Por: Antonio Garrigues Walker. Ethic. 29/10/2019
No podemos aceptar por principio el derecho a mentir que al parecer solo corresponde, y además por derecho propio, al estamento político.
La creación de nuevos derechos guarda relación en la mayoría de los casos con acontecimientos significativos o la aparición de nuevas realidades o situaciones que requieren ser reguladas.
La conjunción de una serie de desastres ecológicos motivaron que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo en 1972, se pusiera de manifiesto la necesidad de dar forma a un derecho medioambiental que tuviera como objetivos la lucha contra la contaminación, la preservación dela biodiversidad, y la protección de los recursos naturales. El desastre de Chernóbil en 1986 como consecuencia del sobrecalentamiento del reactor nuclear provocó la muerte de 31 personas, la evacuación de 116.000 personas y la radiación provocó cáncer de tiroides a miles de personas especialmente niños. El escape de gas tóxico en 1984 en una fábrica de pesticidas en la India, mató a más de 15.000 personas y causó daños de diverso género a más de 450.000 personas. Otros accidentes nucleares como Fukushima, Tokaimura en Japón, la nube tóxica de Seveso, los múltiples derrames petroleros y la desaparición del mar de Aral, por mencionar solo los más dañinos, han ido incrementado la sensibilidad sobre el medio ambiente y mejorando las regulaciones legales que han tenido un desarrollo espectacular con la colaboración de distintas ópticas profesionales. El reciente plan de Merkel para una economía verde, con una aportación que puede superar incluso los 50.000 millones de euros, demuestra la presión de la ciudadanía.
La creación de un derecho a la verdad que ahora se propone, guarda relación con el claro predominio de las noticias falsas sobre las verdaderas, una realidad incuestionable que tiene una clara tendencia a ir empeorando de forma acelerada como consecuencia de la evolución de las redes sociales y los avances tecnológicos.
«El mundo jurídico tiene que vertebrar un derecho a la verdad específico que confiera a los ciudadanos e instituciones capacidad de defensa ante un peligro»
El mundo jurídico no puede ignorar esta realidad. Tiene que vertebrar un derecho específico que confiera a los ciudadanos y a las instituciones la capacidad de defensa ante una situación en la que pueden estar en peligro valores decisivos y conocimientos vitales. Se trataría, en resumen, de proteger el medio ambiente cultural y evitar así daños que podrían ser –a otro nivel– tan graves y profundos como los que generan los desastres ecológicos.
No va a ser una tarea fácil. Requerirá, como en el caso del medio ambiente, la colaboración de especialistas y expertos, primero para definir el objetivo y después, para diseñar un sistema para alcanzarlo y protegerlo. El propio concepto del derecho a la verdad, habrá que dimensionarlo adecuadamente para evitar el debate imposible sobre lo que es y no es verdad. De lo que se trata realmente es del derecho a no ser engañado.
Un ejemplo recurrente: cuando se cifra el número de asistentes a una manifestación, los números que facilitan las distintas fuentes son, por regla general, sustancialmente diferentes y ello es debido a unas diferencias ideológicas, políticas u otras que les inducen a maximizar o minimizar la presencia a un determinado acto. Los que así actúan son conscientes de que sus cifras son falsas y la ciudadanía por su parte acaba pensando que una cifra intermedia sería la correcta.
«Pongámonos a ello. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado ya una ley contra las noticias falsas en los procesos electorales.»
Aunque el tema parezca irrelevante no debemos seguir por este camino. Hay que exigir un mínimo de rigor porque de otro modo daríamos validez a un comportamiento deshonesto y un mal ejemplo que ya empieza a generalizarse en otros temas. No podemos aceptar por principio el derecho a mentir que al parecer solo corresponde, y además por derecho propio, al estamento político de acuerdo con las amplias e intensas bases intelectuales que les proporcionó Maquiavelo y que Henry Kissinger ha simplificado diciendo que el Estado posee una moral distinta de la del ciudadano.
Todo parece conducirnos, en definitiva, asumir como inevitable, que las noticias falsas van a formar parte integral de nuestra vida y que la cosa no tiene mayor importancia. Rechacemos con energía y dignidad esta forma de pensar y sin caer en planteamientos utópicos, creemos un nuevo derecho, ya decidiremos el nombre, que castigue este género de noticias cuyos efectos sobre la calidad democrática, la convivencia social y la salud económica, han estudiado con seriedad muchos autores y entre ellos, David Alandete (Fake news, la nueva arma de destrucción masiva) y Marc Amoros (Fake news, la verdad de las noticias falsas).
Pongámonos a la tarea. El mundo jurídico español tiene que asumir su responsabilidad. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado ya una ley contra las noticias falsas en los procesos electorales porque son procesos en los que se ha demostrado en la última década la incidencia grave y aún decisiva de manipulaciones informativas en todos los comicios que se han celebrado. Es un tema decisivo para el futuro de la democracia. No se puede frivolizar. Podemos aniquilar, sin darnos cuenta, el peor de los sistemas políticos excluidos todos los demás, como lo definió Winston Churchill.
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Fotografía: Ethic
