Por: Pressenza. 10/04/2023
Los organismos y frentes de acción humanistas rechazamos firmemente el Decreto Ejecutivo 707 del 1 de abril de 2023, que autoriza el porte de armas de uso civil a personas naturales, bajo el inmoral e irresponsable argumento de que “los ciudadanos puedan tener las herramientas para su defensa personal”, para enfrentar “la escalada de violencia” que vive el Ecuador.
Somos testigos de un cúmulo de situaciones sociales que nos han hecho transitar del registro de vivir en “una isla de paz” al registro del miedo, la sospecha y el aislamiento. No cabe duda ya de que enfrentamos una crisis generalizada del sistema, los mecanismos de control se fracturan y los pueblos están siendo arrastrados a enfrentar un conflicto “con sus propias manos”.
La violencia no se resuelve con más violencia, bajo la fórmula del “sálvese quien pueda», que promueve el individualismo extremo, la indiferencia, la desintegración del tejido social, y el temor. Todas las formas de violencia física, sicológica, económica, racial, religiosa, sexual e ideológica, vengan de donde vengan, nos repugnan a los humanistas; por ello trabajamos para erradicarlas.
Las políticas neoliberales, generadoras de la asfixia económica de las poblaciones, buscan hoy disciplinar a la sociedad para afrontar el caos que el mismo poder del capital especulador de las élites ha producido, con el aumento de la pobreza y el abandono de los servicios de salud, educación y seguridad social. Las mayorías no quieren este estado de cosas, ya lo expresaron con claridad en el referéndum del 5 de febrero pasado.
El insistente discurso oficial y no oficial amplificado por los medios de comunicación referido a la inseguridad, al incremento de la delincuencia, la agresión, la arbitrariedad en todo nivel, a la necesidad de actuar en legítima defensa nos está llevando a un punto sin retorno de explosión social. Por esa razón, los humanistas nos planteamos como tema fundamental el sentido de la vida, frente a la resignación, la complicidad y el absurdo.
Nos sumamos a las voces de múltiples organizaciones y colectivos, que se han levantado masivamente en el país, con sus denuncias y propuestas. El libre porte de armas y su tenencia no es garantía ni de paz ni de seguridad; esto lo observamos ya en otros países.
El decreto hace parte de un conjunto de políticas y estrategias enmarcadas en leyes aprobadas por la Asamblea Nacional como la del Uso Legítimo de la Fuerza, en el contexto del paro nacional Indígena de julio 2022, así como la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, aprobada el 5 de enero del presente año, que abrió la puerta al presente Decreto.
- Exigimos al Gobierno nacional cumplir con la Constitución, que establece entre sus deberes primordiales “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción” (artículo 3, numeral 8).
- Advertimos el riesgo inminente de amplificar la violencia y la explosión social con este decreto que va a terminar beneficiando a quientes lucran con la venta de armas y equipos para “la defensa personal”.
- Proponemos la apertura de un amplio diálogo nacional, mediante asambleas y consultas desde la sociedad, las universidades, las comunidades, barrios, organizaciones y Pueblos, para formular políticas públicas y programas para la prevención de la violencia.
- Invitamos a esclarecer y movilizar una gran campaña nacional de Educación para la No Violencia y la No discriminación en todos los niveles educativos.
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Fotografía: Pressenza
