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En el contexto de la situación actual en Italia, como consecuencia de la epidemia del coronavirus COVID-19, la «Associazione Memoria Condivisa» ha emitido un comunicado dirigido al Papa, al Presidente de la República, al Ministro de Justicia, al Ministro de Sanidad, a los Parlamentarios y Senadores de la República, a las autoridades del Sistema Penitenciario Italiano y a ciudadanos italianos de señalado prestigio, con el siguiente contenido:
«Llamamiento de la asociación e individuos, para una suspensión inmediata de la pena, para todos los presos enfermos y ancianos
En vista de la dramática emergencia sanitaria que está afectando a la población, creemos que las medidas preventivas adoptadas con respecto a la población encarcelada, son totalmente inadecuadas para hacer frente a los riesgos asociados con un contagio que pondría en riesgo a más de 61.000 personas.
Debe tenerse en cuenta, que entre la población penitenciaria, alrededor del 50% tiene entre 40 y 80 años, más del 70% tienen al menos una enfermedad crónica y el sistema inmunitario está comprometido.
Está bastante claro, que la propagación del virus dentro de las cárceles, tomaría dimensiones catastróficas.
Limitar o prohibir las entrevistas familiares, el acceso voluntario y los permisos de salida, no protege contra el riesgo de contagio.
Lo que se ha creado, y que está creciendo hora por hora, es un clima de miedo e inseguridad entre la población detenida, los familiares y el personal penitenciario que, sin embargo, están obligados a garantizar el servicio.
Las instituciones penitenciarias, son, en todos los aspectos, lugares públicos, superpobladas y promiscuas, con un constante ir y venir del personal y de proveedores, que podrían convertirse en un vehículo de contagio, y desencadenar una verdadera epidemia, y por lo tanto, no debemos olvidar, que la población reclusa, como el resto de la población general, está protegida por la Constitución y la carta internacional de derechos humanos.
Pedimos que se tome una medida inmediata de suspensión de la sentencia, para todos los prisioneros enfermos y ancianos; solicitamos que el Parlamento haga una amnistía urgente, para la población reclusa restante».
Teniendo presente que la situación española ante este escenario de riesgo generalizado, que parece irse aproximando progresivamente, a su equivalente italiano, hasta el punto de que también ya hay algunas naciones que están rechazando recibir visitantes procedentes de España, podríamos contemplar, ahora o en un futuro más o menos próximo, la eventualidad, que ya se ha materializado, de que por nuestra parte también se demandara de los poderes públicos, la adopción de medidas análogas, similares o idénticas: ellos ya tienen a la región de Lombardía en cuarentena, y nosotros, en España, ya tenemos a la localidad de Haro, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la misma situación preventiva.
De nuestra más tierna infancia, nos llega el fugaz recuerdo de una calle aislada, en rigurosa cuarentena, a causa del tifus, en Fregenal de la Sierra (Badajoz), si mal no se recuerda por nuestra parte.
Tendremos, al respecto, que en un artículo del autor Esteban Rodríguez Ocaña, titulado «Tifus y laboratorio en la España de posguerra», se dice lo siguiente:
«El tifus exantemático padecido de forma epidémica en los años consecutivos a la Guerra Civil fue momento de una peculiar movilización científica en el Instituto y Escuela Nacional de Sanidad que comenzaban su andadura bajo el franquismo, contando con una significativa participación multinacional, desde la Fundación Rockefeller al Instituto Pasteur, que convirtió España en nudo donde se cruzaban las teorías y las prácticas de las escuelas más relevantes en torno a la consecución de una vacuna eficaz».
De forma similar, actualmente Europa financia ocho investigaciones españolas, en la búsqueda de una terapia eficaz, contra el coronavirus Covid-19.
Por lo que atañe a una eventual cancelación de condenas, aplicada a nuestros reclusos en España, hemos de advertir, que consideramos esa cuestión como un asunto de delicado encaje y manejo, teniendo en cuenta lo siguiente: casi el 5% de la población reclusa española, sufre trastornos mentales psicóticos, según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Se correría el riesgo, por consiguiente, de originar un problema añadido, en el afán de darle solución, quizás meramente paliativa, a la situación de relativo hacinamiento, a afrontar.
Al margen de todo lo antedicho, por nuestra parte nos permitimos llamar la atención, acerca de otro colectivo humano, que consideramos que puede resultar particularmente en riesgo, ante esta misma situación.
Nos referimos a los llamados «sin techo», esto es, a los mendigos callejeros. Por lo que respecta a ellos mismos, dadas sus precarias o inexistentes condiciones higiénicas, sus carencias nutricionales y de toda índole, sus más que probables enfermedades crónicas y quizás múltiples, a veces incluidas las mentales.
Para el conjunto de la población general, a considerar también el factor de difusión del agente patógeno, que puede suponer, tanto los hábitos erráticos de estas personas, su periódica concentración en albergues de acogida, e incluso la posible vía añadida, de la circulación de las monedas de las limosnas, sobre todo a la hora de los escuálidos y escasos pagos realizados por estas personas mendicantes.
Cualquier medida, en este escenario de posible actuación de las autoridades, contaría, casi inevitablemente, con la dificultad añadida, de que podría dar lugar a fomentar actitudes y prejuicios de aporofobia (es decir, fobia a las personas pobres o desfavorecidas), haciendo uso del término introducido por la filósofa Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, y asumido ya por la R.A.E.
Por otra parte, pareciera casi inevitable que los sindicatos que representan a los funcionarios públicos, como es el caso de los de prisiones, con tantos desdenes y agravios, sobre todo económicos, recibidos de la misma Administración Pública que es la que dicta y determina, vía presupuestos, las difíciles y problemáticas condiciones en las que tiene que desempeñarse su ingrata tarea diaria, que esos sindicatos, repito, a la hora de fijar posiciones sobre el manejo político del difícil trance generado por la irrupción, obviamente no planificada, de la entrada en escena de un agente patógeno tan agresivo, pues estén más pendientes del posible efecto, real o imaginado, que sobre el empleo, pudiera tener cualquier iniciativa de decisión política, por encima de cualquier otra consideración a ponderar sensatamente.
No obstante, habremos de confirmar, que, por lo menos hasta el presente, tales temores no responden a ninguna realidad, puesto que de las recientes declaraciones de nuestros sindicalistas, no se desprende nada en ese sentido, siendo, por el contrario, de una pertinencia y sensatez intachables.
En una coyuntura, que se vislumbra ya como probable y más o menos próxima en el tiempo, en la que no haya de extrañarnos el panorama consistente en ver el deambular callejero de no pocos ciudadanos embozados con sendas mascarillas pretendidamente profilácticas, es quizás ya el momento de ir sopesando el grado de coherencia, respecto del escenario que probablemente se nos avecina, de unas leyes contra el hábito tabáquico, y de protección de la salud y derechos de los no fumadores, y que, prohibiendo fumar en el interior de los locales de pública concurrencia, fomentan y derivan, con ello, el acto y el hábito de fumar, ya sea en la vía pública de las poblaciones, o ya sea en zonas de estancia sobre el acerado, siendo evidente la incompatibilidad entre ser portador de una mascarilla, y al propio tiempo, querer fumar simultáneamente.
No disponemos, por nuestra parte, de «recetas» que proponer, pero plantear abiertamente las cuestiones problemáticas, estimamos que puede ser el primer paso hacia la meta anhelada, de su efectiva resolución, ya sea la mejor, o simplemente, la menos mala.
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Fotografía: Público.
