El fondo siempre puede estar más abajo.

El fondo siempre puede estar más abajo. Esta frase puede representar de manera gráfica lo que ha sucedido con la economía en este período de Gobierno.

Han sido varios los momentos en que se ha anunciado el punto de inflexión de la actividad y también muchas las decepciones al constatar que dicho repunte no se cumple. Si bien parte de la caída se debe al fin del denominado súper ciclo del cobre, parte no menor se justifica en las decisiones de política económica interna.

Como muestra de los anterior se puede mencionar las pésima reforma tributaria, la que tuvo que modificarse incluso antes de ser implementada, pero las cosas no quedaron ahí. Esta reforma no solamente está recaudando menos de lo proyectado, sino que ha generado incentivos que van en dirección contraria a la inversión.

Así, también, las llamadas reformas estructurales han generado un nivel de incertidumbre en su discusión que, sin duda, va más allá de lo que realmente se alcanzó en concreto. En este sentido, la reforma laboral no ha sido más que una reforma sindical. La reforma educacional, más necesaria que cualquier otra, pero enfocada de mala manera, no ha sido lo que el país requiere y, hasta el momento, ni a nivel escolar ni superior tenemos certezas de su operación en el mediano y largo plazo. Por último, el llamado a una nueva Constitución ha sido un buen ejercicio comunicacional con poco impacto en los contenidos.

En la actualidad la situación económica del país va en sentido contrario a lo que muestra el resto del mundo, el cual ha mantenido una constante aceleración, proyectándose un 3.6% para este año y un 3.7% para el año 2018. En el caso de Chile, las proyecciones cada día se revisan a la baja, llegando a situarse en un rango de 1.2% a 1.5%, lo que es menos de la mitad del índice mundial. Para el próximo año el rango está en torno a 2% y 3%, influenciado fuertemente por la expectativa de un cambio político.

Al analizar en detalle los distintos componentes macroeconómicos, no podemos dejar de preocuparnos por la tasa de ahorro, la cual ya se encuentra en menos de 20% del PIB. ¿Y por qué nos deberíamos preocupar del ahorro nacional? La respuesta más obvia es porque dicho ahorro es la base para la inversión interna. En segundo lugar, porque, de no existir ahorro interno, debemos endeudarnos para cumplir con los compromisos contraídos. La suma de ambas respuestas debe hacernos reflexionar en torno a lo que ocurre en la actualidad y lo que se viene.

Sabemos, además, que endeudarnos tiene un límite y cada vez es más costoso hacerlo. También sabemos que dichos flujos resultan altamente volátiles y por lo general dejan de estar disponibles cuando más se necesitan. Es por ello que la rebaja en la clasificación de riesgo de nuestra economía es tan grave, no es solo un asunto de prestigio, es un asunto demasiado concreto para dejarlo pasar así no más.

La rebaja en la clasificación de riesgo no fue una noticia que llegó por sorpresa, la autoridad fiscal sabía que la aceleración de la deuda acumulada, combinada con bajos ingresos, no hacía aconsejable continuar comprometiendo más gasto público, pero se desoyeron todos los llamados de atención.

Si bien al actual ministro le ha tocado desenredar una madeja compleja heredada de su antecesor, quien no tuvo reparos en llevar la política fiscal al límite y arriesgar lo alcanzado en un largo período de disciplina, también es cierto que lleva un par de años en su cargo y algo podría haber realizado para, al menos, contener el exceso de gasto y traducir las malas cifras económicas en menor déficit público, evitando así comprometer el futuro de las finanzas del Estado, fundamentalmente la responsabilidad fiscal y la confianza en sus compromisos.

Quedan aún dos instancias relevantes para este Gobierno en materia fiscal. La primera es el anunciado proyecto de pensiones; el segundo es la tramitación del presupuesto para el próximo año. Aquí podremos ver cuán comprometida está la autoridad pública con las finanzas de largo plazo del país y su responsabilidad política con la estabilidad financiera del Estado.