Por: Violeta Molina Gallardo. 14/06/2021
El síndrome de alienación parental (SAP) “no existe” y aplicarlo para determinar la custodia de los menores es una forma de “maltrato infantil”. Así lo explica la nueva fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato.
El llamado SAP, criterio que carece de aval científico, presupone que un progenitor interfiere para que su hijo esté en contra del otro y se ha utilizado principalmente para retirar la custodia a mujeres por considerar que manipulan a los niños contra el padre, como ocurrió en el caso de Irune Costumero.
Esta madre ha sentado en el banquillo al Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia por haberla apartado de la vida de su hija durante años alegando SAP, una cuestión por la que la ONU reprendió a España.
En una entrevista con Efe, Peramato ha criticado con dureza que se diagnostique ese supuesto síndrome y la posterior aplicación de la “terapia de la amenaza”: “arrancar” a los niños de unas madres a las que quieren y que se presupone que los han “programado” contra el padre, con quien no quieren estar.
Madres estereotipadas
“Se le arranca el niño a la madre y se le prohíbe el contacto con ella. Es una forma de maltrato infantil, se están vulnerando todos los derechos del niño y de la niña”
Se recurre al estereotipo de la madre “malvada” y “manipuladora” que utiliza todos los recursos posibles para apartar a los niños del padre, indica la fiscal, en contraposición con un padre “amoroso y cuidadoso”, sin hacer ningún tipo de análisis de su conducta, sus actitudes o su comportamiento.
“Se le arranca el niño a la madre y se le prohíbe el contacto con ella. Es una forma de maltrato infantil, se están vulnerando todos los derechos del niño y de la niña; ni se les oye, porque, como se entiende que están programados, lo que van a decir está manipulado”, denuncia Peramato.
A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial se pronunció en contra de utilizarlo en procesos de custodia, se ha seguido aplicando, pero la ley orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entra en vigor el próximo 25 de junio, lo prohíbe.
Peramato asume la necesidad de formar a jueces y fiscales y de “convencer a todos los profesionales de que no solamente no existe sino que es claramente perjudicial”, para los niños y también para las víctimas de violencia de género.
Rehúsa pronunciarse sobre el caso de Irune Costumero, en cuyo juicio, celebrado esta semana, la fiscal aseguró que el síndrome “sí que existe”, por encima de forenses y peritos que aclaraban que no aparece como tal en los listados de organismos internacionales sobre enfermedades mentales.
“No he visto la transcripción del juicio, no puedo valorarla (…) No debo valorar una actuación que está en trámite porque supondría una injerencia”, apunta Peramato.
¿Puede un maltratador ser un buen padre?
Junto a la prohibición del aplicar el SAP, la fiscal destaca la importancia de otras medidas para proteger a los menores incluidas en la ley de infancia y en la ley que ha acabado con la incapacitación judicial de las personas con discapacidad.
En concreto, se suspenderá el régimen de visitas de un progenitor que esté incurso en un proceso penal por violencia de género, salvo que el juez considere que se debe mantener por el interés superior del menor.
Según explica, estas novedades supondrán un cambio de paradigma, porque la regla general va a ser suspender esas visitas y ahora es justo al contrario.
El legislador ha respondido a la pregunta de si un maltratador puede ser un buen padre y la respuesta ha sido “en principio, no, salvo que se demuestre lo contrario”, apunta la fiscal.
Los niños, recuerda, “son un instrumento para la estrategia de dominación, de control, de violencia del hombre maltratador”.
En casi cuatro de cada diez casos de madres víctimas de violencia machista los hijos también son maltratados directamente y de las 25.000 o 28.000 órdenes de protección para las mujeres, tan sólo se determina la retirada del régimen de visitas en un “número ínfimo” de casos.
“Tenemos que replantearnos si estamos protegiendo adecuadamente a los menores y parece que la respuesta absolutamente lógica es decir que a lo mejor no lo estamos haciendo”, asevera.
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Fotografía: E feminista
