Por: Lado B. 28/06/2025
Este viernes 19 de junio se llevó a cabo un foro para discutir la iniciativa de Ley de Ciberasedio. A manera de editorial compartimos el posicionamineto de nuestro co director Ernesto Aroche, en el que advierte el riesgo de volver al pasado en el que la injuria y sus sinónimos como delito puede ser una herramienta para encarcelar periodistas, como pasó con Lydia Cacho.
No sé si estamos ante un ejercicio real del que saldrán insumos para debatir, reformar y puntualizar los dos artículos polémicos de las reformas que recién aprobó el Congreso. Y no lo sé porque se trata de un ejercicio en el que estamos a partir de la decisión de un gobernador, no de las 41 personas que encarnan el poder legislativo en este momento. Y no lo sé porque se ha defendido públicamente por los entes de gobierno que se trata de una iniciativa que no atenta contra la libertad de expresión pero en los hechos nace en medio de un conflicto entre el gabinete y una cuenta anónima que tiene de cabeza al gobierno del estado.
No lo sé, pero acá estamos.
Mucho se ha dicho que se escuchó a padres y madres de familia preocupados por el acoso digital entre el momento en que se presentó la iniciativa por el hoy coordinador de gabinete y su aprobación, pero no se discutió el tema con organizaciones de la sociedad civil organizada, con activistas de los derechos humanos y con periodistas, porque el paquete de reformas también incluye la sanción al espionaje digital, y ahí la afectación no es solo al estudiantado sino a muchos de los grupos citados, no se nos olvide que desde el propio gobierno usaron programas informáticos de las empresas NSO Group o Hacking Team y otras más para seguir y espiar a voces incómodas.
Dice el artículo en cuestión: “Comete el delito de espionaje digital la persona que a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, acceda a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legítimo titular o propietario a efecto de conocer u obtener sus datos o cualquier tipo de información o documentos personales.”
En ese punto, hasta donde podemos tener certeza quienes nos dedicamos al periodismo en general y a la investigación en particular, que la posesión de documentos entregados por personas filtradoras no serán el boleto de ida sin retorno a una acusación de espionaje digital.
Ahora, dejenme recordar una historia que ocurrió hace 20 años, cuando el empresario Kamel Nacif denunció a la periodista Lydia Cacho por difamación y calumnias por la información publicada en el libro Los Demonios del Edén, en donde se establece las relaciones de Kamel con redes de abuso y pornografía infantil. Hace unos días se integró a la legislación poblana una reedición de lo que podríamos encuadrar como delitos del honor.
Y pongo el foco en las palabras que usó el Congreso: “insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar”
Veamos que nos dice la Real Academia del Español (RAE) sobre el significado del verbo injuriar. De acuerdo con la institución injuriar es “agraviar o ultrajar con obras o palabras”. Y entre los sinónimos la RAE ubica a los verbos difamar y calumniar.
Veamos ahora la palabra Agraviar, según la RAE se trata de una ofensa a la fama o al honor de alguien. Y entre los sinónimos encontramos también a la injuria. Parece que el listado de palabras que el Congreso utilizó para castigar el asedio o acoso es una serpiente que se muerde la cola y que nos regresa al pasado. A ese momento de hace 20 años en que una periodista terminó encarcelada y torturada porque un empresario se sintió ofendido, injuriado o agraviado, y seguro sintió un daño o menoscabo en su integridad emocional.
Y no dudó en llamar a su amigo, el entonces gobernador Mario Marín, para que lo ayudara a castigar a la periodista con cárcel y coscorrones.
Si nada cambia en los artículos polémicos estaremos regresando al pasado, en donde el uso de la injuria y sus sinónimos como delito puede ser una herramienta para encarcelar periodistas, como pasó, no se nos olvide, con Lydia Cacho. Si dejamos pasar eso será la prueba clara de que como sociedad no hemos aprendido nada en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas.
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Fotografía: La dobe