Por: Tania Meza, reportera; María Luisa López, mentoría. 27/06/2023
El velorio de Karla Olarte se realizó en el mismo espacio al que acudía a consulta médica. Ahí, donde también recibía en ocasiones despensa alimenticia o algunos de los hijos de sus amigas toman alguna clase. El mismo donde otras compañeras tramitan sus tarjetas para ejercer, dentro de un marco legal, el trabajo sexual.
Este lugar, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), es la oficina de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, una organización civil sin fines de lucro, apartidista y laica, que ha realizado durante más de 30 años actividades de apoyo a mujeres que realizan trabajo sexual, especialmente indígenas y migrantes.
Karla Olarte era una trabajadora sexual. Su “punto”, como suelen referirse ellas a la zona de trabajo, estaba cerca del Metro Revolución. Su muerte sorprendió a las integrantes de la Brigada Callejera el pasado lunes 6 de marzo. “Karlita”, como le siguen llamando con afecto sus compañeras del colectivo, era una mujer trans de origen hondureño que salió de su país por las agresiones que recibía al no ocultar su identidad y expresión de género.
Durante su recorrido por Chiapas, Tijuana y Veracruz le robaron el teléfono y perdió los datos de contacto de su familia. No hubo forma de darle aviso sobre su deceso.
Llegó a la CDMX hace más de siete años, recuerda su expareja, Gabriel M., quien junto con amigos e integrantes de la familia por elección que conformó Karla en México, llegaron ese caluroso lunes de marzo a despedirla en la sede de la Brigada Callejera.
“Fui militar y vengo de familia desintegrada, de mamá abnegada y papá golpeador. Cuando la conocí (a Karla) me enamoré de ella. Era una persona muy linda. Me valía madre lo que dijera la gente. Vivimos juntos cinco años y fue muy bonito. Me ayudó a salir del problema de la drogadicción y sacar el rencor que le tenía a mi padre.
“Y, pues, sí, lo que le afectó mucho en su vida fueron sus modelantes. Ya no estábamos juntos, pero aún pude verla dos veces en el hospital donde falleció. Ya andaba muy mal. Duele, pero ya estaba sufriendo mucho. La segunda vez ya no me reconoció y necesitaba morfina”, comparte Gabriel M.
Karla era amante de los animales, tenía una iguana y más de 40 aves en su casa. Durante el último año ya no pudo cuidarlos. Ella necesitó ser cuidada.
Su iguana murió y todas las aves tuvieron que ser liberadas cuando no pudo volver a casa por complicaciones con su “modelante estético”, una técnica de transformación corporal en la que se utilizan materiales como silicona líquida y aceite mineral; incluso se puede utilizar parafina o vaselina líquida, así como aceite vegetal, grasa animal, derivados del petróleo, silicón industrial, aceite de oliva y hasta aceite de avión o automóvil, entre otros, para dar forma a caderas, glúteos, busto o rostro.
En México, este procedimiento es un problema de salud pública reconocido. De hecho, en junio de 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal capitalino para tipificar como delito la aplicación de una sustancia inadecuada y no autorizada que se utiliza como “modelante” en procedimientos estéticos y puede causar daño temporal o permanente a la salud porque “no es apta para el uso humano”. A quien incurra en esta conducta se le impondrá una pena de 6 a 8 años de prisión.
Cuando las lesiones por modelante se presentan o agravan por el uso de una sustancia no adecuada para la piel, es posible evitar consecuencias delicadas con un tratamiento médico serio y oportuno. No obstante, de acuerdo con diversos testimonios de trabajadoras sexuales consultadas, en particular mujeres trans, personal de instituciones públicas de salud les niega la atención médica con un solo argumento: “No sé trabajar eso”.
De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el trabajo sexual contempla diversas variantes y tipos de actividades que se pueden ejercer en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o, inclusive, vía internet. La diferencia entre el trabajo sexual y el delito de “trata de personas” radica en la autonomía con la cual mujeres y hombres deciden ejercer y ofrecer servicios sexuales y/o eróticos para obtener algún tipo de ingreso.
Institucional, gran parte de la violencia en su contra
Desde 2013, el trabajo sexual en la CDMX es considerado como “un trabajo no asalariado”, lo que otorga a trabajadoras y trabajadores sexuales la posibilidad de ejercerlo dentro de un marco legal, de forma libre y bajo condiciones equitativas o satisfactorias, sin abusos.
El aval jurídico de este derecho es la resolución del Juicio de Amparo 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, que obligó al gobierno capitalino a reconocer al servicio sexual, adulto, libre y voluntario, como “un trabajo constitucionalmente protegido”.
En el papel, el “castigo” y la estigmatización ya no existen para quienes ejercen el trabajo sexual; pero ese marco de derechos no siempre funciona en la realidad. De acuerdo con testimonios de integrantes de la Brigada Callejera, es ocasional que se dé la protección legal si reciben, por ejemplo, amenazas o extorsiones.
Las trabajadoras sexuales también enfrentan demasiados obstáculos para obtener el “tarjetón” o tarjeta que las acredita como tales; además de que pocas veces pueden tener acceso a apoyos diversos o atención médica por parte del gobierno, como sucedió en la situación de emergencia por la pandemia de covid-19.
Ese fue el caso de Karla, quien antes de ingresar al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), gracias al acuerdo que logró Brigada Callejera con dicha institución, tuvo que “peregrinar por varios hospitales a los que la llevamos, entre ellos el Hospital General, el Balbuena, el Gregorio Salas”, afirma Elvira Madrid, presidenta y fundadora de la asociación civil. “En ninguno la recibieron. Fue atendida un año después, hasta que se logró el acuerdo con el de Nutrición en 2021”.
La negativa de acceso a los servicios de salud se debe en gran medida a la estigmatización. Cuando Karla llegó a Nutrición, su condición ya era delicada. Pese a que se realizaron todos los estudios necesarios y recibió la atención adecuada, por solicitud suya, sólo pudo salir del hospital una vez a lo largo de un año. A los tres días, luego de una reinfección de la piel que alcanzaba a dañar los huesos, volvió a ser internada y ahí permaneció hasta su fallecimiento.
“Las compañeras trabajadoras sexuales, tanto cisgénero como transgénero, sufren mucho esa discriminación en los hospitales. Hay un estigma, primero, por su apariencia; luego, al decir en qué trabajan se acentúa el mal trato. No hay atención con respeto”, enfatiza Madrid.
De acuerdo con el informe “Indicadores de Violencia de Género en el Mundo Laboral de las Trabajadoras Sexuales en México (2006-2019)”, realizado por la Brigada Callejera, existen al menos 30 situaciones laborales que generan todo tipo de violencia hacia este grupo por diversos actores.
¿Quién ocupa el primer lugar entre los agresores? El 73% de las agresiones e impedimentos para ofrecer sus servicios proviene de la autoridades; el restante, de particulares, que pueden ser sus parejas, organizaciones delincuenciales e, incluso, vecinos que las denuncian y agreden, tanto física como verbalmente, en los puntos de trabajo.
Trabajar sin problemas ni corrupción
Gabriela es trabajadora sexual en la zona centro. También asiste al velorio de Karla ese caluroso lunes de marzo. Se autodefine como firme y segura, sin miedo a los cambios. Realiza servicio sexual desde hace 16 años en las calles del barrio de La Merced, una de las principales zonas donde se ejerce el oficio en la gran metrópoli. Junto con Claudia, recibe asesoría legal por parte de la Brigada Callejera.
Lideran y participan en mesas de negociación con autoridades por la disputa de su “punto” de trabajo con vendedores ambulantes, quienes en época de romerías extienden sobre las calles su zona de comercio, lo que supone el desplazamiento de las trabajadoras sexuales.
“Conforme pasan los años van apoderándose de más parte de la calle y, como (las autoridades) reciben más dinero, nos quieren quitar. Yo quiero trabajar sin problemas, que no haya más corrupción, que ya no esté la policía fuera de los hoteles esperando a que el cliente salga para amenazarlo o pedirle dinero; y, también, a nosotras.
“Que digan: son trabajadoras sexuales, merecen su espacio. Las vamos a dejar trabajar libres, sin que nadie las moleste: ambulantes o cualquier otro tipo de mafia, eso deseo”, expresa Gabriela mientras, de fondo, se escucha en la sede de la Brigada Callejera y de forma repetida: “Karlita, Karlita, Karlita”.
El eco del nombre de Karla Olarte resuena en la sede de la Brigada Callejera, un espacio donde ese 6 de marzo se abrieron las puertas para velar su cuerpo, vencido por el uso de modelantes que fueron rompiendo, literalmente, su cuerpo; primero, en su apariencia externa; después, afectendo internamente su cuerpo hasta llegar a una disfunción orgánica múltiple.
Elvira Madrid y otras de sus compañeras ríen a ratos recordando anécdotas vividas con Karla: “Era risa y amor”.
La Brigada Callejera ofrece a las trabajadoras sexuales las consultas médicas que les son posibles. En 2022 se brindaron 15 mil en la Ciudad de México y otras 10 mil en la zona fronteriza de Chiapas.
De acuerdo con datos de la Segunda Encuesta Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación, realizada por Copred en 2021, más de 50% de las personas trabajadoras sexuales acude a servicios médicos privados para atender algún padecimiento, 36% lo hace en algún servicio de salud público y 20% se automedica.
En la Brigada Callejera las trabajadoras sexuales pueden tomar cursos variados, entre ellos de salud sexual, asesoría legal; reciben despensas alimenticias y orientación en lo que requieran, además de consulta médica. A trabajadoras como Karla Olarte se les capacita o actualiza para reconocer y defender sus derechos; entre ellos, el respeto a su dignidad, pues como apunta la organización civil Amnistía Internacional, el de las personas trabajadoras sexuales sigue siendo uno de los grupos más marginados, estigmatizados y vulnerables en el mundo.
El reconocimiento legal al ejercicio de su trabajo en la CDMX, más allá del papel, es un punto de partida.
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Fotografía: Corriente alterna
