Por: Diego Barrera. RECPSUR. 07/12/2017
Y el pobre pajarillo trinaba tan feliz sobre el anillo feroz de una culebra mapaná. Mientras que en un papayo reía gravemente un guacamayo bisojo y medio cínico: – ¡Cuá cuá!
Luis Carlos López
En la literatura es común el término del locus amoenus que viene del latín: “lugar idílico” o “lugar ameno”, cercano a la tranquilidad y seguridad, tópico literario que refiere a un lugar idealizado. Un locus amoenus es prácticamente un terreno bello: edenizado, próximo a lo que han puesto el concepto de paz. Desde un inicio, en el marco de los diálogos, supimos que la paz no era, ni será, un estado de transición inmediata y sonriente. Sabíamos que las contradicciones sociales y la lucha de clase se mantenían en un Estado que por muchos lustros ha tomado una posición marginal y excluyente. El lugar ameno e idílico sólo ha figurado, con sonrisas y cocteles de la zona T, en los escritorios tecnócratas y céntricos de la llamadas ciudades “cosmopolitas”, lejano de la realidad territorial, de la “Colombia profunda” o abierta por el corte que a lomo de mula se transita, tan profunda como “el río y el amor”, así lo expresaría un amigo que recorre la región olvidada del Caquetá.
Quienes nos animamos por los avances del proceso de paz apoyamos las consideraciones de cambio, por ejemplo, en el escenario del nuevo Derecho, para que atendieran las especificidades del conflicto armado colombiano y su tránsito a la finalización. El encuentro de nuevas ponderaciones entre paz, justicia y reparación, necesarias para garantizar una paz estable, duradera y con justicia social, son fundamentales siempre y cuando estén en tránsito de consolidar un sistema integral de no repetición y con bases sólidas suscritas en la verdad. Entendimos que el proceso de diálogo y futura paz aporta al crecimiento de Colombia y la humanidad, porque si avanza nuestro territorio, avanza el mundo; el poeta inglés John Donne, nos recordaría: “(…) me encuentro unido a toda la humanidad (…)”, por lo que cada hechos de vanguardia en nuestro territorio es una contribución, un grano de arena a la gran playa movible de la vida. Por lo tanto hablar de paz debe significar el alcance del Derecho Síntesis, de la categoría plena y garantista en todas las personas, de la totalidad de sus derechos humanos fundamentados en armonía real con los territorios. Situación que seguimos anhelando.
Creyeron los “redentores” que la relación de paz se entendía en la transmisión oral, y descubrimos a mercenarios y charlatanes alimentándose de ella. Observamos cómo “altruistas” alardeaban desde sus oficinas la consolidación pacífica en regiones donde la desigualdad duplica la media nacional. Fuimos testigos de la cadena de favores y aumento de burocracia que trajo la transición pacificadora (institucional) proporcional al aumento en la tasa de pobreza multidimensional, que no es otra cosa que la inanición, extrema por lo demás. Armaron cenáculos políticos para “oponerse” a la implementación, concurrimos como testigos a la ignominiosa actitud que entre cuadrillas politiqueras prepararon para retirarse de los debates: dando la espalda al país, a la “Colombia de a pie”. Pasamos del “lugar idílico” de la paz, representada en un botón que adorna una bonita camisa blanca: del locus amoenus al locus terribilis, al horror y desprecios por los más pobres; por los que aguardan en la profundidad de la selva la llegada de políticas públicas que obligatoriamente debe extender el Estado. Hemos sentido la amarga experiencia de estar en manos de quien nos han invilisibilizado por años, en manos de quienes reparten sin vergüenza los rubros destinados a la satisfacción de las necesidades, la implementación.
“2017 será recordado en la historia como el año en que se puso fin a un conflicto armado que duró más de cinco décadas y produjo 8’530.000 víctimas entre ellas cerca de 250.000 muertos la inmensa mayoría civiles indefensos” (Valencia et al., 2017, p. 8); año en donde observamos la voluntad irrestricta de la guerrilla de las FARC-EP por cumplir con lo acordado, pero también será memorable por destapar el monstruo terribilis del olvido estatal al no consolidar los acuerdos firmados tras el “fast track”.
Para finalizar, dos ideas sería, en mi opinión, esenciales para entender el devenir social. Primero, la paz debe comprenderse como un río fuerte que arrastra conquistas populares, vindicaciones a preservar. En gran medida la lucha es por preservar la conquista de los acuerdos que materializan parte de la paz: que no es fácil en las condiciones que tenemos; y segundo, los últimos hechos nos muestra que la paz debe transitar con dos proyectos: por un lado un proyecto nacional que viene de nuestra tradición movilizadora por la solución dialogada al conflicto armado y la consolidación de una paz estable, duradera y con justicia social; y el otro un proyecto de sociedad que debe dar cuenta de los cambios que la historia nos trae y que nos exige un tipo de sociedad capaz de defender la paz para desarrollarnos en las condiciones propias, para vencer ese locus terribilis impuesto por la clase elitista del país.
Nota 1: el pasado 04 de noviembre de 2017 se conmemoró 6 años de la muerte de Guillermo León Sáenz Vargas, más conocido como Alfonso Cano, considerado el constructor de la paz. Asesinado en estado de indefensión, ciego y sin armas, por el Estado. Ahora que se hablan de actos de reconciliación y perdón sería interesante un reconocimiento en su memoria.
Nota 2: en el informe sobre la “Ley 1820 de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales y otras Disposiciones”, elaborado por la Corporación Solidaridad Jurídica (27 de noviembre de 2017): “Dilaciones, Fisuras y Omisiones”, a un año de firmado el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional, expresan que: “dicho procedimiento continúa presentando serias dificultades para su cumplimiento efectivo” (p. 4). Por ejemplo: “el 70% de las personas privadas de la libertad y reconocidas por las FARC-EP, no han sido vinculadas al proceso por delitos de rebelión o conexos, sino, en muchos casos, por delitos comunes que no son incluidos en los delitos amnistiables” (p. 5). Actualmente “726 prisioneras y prisioneros políticos [de las FARC], casi un 30%” (p. 14), se encuentran privadas de la libertad sin oportunidad de disfrutar lo pactado.
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Fotografía: RECPSUR
