Por: Aníbal García Fernández y Silvina Romano. Celag. 11/10/2017
En marzo pasado, Trump firmó una Orden Ejecutiva[1] en la que se establece la reorganización de varias instituciones, entre ellas la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), para lograr “una mayor eficiencia, eficacia y responsabilidad”. Este 1° de octubre, entró en vigor el año fiscal 2018 en EEUU (octubre 2017- septiembre 2018) y se prevé que la USAID dispondrá en 2018 únicamente del 60% del presupuesto que tuvo en el año fiscal 2017. Andrew Natsios, ex director de USAID calificó como “desastre a largo plazo” la decisión de recortar presupuesto.[2] La prensa hegemónica postula que este recorte tendrá consecuencias importantes para América Latina y demuestra el desinterés de Trump por la región[3].
La alarma sobre la posible desaparición de la USAID corrió gracias a la filtración de un documento por parte de Foreign Policy,[4] donde se establecía el nuevo presupuesto, advirtiendo que los recortes para América Latina alcanzarían el 100% en programas de ayuda para el desarrollo, ayuda humanitaria y militar, incluso, para algunos países como Cuba, Brasil, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Esta alarma con respecto a lo que podría implicar la ausencia de la USAID, da cuenta del desconocimiento sobre la trayectoria de injerencia de esta agencia en cuestiones políticas, así como sus implicancias en asuntos de seguridad interna y la reproducción de una matriz de dependencia en materia de asistencia para el desarrollo[5]. En este sentido, es fundamental apuntar que junto con el recorte, Trump propone que las prioridades de USAID sean política exterior y geoestrategia, dejando a un lado la asistencia para el desarrollo –a menos que esté orientada a la política de seguridad nacional estadounidense. Este aparente “cambio de funciones” no es tal, pues la USAID, desde su creación opera muy vinculada a cuestiones de seguridad como parte de la estrategia de asistencia “para el desarrollo” [6].
¿Se va la USAID?
Dado que no existen datos aun para el año fiscal 2017 que nos permitan saber el presupuesto total asignado a los países de América Latina y el Caribe, los cálculos hechos respecto a la asistencia se basan en los de 2016. En ese año fiscal, los países que recibieron mayor financiamiento fueron Haití, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú y México, como se muestra en la Figura 1. En estos países, EEUU tiene principalmente proyectos referentes a la lucha al narcotráfico y reformas judiciales, control fronterizo, asistencia para el desarrollo, bases militares y contención de la migración. Estos proyectos se insertan en el esquema de la “guerra contra las drogas” institucionalizada en el Plan Colombia, Iniciativa Mérida e Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica (CARSI), que han generado múltiples controversias y críticas en cuanto a su aplicación, debido entre otras cuestiones, a la marcada militarización, el aumento de la violencia, el sistemático abuso a los Derechos Humanos y el quiebre del tejido social[7].
La USAID era la que hasta ahora manejaba aproximadamente el 80% de los recursos de EEUU para América Latina en asistencia para el desarrollo, pero no es la única. Entre las instituciones que tienen presencia en la región se encuentran los Departamentos de Agricultura, de Estado, el de Energía, los Cuerpos de Paz, Comercio y Desarrollo, Justicia, Tesoro, del Interior, así como el Homeland Security.
Como mencionábamos, el documento filtrado por Foreign Policy derivó en varios análisis que afirman que la USAID se retiraría de algunos países de la región. Sin embargo, ya iniciado el año fiscal 2018 y publicadas las asignaciones de recursos, es importante considerar lo que aprobó el Congreso estadunidense. Si bien el recorte es claro, no hubo tal salida de la USAID y demás instituciones. Los datos existentes hasta ahora del presupuesto para 2018 se pueden encontrar en foreignassistance.gov/
Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia: sin USAID
La Cámara Baja del Congreso de EEUU, en el documento State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Bill, 2018 de julio de 2017,[1] recomendaba destinar a Cuba 30 millones de dólares para promover la democracia y fortalecer la sociedad civil; mientras que proponía 8 millones para Venezuela. Sin embargo, según lo planteado en el presupuesto oficial para la asistencia en 2018, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, no tendrán recursos provenientes de la USAID, el Departamento de Estado u otra institución del gobierno estadounidense. La retirada de la asistencia bilateral puede ser leída en clave de los múltiples conflictos de estas agencias gubernamentales estadounidenses con las administraciones de cada uno de esos países y que no indica la ausencia de intereses privados y públicos en tales espacios, tal como lo muestra la permanente “preocupación” por Venezuela[2], o las políticas de Trump para Cuba[3] .
Colombia y México
Siguiendo el presupuesto oficial, para Colombia se prevén aproximadamente 251 millones, de los cuales 189 millones serán destinados a programas de Paz y Seguridad, 44 millones serán para Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad, 12 millones para educación y servicios sociales y 4 millones para medio ambiente. Todo en el marco del cambio del Plan Colombia al Plan Paz Colombia, que parece seguir centrado más en la seguridad que en las posibilidades de desarrollo y rearticulación del tejido social[4].
Para México se tienen programados poco más de 87 millones, alrededor de 48 millones serán destinados a Seguridad y Paz; 39 millones de dólares serán usados para programas de Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad. Igual que en el caso de Colombia, el foco sigue colocado en la seguridad, en un contexto de creciente militarización, violencia, pobreza y abuso a los Derechos Humanos en un marco de profunda crisis político-institucional.
Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador)
Los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales integran también la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI) contarán con los siguientes recursos:
- Guatemala: 80 millones de dólares, los cuales serán usados en programas de Paz y Seguridad (1.5 millones); Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad (26.65 millones); Desarrollo económico (16 millones); Multisector (21.5 millones).
- El Salvador: 46 millones que serán repartidos en; Multisector (18.45 millones); Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad (14.7 millones); Desarrollo económico (6.9 millones); Educación y Servicios Sociales (5.43 millones).
- Honduras: 67 millones 850 mil dólares, que serán repartidos en: Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad (26.6 millones); Desarrollo Económico (15 millones); Educación y Servicios Sociales (13 millones); Medio Ambiente (4 millones).
En el caso de los países de Centroamérica, se ponen al nivel de la ayuda recibida por los que en la última década fueron los mayores receptores: México y Colombia (lo que tiene sentido considerando que el CARSI es una “extensión” de los planes de asistencia para el desarrollo y la seguridad implementada en esos dos países)[5]. Parece haber un predominio de presupuesto dedicado a la democracia, los DDHH y la gobernabilidad y a un indicador que se expresa como “multisector”. Es importante conocer las instituciones locales, empresas y organismos del tercer sector por medio de los cuales se implementará este presupuesto, para estar atentos a qué es lo que el gobierno estadounidense y la gestión Trump entienden como Democracia, DDHH y gobernabilidad, además de aproximarnos a qué/quiénes están incorporados en el “multisector”. Como hemos mencionado en un inicio, la asistencia para el desarrollo de EEUU en América Latina tuvo repercusiones más claras en el ámbito político y de seguridad (procesos de injerencia y desestabilización), así como en sus negocios con empresas y fundaciones, que en la reconstrucción del tejido social y la mejoría en las condiciones de vida de la población.
En síntesis, el recorte a la asistencia bilateral, más que el desinterés o la retirada de EEUU de América Latina, podría indicar que los recursos seguirán fluyendo, pero con mayor protagonismo del sector privado (empresas, fundaciones, corporaciones empresariales e incluso ONGs) así como a través de Instituciones Financieras Internacionales y regionales (tercerización de la asistencia). Esto tampoco implica la ausencia del gobierno estadounidense, que seguirá mediando, pues es el Estado el que opera como “garante” de los negocios de sus privados en el exterior.[6] Ante este escenario, habrá que estar muy atento a las inversiones, financiación y sectores en los que operen otras agencias como la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), el ExIM Bank y el sector privado-empresarial, en reemplazo de lo que antes coordinaba la USAID. También conviene estar alerta al perfil que adopta este organismo frente a las premisas de seguridad nacional y de seguridad hemisféricas establecidas por el actual gobierno estadounidense, que muestra mucho alarde y “espontaneísmo”, importantes contradicciones entre funcionarios y dependencias administrativas en la toma de decisión y poca eficacia.
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Fotografía: Celag
