Jorge Salazar García. 14/01/24.
Conocido es el modus operandi de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial Mexicanos cuando hacen cumplir la Ley por consigna. Aparentan ser sumamente cuidadosos del estado de Derecho, sobre todo cuando los indiciados son opositores críticos del Sistema político vigente. Si además de ser pobre, campesino e indígena y el sujeto milita en una organización de izquierda, entonces el caso toma un cariz trágico. De hecho, sus derechos humanos dejan de existir. Eso lo constatan la comisiones que supuestamente defienden tales derechos, dado que les esta vedado atender casos laborales. Sólo después de una larga y tortuosa lucha de denuncia pública, las transgresiones estatales logran hacerse visibles. Tratándose de luchadores sociales el lento proceder de las Comisiones de Derechos Humanos, pasa a ser parte de la maquinaria burocrática de la represión. Con el Poder Judicial de aliado, la consigna de venganza, ablandamiento o escarmiento se va cumpliendo inexorablemente sobre el procesado, amigos y familiares.
A quienes peor les va es a los defensores de tierras y recursos naturales. De facto, el Estado anula su libertad, seguridad e integridad. Peor les va si su respuesta es la resistencia organizada, pues les aplican los manuales de contrainsurgencia encarcelándolos, torturándolos secuestrándolos, ejecutándolos y desapareciéndolos. Eso sufrieron EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ, oaxaqueños miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario, secuestrados por militares en 2007, siendo gobernador Ulises Ruiz, (PRI), y Felipe Calderón, (PAN), presidente. Dos sátrapas sanguinarios que siguen libres, impunes y enriquecidos sin medida.
A partir de la llegada de AMLO a la presidencia, familiares y víctimas han recibido un trato menos inhumano; sin embargo, la esperanza de que el sistema de justicia cambie, se diluye penosamente. Aquel diagnóstico, (13/08/20), del fiscal Gertz Manero, de que el 99% de delitos cometidos en el país QUEDAN impunes, persiste. Lo prueban, precisamente, los casos mencionados. El “fiscal Imperial”*, se negó a cumplir la resolución 29/2014-33/2014, donde se ordena abrir los cuarteles e investigar a las autoridades involucradas. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia. Allí, en julio de 2022, la Ministra Ana Margarita Ríos, presidenta de la primera sala, confirmó la sentencia pero, aún así, la impunidad de Calderón y militares permanece intacta, los familiares sin justicia, y Edmundo y Gabriel, desaparecidos.
Su actuar, sin duda, obedece a una consigna que define, en este rubro, la política de la 4T. La orden de arriba pareciera ser no tocar ni con el pétalo de una rosa a los militares. De otro modo no se entiende su tácita aceptación de qué el 98% de las denuncias nunca serán procesadas.
La pavorosa estadística de que el 99% de casos quedarán impunes es una cínica publicación de ese proceder criminal institucionalizado. Por supuesto, esta es la norma, principalmente en aquellos lugares donde hay caciques e intereses económicos que proteger. En tales zonas se multiplican los espionajes, cuarteles, operativos, secuestros, ejecuciones y desapariciones forzadas como parte de esa guerra de baja intensidad importada del pentágono. Acierta Robert Nozick en su obra, “Anarquía, Estado y Utopía“, cuando dice que “cualquiera que moleste al poder puede ser reprimido, multado, difamado, masacrado, aporreado, condenado, burlado, ultrajado, deshonrado. Éste es el gobierno; ésta es su justicia; ésta es su moral”.
Lo mismo sucede con Higinio Bustos, campesino, miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, (FNLS), secuestrado el 3 mayo de 2021 en la comunidad de Terrerillos; Chicontepec, Veracruz. Doce sujetos vestidos de civil, sin presentar orden de aprensión ni identificación, descendieron de una camioneta blanca sin placas y portando armas de alto calibre. Ese mismo día fue trasladado a la fiscalía de Tantoyuca. Posteriormente se le remitió al CEREZO de ese lugar, siendo acusado de haber asesinado, en 2008, a un militar activo, infiltrado como espía en las comunidades. Todo su proceso ha estado rodeado de irregularidades, contradicciones y evidentes falsedades convirtiéndolo en un preso de conciencia.
El primero de mayo de 2023, sus compañeros realizaron una marcha exigiendo su liberación. Esto molestó al gobernador Cuitláhuac y le activó su mala entraña; tanto que ordenó trasladar a Higinio, (es una de sus facultades), al CEREZO de Coatzacoalcos; lejos de Tantoyuca, lejos de su familia. Además, a casi un año de plantón en la plaza Lerdo, sus compañeros y familiares, no han sido atendidos por este sujeto cuya prioridad son las campañas políticas y la pachanga.
El 8 de diciembre pasado se le dictó sentencia a Higinio Bustos. Fue condenado a purgar 20 años de prisión y al pago de multas por alrededor de 80 mil pesos. Dicha resolución será impugnada por su abogado, quien antepondrá el recurso de apelación correspondiente en la ciudad Xalapa; lugar donde sus compañero mantienen el plantón desde hace ya 11 meses. En este sentido, debe aclararse que el sostenimiento de su permanencia en esta capital es posible gracias a que las comunidades, turnándose, envían a miembros del FLSN con mínimos recursos de subsistencia, más los “boteos” diarios y a la solidaridad social.
Revisando los autos de la causa penal 5/2011, pueden evidenciarse la parcialidad, falta de transparencia y la evidente manipulación de las declaraciones testimoniales. Por esta razón, su hijo Ricardo Bustos, en entrevista informó que continuarán demandando su liberación incondicional y realizando actividades informativas y culturales. Al pedirle su opinión sobre la sentencia, expresó que es una especie de escarmiento debido a que insisten en luchar, organizándose de manera independiente. “Contradecimos al ejecutivo federal de que como hay una transformación en el país no hay necesidad de organizarse. Me imagino que es un modo de detener la lucha del FNLS. Son las mismas prácticas represivas de los sexenios anteriores del PRIAN”.
¿Tienes esperanza de que sea liberado?
– Ya no queda duda de que su encarcelamiento fue por motivos políticos. Tenemos esperanza de que obtendrá su libertad, ya que desde el primer amparo se demostró la inocencia de mi padre.
* Titulo del libro de J. Jesús Lemus, quién hoy denuncia ser perseguido y amenazado otra vez desde el poder. En 2008, Calderón lo secuestró, encerró y torturó por haber señalado nexos de sus familiares con el narco de Michoacán.
