Por: Tlachinollan. 04/07/2018
La violencia y la inseguridad que se cierne en nuestro país y en nuestro estado han teñido de sangre este proceso electoral. De acuerdo con el último registro realizado la semana pasada por Etellekt consultores; de septiembre de 2017 a mediados de junio de este año documentó 120 asesinatos contra precandidatos, candidatos y líderes partidistas. Nuestro estado ocupa el primer lugar con 20 casos de políticos asesinados. En las regiones de la Costa Grande y Tierra Caliente se han suscitado el mayor número de homicidios ligados al proceso electoral. El municipio de Zihuatanejo reporta tres casos. Este mismo número registra el municipio de Chilapa en la zona Centro. En la montaña el pasado miércoles 20 de junio fue asesinado el señor Octavio Gallardo Barrera, un líder priista que fue director de seguridad pública en el municipio de Copanatoyac. Su cuerpo fue hallado en la carretera que va de Tlatlauquitepec a Zapotitlán Tablas, cerca de la comunidad El Lucerito, municipio de Atlixtac.
La consultora Etellekt ha sumado 465 agresiones a nivel nacional, siendo 124 mujeres las que fueron víctimas de estas acciones intimidatorias. Los estados que sobresalen como focos rojos de esta violencia son: Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Colima, Guanajuato y Nayarit.
Una de las manifestaciones más recurrentes de esta violencia son las amenazas e intimidaciones que se eleva a 150 casos; también reporta 50 atentados contra familiares de políticos, 38 agresiones con arma de fuego y 15 secuestros.
El panorama es sombrío porque la violencia ha alcanzado a los candidatos y candidatas, sin que las autoridades logren contener esta espiral delincuencial y continúen realizando prácticas deficientes en las investigaciones que le impiden dar con el paradero de los responsables. Ante esta pesada sombra de la inseguridad 40 candidatos y candidatas del estado de Guerrero han solicitado escoltas para que los acompañen en sus actividades electorales. Por otra parte varios partidos políticos han pedido que el ejército realice patrullajes en varias regiones del estado como una forma de garantizar tranquilidad en este periodo electoral. Entre los mismos candidatos y candidatas hay posturas encontradas con respecto a la presencia de militares y marinos en las casillas. La postura del PRI es que el resguardo del ejército evitaría el robo de urnas y acusaciones de fraude. Por su parte, los representantes de Morena manifiestan que no de haber militares resguardando las casillas porque no se ha demostrado en los hechos de que inhiban la violencia ni la ola de asesinatos. Días antes de este diferendo entre los partidos, el Obispo de la dioses Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza declaró que era inoportuno que soldados y marinos realicen labores de vigilancia, ni antes ni después de la elección porque sería como “amedrentar a la gente, meterle miedo”.
Hay varios casos de candidatos y candidatas en el estado que por cuestiones de seguridad no acuden a las comunidades por el riesgo de sufrir alguna agresión. Un gran número de estos aspirantes ha recibido amenazas, algunos prefieren mantener en secreto esta situación y muy pocos se deciden a realizar las denuncias ante las instancias competentes. Prefieren redoblar su seguridad desplazándose con personas armadas para repeler cualquier agresión. Otros candidatos optan por no visitar las comunidades y prefieren establecer reuniones en lugares más seguros. En muchos casos está la amenaza clara por parte de grupos de la delincuencia de impedir su entrada a determinadas comunidades. Hay algunos candidatos a presidentes municipales que han optado por salir de su municipio y refugiarse en otro lugar más seguro para instalar su centro de operaciones. Desde lejos realizan su campaña porque puede más el poder delincuencial.
Otra práctica recurrente que en el estado se ha normalizado son los narco mensajes que están recibiendo algunos candidatos. El lunes 18 de junio, de acuerdo con un reporte policiaco “amaneció” una narco amanta frente al palacio municipal de Tetipac en contra del candidato del PRI a la alcaldía Alberto Arce. El texto de la manta expresa con groserías de que la gente que apoye su candidatura les va a pasar algo, y le advierten al candidato “que tiene contadas las horas”. En la madrugada del sábado 23 de junio, de acuerdo con el informe policiaco fueron encontradas más de 10 coronas funerarias y dos narco mensajes afuera de las oficinas del comité directivo municipal del PRI en Acapulco. Los narco mensajes iban dirigidos a los “hermanos Granda”, uno de ellos, Carlos Granda, es candidato a diputado local por el distrito 06. Uno de los textos expresaba “ellos nos amenazan que si no vamos a sus eventos de sus partidos nos cobran el doble de cuota y nos matarán, ya estamos hartos, así que así será la ley de tailón, no es una advertencia ni amenaza es la realidad”. El texto lo firma “la ciudadanía de Acapulco”.
Por su parte, el gobernador del estado, Héctor Astudillo manifiesta que “la delincuencia se ha envalentonado” en Guerrero y en todo el país porque mata a los candidatos que (cree que no les va a servir). Confiesa que no se imaginó que la violencia llegara hasta donde ha llegado. Indicó que los focos rojos del estado son los municipios donde más incidencia delictiva se ha registrado “donde más presión tenemos de la delincuencia organizada hacia los candidatos”, sin embargo no especificó cuáles son esos municipios catalogados como de alto riesgo.
Para la magistrada presidenta de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Madeline Otálora, ante este clima de violencia que ahoga el país expresó que hay “manos criminales que están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quién deben o no estar en la boleta electoral”. Ante los 120 crímenes de políticos reportados por Etellekt remarcó que la “democracia y el estado de derecho son dos caras de una misma moneda y en estas elecciones ambas están a prueba, de ahí la importancia de reforzar las actividades de las instituciones del Estado mexicano”. Por lo mismo las autoridades enfrentan un gran desafío ante la violencia creciente. Para el experto en seguridad democrática, Ernesto López Portillo, mientras prevalezca el “ambiente de impunidad que padecemos y se tengan procuradurías y fiscalías que no sirven, con un sistema de justicia colapsado, será imposible conocer con certeza el móvil de los homicidios”. Su hipótesis sobre estos crímenes se focaliza en la disputa de la toma del poder por parte de la delincuencia organizada en varias regiones y municipios. Para el académico el crimen organizado en otros momentos no necesitaba a tacar el poder público, porque nació al amparo de esta instancia, además había acuerdos establecidos para el negocio de las drogas. Ante un “contexto de tolerancia y permisividad se ha transitado a una nueva etapa donde el crimen organizado está dispuesto a utilizar la violencia homicida para controlar el poder”. Hay la tendencia de que nuevas organizaciones criminales tratan de coptar al Estado o quieren cambiar la correlación de fuerzas dentro de los mimos grupos políticos. Los crímenes contra algunos candidatos no necesariamente tienen su origen dentro grupos delincuenciales, sin embargo esta disputa no está ajena a la lucha por el poder, donde los mismos grupos delincuenciales tienen intereses o preferencias por determinados candidatos. En las regiones y municipios donde se ha incrementado la violencia lo más probable es que existe una disputa férrea entre las organizaciones delincuenciales por las candidaturas, que al final salen a relucir como un ajuste de cuentas. Esta misma expresión de la violencia puede tener como fin ejercer presión entre los grupos políticos para establecer un pacto y llegar a un entendimiento. Esta situación que se ha desbordado al extremo de que se atenta con la vida misma de los candidatos, obliga a las autoridades y a los mismos partidos políticos a actuar con gran responsabilidad y dejar de ser parte de este entramado delincuencial. Esta situación está siendo trizas a una partidocracia, que ya no le da su capital político para ganarse limpiamente la voluntad popular. Los intereses facciosos de las elites y de las mismas tribus partidistas han colapsado el sistema de partidos, al grado que ningún partido político puede arriesgarse a ir solo a la contienda electoral. Hoy han optado por las coaliciones políticas que es una mescolanza de intereses económicos y políticos, muy lejanos de las posturas ideológicas con el fin mezquino de ganar parcelas del poder político. Este gatopardismo no es un más que un gatopartidismo que esconde intereses de grupo que lamentablemente muchos empatan con los negocios del crimen organizado. Por esa razón se ha perdido el rumbo y la tormenta de la violencia amenaza con desmovilizar al electorado desalentando su participación. Los mismos partidos políticos y sus candidatos se han empeñado en torpedear este proceso. La guerra sucia protagonizada por quienes disputan las candidaturas con el fin de denostar a sus adversarios debilitan más esta contienda electoral. La denostación y el bajo nivel de propuestas de las candidatas y candidatos son factores que empobrecen el debate político y demeritan el cargo que quieren ostentar. Esta crisis de gobernabilidad fue atizada por las mismas instituciones políticas que han prostituido el poder público y nos han colocado en esta disyuntiva de que los candidatos y candidatas sean víctimas de la violencia o tengan que negociar con la delincuencia. Son los signos ominosos de una contienda electoral que con la participación decidida de las ciudadanas y ciudadanos puede marcar la diferencia para liberarnos de esta red delincuencial que busca afianzarse en el poder público.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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Fotografía: Internet
