Por: Lucía Melgar Palacios. 08/10/2022
atos de género, es probable que los alarmantes datos de la reciente ENDIREH 2021 sean ignorados por autoridades que minimizan la violencia contra las mujeres, uno de tantos indicios de las fallas de la actual “estrategia de seguridad”.
La ENDIREH 2021 revela un impactante aumento de la prevalencia de casi todas las formas de violencia desde 2016, cuando la media nacional ya era muy elevada (66.1 por ciento). En cinco años, el porcentaje de mujeres que sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida subió a 70.1 por ciento, psicológica de 49 por ciento a 51.6 por ciento, física de 34 por ciento a 34.7 por ciento , sexual de 41.3 por ciento a 49.7 por ciento ; en cambio, la violencia patrimonial, económica y la discriminación disminuyeron de 29 por ciento a 27.4 por ciento.
Si ya es preocupante que la violencia machista siga al alza, las cifras estatales evidencian situaciones muy graves: el pico se mantiene en Edomex y la capital con 78.7 por ciento, y 76.3 por ciento, respectivamente; sigue Querétaro con 75.2 por ciento, mientras que en occidente destacan Colima (73.9 por ciento) y Jalisco (71.9 por ciento) , y en el norte Coahuila (72.3 por ciento) y Sonora (71.6 por ciento). Esto no se da en un mar en calma: en 16 estados la violencia general alcanza entre 67.3 y 71 por ciento y la tasa más baja es de 48.7 por ciento(Chiapas). Nada que celebrar.
Si nos centramos en la violencia vivida en los últimos 12 meses, el panorama también es negativo: el promedio nacional para todas las violencias es de 42.8 por ciento, lo rebasan 13 estados y 12 más se sitúan entre 39.5% y 43.8%, mientras que la menor prevalencia es de 26.9 por ciento (Chiapas), lo que lleva a preguntarse si la violencia doméstica, los casamientos forzados y otras iniquidades siguen normalizados, si sólo se percibe menos violencia machista o se calla o en efecto hay menos violencia.
En cuanto a los tipos de violencia, la ENDIREH confirma lo que han documentado otras fuentes: un aumento general de la violencia psicológica y sexual, principalmente contra jóvenes de 15 a 24 años, así como la ubicuidad de la violencia, con un aumento significativo en el espacio público. El confinamiento, por otro lado, habría provocado o agravado conflictos de pareja y familia en 15.4 por ciento y 23.7 por ciento, respectivamente, lo que no es menor.
Si nos detenemos en los “ámbitos” donde se da la violencia, observamos que si la casa no es lugar seguro, el trabajo y la escuela son también hostiles, el espacio público es el más peligroso. Ahí, donde Estado y sociedad deberían propiciar la convivencia armónica, más del 45 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, sobre todo sexual, aun cuando el porcentaje de las que vivieron violencia en el último año disminuyó ligeramente y la violencia sexual se mantuvo igual.
Interpretar esta situación requiere de un análisis que considere la violencia creciente en estados como Jalisco y Guanajuato, así como el impacto del confinamiento. En este rubro, la “ciudad de los derechos” resulta el peor lugar con 60.9 por ciento de mujeres agredidas, seguido por Edomex (58.5 por ciento) y Querétaro (51.8 por ciento). No extrañan las altas tasas de violencia comunitaria en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Jalisco, sí, las de Quintana Roo (46.9 por ciento) y Yucatán (46.6 por ciento), supuestamente “el estado más seguro”. ¿Se debe esto a presencia de crimen organizado, a abusos policiacos, a sociedades machistas?
Aunque en la escuela debería aprenderse a vivir en igualdad, ahí también se agrede. Entre 2016 y 2021 aumentó la prevalencia de violencia machista a lo largo de la vida, en particular la psicológica (de 10.4 a 17.5 por ciento) y sexual (de 10.9 a 17.9 por ciento). ¿Será que las niñas que cumplieron 15 años en ese periodo habían sufrido violencia o este aumento sólo confirma que las jóvenes de 15 a 24 años son las más vulnerables?. Se observa además un aumento en violencia psicológica y sexual para todas las mujeres en el último año. La mayor parte de las violencias escolares fueron perpetradas por compañeros, lo que debería impulsar a impartir programas de educación para la igualdad y la prevención de violencia. Los protocolos no bastan, menos aún cuando casi 70 por ciento de las estudiantes ignoran si existen: ¿No los tienen o no los difunden las escuelas?
El ámbito laboral también es fuente de agresiones. A primera vista, la situación mejoró en cuanto la violencia total. Sin embargo, llaman la atención el aumento de la violencia sexual, pese al confinamiento, y la persistencia de la discriminación que afecta a 1/5 de las mujeres que trabajan. Los niveles más altos de violencia laboral se dan en 13 estados donde hay mayor industrialización o donde prevalecen estereotipos machistas o donde ha aumentado la violencia extrema (Chihuahua, Aguascalientes, CdMx, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Edomex, y Quintana Roo, entre otros). Los compañeros son también los principales agresores, seguidos de patrones, jefes y supervisores. Si recordamos que existen normas oficiales para prevenir la violencia y promover la igualdad, constatamos que expedir normas, sin supervisión ni sanción, es mera simulación. Aquí también el 70 por ciento desconoce si existen normas o protocolos, aun cuando las NMX-025-SCFI-2015 y NOM-035-STPS-2018 son públicas y ésta se supone obligatoria.
En cuanto a la violencia familiar y de pareja, hay que insistir en la urgencia de prevenirla y de profesionalizar al sistema de justicia para que las mujeres se atrevan a denunciar, se les proteja y se castigue a los culpables. Nadie puede confiar en policías o jueces cuando una detención culmina en asesinato, como le sucedió a Abigail en Oaxaca, o cuando una jueza minimiza un intento de feminicidio como maltrato. ¿cuántos feminicidios más para que se sancione a agentes del Estado criminales o negligentes?
Detrás de estas cifras permanecen millones de mujeres que día a día enfrentan acoso, humillaciones, golpes y amenazas de muerte sin que los gobiernos diseñen una estrategia efectiva para frenar la violencia machista y su impunidad institucionalizada, lo cual exigiría un cambio de fondo en seguridad, justicia y educación. Dado el abierto proceso de militarización que se ha ido consolidando este mes, es probable que la situación de las mexicanas sólo se agrave.
El gobierno no sólo ha usado una extraña definición de “seguridad”, en la cual no entra por lo visto preservar la vida e integridad de las mujeres, ha apostado además por otorgar más poder, dinero y control a unas fuerzas armadas que no están entrenadas para labores policiales y que ya han cometido violaciones a derechos humanos, contra hombres y contra mujeres.
El Estado es el mayor responsable en cuanto incumple sus obligaciones nacionales e internacionales de frenar y erradicar la violencia en general y la machista en particular. Sin embargo, hay que recordar que a la sociedad también le corresponde prevenir y sancionar estas violencias, cobrar conciencia, abandonar conductas machistas , hacer cumplir normas y protocolos y exigir un cambio radical en la política gubernamental.
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Fotografía: Cimacnoticias
