Por: Thais Iervolino. CLADE. 21/02/2020
En este relato, Mauro Jarquín, investigador de temas relacionados a la política educativa, aborda la ley y las políticas mexicanas, analizando en qué medida ellas favorecen el lucro y la privatización en la educación.
Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.
La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) conversó con el especialista e investigador mexicano Mauro Jarquín para saber más sobre la reforma, y si realmente significó una ruptura con la política educativa anterior. Además, se indagó si la reforma favorece u obstaculiza la privatización y el lucro en la educación nacional.
Tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, Mauro Jarquín investiga temas relacionados a la política educativa, la organización política del empresariado y la historia económica de América Latina.
En este relato, que resulta de la conversación, Mauro Jarquín analiza cómo la educación mexicana, aún con la reforma, está lejos de ser pensada como un derecho, ya que el Secretario de Educación actual ha sido presidente de una de las más grandes fundaciones privadas de educación. “Lucro y educación siguen siendo un norte para la política educativa mexicana”, destacó.
“Lo que plantea ahora el gobierno no es únicamente generar una política fiscal que incentive un consumo de educación privada, sino dar directamente recursos a aquellas personas que están en las escuelas privadas”, añadió. Lee el relato completo:
El lucro y la reforma educativa en México
Estamos en este momento cruzando un proceso de reformas educativas que se inició formalmente desde diciembre de 2018. En relación a la privatización y al lucro en la educación, pasamos de una política que era una especie de terapia de choque, la reforma de 2013, a una más bien gradual porque los elementos que eran los más evidentes sobre la posibilidad de lucro en la educación, más allá de la provisión privada directa, fueron quitados.
Por ejemplo, en el artículo 2073 de la Constitución, no se habla en subvenciones del gobierno directamente a proveedores privados del servicio educativo, lo que sí se menciona tanto en el artículo constitucional como en la ley general de educación, es la posibilidad de que los proveedores privados colaboren en los procesos de gobierno, en los procesos educativos públicos.
Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena porque se recuperan mecanismos de administración y gerenciales en la educación pública. Lo que es más evidente es el lineamiento para la generación de una especie de gobernanza corporativa en la educación. Es una privatización de la política educativa.
Esa privatización de la política educativa se encuentra en la Ley General de Educación en los artículos que son relativos al fomento y a la provisión de la educación inicial. La educación inicial en México actualmente es provista en un 39.3% por la iniciativa privada, y la reforma constitucional que se publicó oficialmente el 15 de mayo pasado establece que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial.
Garantizar ≠ proveer
Sin embargo, para la jerga jurídica mexicana, garantizar no es necesariamente lo mismo que proveer. Entonces, el Estado puede garantizar el acceso de los niños y las niñas a la educación inicial, por ejemplo, a través del fomento a la provisión de servicios por parte del sector privado.
Eso más bien es una interpretación porque no está en la ley. Lo que está en la ley es que el Estado fomentará la cultura de la educación inicial con apoyo de privados, sociedad civil y organismos internacionales, en el artículo 38.
En el artículo 39, se menciona que la autoridad determinará principios rectores de la educación inicial con la colaboración de privados y organizaciones de la sociedad civil. Lo importante aquí es que, en el proceso político de la reforma, este artículo relativo a la educación inicial fue una exigencia, particularmente, del grupo de empresarios “Mexicanos Primero”. Forma parte de la agenda regional que ha sido impulsada por Interamerican Dialogue desde algunos años, y que busca impulsar agendas para la educación inicial en los 14 países donde se encuentran las organizaciones que ingran la Reduca. Sin embargo, no hay explícitamente en la Ley General de Educación un artículo que habla sobre subvenciones, por ejemplo, o sobre financiamiento educativo a la demanda.
Calidad x excelencia
La reforma educativa se expresa particularmente en el artículo 3º de la Constitución. Manuel López Obrador llegó al gobierno con un gran apoyo del magisterio mexicano en general, independientemente de su filiación sindical, pues afirmó durante toda su campaña electoral que eliminaría la reforma educativa de Peña Nieto.
La reforma educativa anterior establecía una educación de carácter gerencial, políticas de autonomía para las escuelas, fomentaba alianzas público-privadas y cambios en el sistema de gobernanza. Se solía decir que era una especie de choque con relación a la tradición educativa mexicana.
Lo que hizo el presidente actual fue enfocarse particularmente en el tema de las políticas de rendición de cuentas en Educación con respecto al magisterio y la constitución de un esquema de carrera docente menos meritocrático, un poco menos estandarizado.
Sin embargo, quedaron elementos que apuntan a que el sentido educativo responde mucho al interés del mundo corporativo. Por ejemplo, el artículo rector de la reforma educativa de 2013, el concepto rector de calidad en la educación y la definición de calidad educativa, era el máximo logro de aprendizajes de los educandos.
En la reforma actual, sustituyeron toda la noción de calidad – como concepto rector del artículo constitucional – por excelencia, de modo que el fundamento de toda la reforma es que la educación mexicana entiende excelencia como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje en los educandos para el fomento del pensamiento crítico y el vínculo entre la escuela y la comunidad. Sin embargo, cuando vemos las políticas de evaluación que se están planteando realmente es una especie de continuidad.
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Fotografía: Unicef.
