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Ya nada es igual

por RedaccionA octubre 9, 2022
octubre 9, 2022
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Por: TLACHINOLLAN. 09/10/2022

Toparnos con la cerrazón del ejército y con las pésimas actuaciones de la fiscalía general de la república han sido las pruebas más duras que como madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, enfrentamos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los 4 años de intensas batallas, Enrique Peña Nieto se empeñó en destruir nuestras vidas con su falsa versión de la verdad histórica. Torturaron a los detenidos para que se auto inculparan y se encargaran de describir las atrocidades que cometieron contra nuestros hijos. Nos taladraron el alma, nos desangraron y nos colocaron al borde de la exasperación. No pudieron vencernos. Nuestro amor inquebrantable y nuestro afán de justicia nos mantienen con gran firmeza y en pie de lucha. La solidaridad de innumerables organizaciones nos reanimó y nos ayudaron a cruzar el pantano de la muerte.

El informe que presentó Alejandro Encinas, desenmascaró la urdimbre delincuencial que se teje al interior de los gobiernos federal y estatal. Las autoridades civiles y militares de Guerrero trabajan coordinadamente desde hace décadas, no para proteger la vida de los ciudadanos y ciudadanas, sino para destruir a quienes consideran sus enemigos, para afianzar los intereses económicos de los caciques y los capos de la delincuencia. Los actores armados del estado se han especializado en la guerra sucia. Son expertos en desaparecer a luchadores sociales y a quienes consideran una amenaza para el gobierno. Para nosotros no fue una novedad que el informe señalara a miembros del ejército como responsables de la desaparición de nuestros 43 hijos.

Desde un inicio dijimos que era un crimen de estado, sin embargo, los políticos guardaron silencio y hasta se unieron para encubrir a los criminales. Enterraron en nuestro corazón la daga de los horrores que cometieron contra nuestros hijos. Nos desquiciaron los actos perversos de los políticos mal nacidos y de los policías asesinos. Quedaron evidenciados los guachos que siempre han estado coludidos con los jefes de las bandas criminales para desaparecer y enterrar en fosas clandestinas a personas inocentes.

El oro y la droga que se vende en Iguala y que se lleva a Chicago, Atlanta y Nueva York es un negocio bien armado entre políticos y delincuentes, que son de la misma calaña. Por décadas los caciques abrieron rutas nacionales e internacionales, con sus autobuses y camiones de carga para asegurar la droga que se procesa en la sierra. Es una calamidad padecer el flagelo de la delincuencia que controla las policías y las presidencias municipales. José Luis Abarca es el clásico político guerrerense que se encumbra en el poder con la protección y apoyo de los caciques, los militares y los jefes de la delincuencia. En Iguala los guerreros unidos desplazaron a los rojos, para tomar el control de la zona norte hasta Cuernavaca Morelos. Eso lo lograron con el apoyo de los caciques, el ejército, los policías de varios municipios, los ministeriales y la entonces procuraduría del estado. Hasta la fecha las autoridades federales no se atreven a desmantelar estas redes criminales. Continúan las desapariciones, los asesinatos, los periodistas desplazados y privados de la vida. Las mismas empresas mineras se han beneficiado del crimen organizado para pactar con los criminales y asegurar sus mega negocios en los municipios de Cocula, Teloloapan y Eduardo Neri.

No entendemos por qué se sigue protegiendo tanto a los delincuentes como a los que armaron la verdad histórica y que están dentro de la fiscalía general. También quisiéramos saber porque se protege tanto al ejército. En Guerrero sabemos todo lo que han hecho y ningún gobierno los castigo. Ahora con Andrés Manuel les dieron más poder y más dinero. El mismo general Crescencio ya se engalló más. Apenas dijo que el ejército vela por la seguridad nacional y la unión de los mexicanos y que los que defendemos nuestros derechos tenemos intereses y ambiciones personales. Que queremos desprestigiarlos para que la gente ya no confíe en ellos. Dice que el ejército y la guardia nacional tienen como misión respetar los derechos humanos. Pero entonces por qué no quieren que se investigue al ejército. Por qué se niegan a proporcionar toda la información que tienen y por qué no cumplen con el compromiso que asumieron de colaborar con la comisión de Ayotzinapa brindado toda la información que hay en sus archivos.

Como madres y padres de los 43 normalistas vemos que hay enojo del ejército. Nosotros somos los que estamos ofendidos por todo le que hicieron con nuestros hijos. No nos pueden impedir que protestemos y que manifestemos nuestro dolor y nuestro coraje. No vamos a permitir que la fiscalía general pisotee nuestros derechos, que ellos mismos se pongan del lado de quienes tienen órdenes de aprehensión. ¿Por qué ante el reclamo del general Crescencio de que hay personajes interesados en afectar la imagen de las fuerzas armadas, a los tres días se da el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los militares?

¿Queremos saber qué interese defienden los funcionarios de la fiscalía que pidieron que se cancelaran las órdenes de aprehensión contra 16 militares y contra los ex funcionarios de Guerrero como Iñaki y Lambertina? Con esto vemos que no se quiere avanzar en las investigaciones y mucho menos detener a los militares. ¿Dónde está el compromiso con nuestros derechos humanos?

Ahora el presidente dice que en nuestro movimiento hay infiltrados, que hay intereses ajenos que pretenden desestabilizar su gobierno. Estamos realmente preocupados, porque más bien vemos que muchos quieren descalificar nuestras protestas, para que no se haga visible nuestro enojo. En verdad estamos muy molestos porque la fiscalía nos ha pegado con la puerta en la cara al cancelar las órdenes de aprehensión. Ni siquiera se toman la molestia de explicarnos por qué lo hicieron. El fiscal siempre nos ha ignorado. Vemos que hay intereses políticos muy grandes que obliga a los funcionarios de la vieja procuraduría, a maniobrar de manera sucia para que no metan a la cárcel a los militares ni a los funcionarios que tienen órdenes de aprehensión.

Ya nada es igual en nuestra vida desde que desaparecieron a nuestros 43 hijos. Dejamos a nuestras familias y parcelas, perdimos a 3 papás y una mamá. Nos han golpeado los políticos con sus desprecios y traiciones, y las enfermedades nos quieren tumbar. Aunque se inunden nuestras casas con las lluvias y se agrieten nuestras paredes por los temblores no dejaremos de luchar, hasta saber dónde están nuestros amados hijos.

Publicado originalmente en la Jornada

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Tlachinollan

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