Por: Redeco. 17/03/2023
Por décima semana consecutiva, cientos de miles de israelíes han salido este sábado a las calles en todo el país en una nueva protesta masiva contra el plan de reforma judicial del Gobierno israelí, que busca disminuir el poder del sistema judicial, informa Haaretz.
De acuerdo con el medio, se trata de la mayor protesta de la historia de Israel: los organizadores afirman que hasta 500.000 partidarios de la democracia han participado en las manifestaciones, 250.000 de ellos en la ciudad de Tel Aviv.
El ex primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid, se dirigió a las actuales autoridades ante una multitud de más de 8.000 personas en la ciudad de Beerseba, al sur del país, acusándolas de intentar “aplastar la democracia israelí”.
“El hecho de que hayan ganado las elecciones por un 0,5% de votos no significa que ahora puedan excluir a las mujeres de los altos cargos, decirnos lo que podemos y no podemos comer durante la Pésaj [la importante festividad judía] y llevar a cabo un pogromo en una aldea palestina”, expresó el exmandatario.
Subrayó que Israel “se enfrenta a la mayor crisis de su historia”. “Una ola de terrorismo nos golpea, nuestra economía se hunde, el dinero huye del país. Irán acaba de firmar ayer un nuevo acuerdo con Arabia Saudita. Pero lo único que le importa a este gobierno es aplastar la democracia israelí”, dijo.
Mientras tanto, el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Dan Halutz, afirma que la crisis obligará a las fuerzas de seguridad a elegir bando, “decidir a quién obedecen: al Tribunal o al Gobierno”.
“Me gustaría esperar, y creer, que elegirán el lado correcto… No nos amenazan las amenazas externas, sino aquellos de nosotros mismos que han perdido todo control […] La bomba nuclear no está en Irán, sino en la calle Azza, número 35 [residencia privada de Netanyahu en Jerusalén]”, expresó.
Las manifestaciones se producen en rechazo a la reforma propuesta en enero por la coalición nacionalista-religiosa de Netanyahu. El proyecto incluye otorgar al Gobierno una influencia decisiva en la selección de jueces y limita el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del Ejecutivo.
Los críticos consideran que debilitaría, en gran medida, la independencia judicial, dado que Israel no tiene constitución, sino solo una comisión del Parlamento controlada por la coalición.
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Fotografía: Redeco
