivo de la izquierda o algo por el estilo, pero al menos sí un avance crucial en lo que a igualdad, derechos y libertades básicas se refiere. Sin embargo, justo cuando la sociedad mexicana en general y la guanajuatense en particular parecían haber alcanzado un punto de inflexión, listas para dar un paso decisivo hacia el progresismo, la derecha conservadora vuelve a frenarnos.
El pasado 19 de mayo se aprobó el dictamen negativo de tres iniciativas en pro de la despenalización del aborto, y no solo eso. Apenas dos días después, se dictaminó en el mismo sentido las iniciativas que buscaban garantizar el acceso al mismo de manera segura y gratuita. O sea que las mujeres que deseen abortar no solo deben hacerlo de manera clandestina, en condiciones insalubres, sino que además pueden ir a la cárcel por ello (!). La gravedad de este resultado estriba en que ahora las iniciativas podrán desecharse o archivarse, impidiendo votaciones futuras.
Lo que más sorprende es la argumentación esgrimida por la bancada panista, escudada en criterios biologistas y legalistas que, en el fondo, solo racionalizan sus prejuicios ideológicos. Según la diputada Angélica Casillas Martínez, el aborto sería inaceptable básicamente porque el embrión es una vida humana, esto es, un ser vivo que pertenece a nuestra especie. Algo evidente y que nada tiene que ver con la cuestión. Por supuesto que se trata de un ser vivo, de otra forma no se podría abortar, y claro que es un ser humano, ¡ni modo que sea un extraterrestre! Pero ese no es el punto. El punto es si una mujer tiene derecho a abortar a ese ser humano vivo o no.
Seamos honestos, contrario a lo que sostuvo la diputada María Eugenia García de Morena, el aborto sí es un homicidio en sentido estricto, porque se arrebata una vida humana, pero nada tiene que ver con atropellar a alguien, aplicar la pena capital o matar a otra persona por venganza, por lo que no merece el mismo juicio moral ni legal. Presentarlo así sería groseramente reduccionista. En una sociedad tradicional como la nuestra, el aborto difícilmente es una decisión fácil, y la mayoría de mujeres que optan por él lo hacen por encontrarse en situaciones de vida por demás desafiantes (mujeres solas, pobres, adolescentes, violadas, etc.). Obligarlas a tener un hijo en contra de su voluntad no protege en modo alguno el valor de la vida, más bien la convierte en un fetiche. La vida es valiosa, entre otras cosas, justamente porque no es una obligación.
Por su parte, la panista Noemí Márquez, haciendo una selección sesgada, citó el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aludió a la existencia de otros instrumentos internacionales, afirmando que el Estado está obligado a proteger la vida desde la concepción, pasando por alto el hecho de que ya existe jurisprudencia nacional, además de una recomendación internacional en sentido inverso : la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha dejado de emitir sentencias que reconocen la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto, reafirmando en cambio que el aborto legal y seguro es indispensable para los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas. Misma postura de la OMS, que además contempla el acceso al aborto como parte fundamental de la atención sanitaria.
En realidad, estos planteamientos falaces no son sino un vulgar pretexto para enmascarar las motivaciones religiosas tras la postura panista. Esto lo hacen a sabiendas de que en un estado laico las invocaciones a Dios, la Iglesia y la “ley natural” simplemente no tienen cabida. Y así tiene que ser. Hay que abandonar visiones dogmáticas y absolutistas que sacralicen la procreación, y sustituirlas por un enfoque sociológico desde la realidad concreta de las mujeres que viven un embarazo no deseado. A decir verdad, el del aborto ni siquiera debería de ser un tema político ni estar sujeto a discusiones ideológicas. Es simplemente una decisión personal que tendría que estar garantizada como parte esencial de la salud pública en cualquier país.
El dictamen negativo para legalizar el aborto es un lastre, no solo para las mujeres, sino, me atrevería a decir, para toda la población en su conjunto. De suyo, aún pesa un gran estigma sobre el aborto y las mujeres que abortan, como para que, encima, se les criminalice por su decisión. Esto sin mencionar la hipocresía de Acción Nacional. Por increíble que parezca, en Guanajuato se han abierto más carpetas de investigación por aborto que por feminicidios (!). Cabe preguntarse entonces si la vida de los no nacidos es más valiosa que la de las mujeres nacidas y crecidas.
Detrás de esta acción política —porque eso es lo que es— se encuentra una agenda de extrema derecha que busca restringir derechos y libertades para amoldar la vida pública a una particular visión conservadora. No olvidemos que ideólogos del mal llamado libertarismo, como Agustín Laje, insisten en emprender una “batalla cultural”, influyendo en la opinión pública, los valores morales y las prácticas sociales, para redefinir lo bueno, lo malo, lo normal y lo anormal en clave reaccionaria y por todos los medios posibles (curiosamente, los libertarios que defienden a ultranza la libertad individual son los primeros en oponerse al derecho a decidir). Esto se da en un contexto en que la extrema derecha ha venido gestándose desde hace largo tiempo en el país y amaga con nacer el próximo año vía Verástegui y su proyecto de partido.
La batalla a librar en el congreso local será absolutamente determinante en este sentido. Es preciso abandonar para siempre el derecho penal como mecanismo regulador del aborto —la amenaza de cárcel no es una política familista—, pero sobre todo, no hay que permitir que el proyecto ultraconservador siga avanzando. ¡Hay que abortar a la derecha una vez por todas!
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Fotografía: Poplab
