Por: Pressenza. 01/06/2025
Panamá es un país con poco más de cuatro millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) que, en 2024, creció 2.9% con respecto al año anterior, para ubicarse en 81 mil 289 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Esto significa que, de acuerdo con los criterios del Banco Mundial, Panamá es un país de ingreso medio-alto.
Sin embargo, cuando se toma en consideración el coeficiente de Gini —medida estadística que se utiliza para evaluar la desigualdad en la distribución de la riqueza— se hace evidente que en el país persisten las desigualdades e injusticias sociales, y que es necesario crear políticas económicas inclusivas que garanticen oportunidades. En efecto, según el dato más reciente de 2023, el coeficiente de Gini de Panamá es de 48,9, el tercero más alto de la región después de Colombia (54,8) y Brasil (52,0). La desigualdad en Panamá es estructural, afecta a todos los sectores productivos y se ensaña con los grupos más vulnerables: los pueblos indígenas, las mujeres, niños y jóvenes de áreas rurales y comarcales.
Si a esto se le añaden otras realidades como la ingobernabilidad y la corrupción, estamos en un escenario en el que urge reexaminar el modelo de desarrollo del país para priorizar la sostenibilidad, la transparencia y el bienestar social, un bienestar que solo es posible si se invierte lo necesario en educación, salud y empleo.
Escenario de crisis tras asunción de Mulino
La asunción del presidente José Raúl Mulino, en mayo de 2024, no representó un cambio sustancial en la forma de hacer política en Panamá; por el contrario, ha supuesto el continuismo de gobiernos neoliberales y presidencialistas que han dirigido el país en el período post invasión[1]. Esto se ha traducido, desde 1990 a esta parte, en políticas o decisiones tomadas sin una verdadera participación democrática y con consecuencias sociales importantes, que ahondan aún más la brecha de desigualdad. Es en este contexto que el país se encuentra otra vez en un escenario de crisis que se profundiza a medida que aumentan las demandas sociales, mientras desde el gobierno se toman decisiones teñidas de corrupción:
Aprobación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social
La actual reforma del sistema de seguridad social y de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), a través de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, ha generado piquetes, marchas y cierres esporádicos de calles y avenidas en distintos puntos del país por parte de gremios docentes, trabajadores de la construcción, estudiantes, grupos indígenas y jóvenes. La reforma compromete aún más el carácter público y solidario de la seguridad social[2], al introducir mecanismos que reducen el monto de las pensiones y aumentan la edad de jubilación. Los manifestantes rechazan la norma porque no hubo un proceso real de consulta y no se consideraron las propuestas presentadas por las organizaciones sociales, sindicales y académicas, que defienden un sistema solidario y no el modelo de cuentas individuales, que favorece a los sectores empresariales.
El problema minero
La protección del medio ambiente se ha convertido en un punto central del debate público en Panamá. El informe Perspectiva del Medio Ambiente Mundial Panamá 2024 identifica megatendencias que afectan los ecosistemas y la calidad de vida, y uno de ellos es el extractivismo minero.
Si bien Panamá es signataria del Acuerdo de Escazú, el Ministerio de Ambiente ha fallado en su papel de ente rector para ejecutar este y otros instrumentos legales que buscan el acceso a la información y a la justicia ambiental —y la protección de la naturaleza—, permitiendo así la institucionalización e imposición de la minería metálica en el país. Aunque, en noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión minera entre el Estado y la empresa Cobre Panamá (subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals), el gobierno de Mulino ha dado señales claras de que busca su reapertura, ignorando así no solo el fallo sino las protestas masivas que lo precedieron.
A principios de abril pasado se hizo público el informe Proceso de cierre seguro y definitivo del proyecto Mina de Cobre Panamá, coordinado por el Comité Panameño de UICN y elaborado con los aportes de la sociedad civil, en el que se establecen los criterios fundamentales que deben considerarse en un escenario de cierre responsable de la mina ubicada en el distrito de Donoso, al norte del país. Mientras, desde la sociedad, se le plantea al gobierno que Panamá tiene la oportunidad histórica de cerrar este capítulo y avanzar hacia un futuro libre de minería metálica a cielo abierto, el gobierno insiste crispando aún más el escenario local.
El problema de la soberanía
En abril de 2025 se dio a conocer la firma del Memorándum de Entendimiento (MOU) entre Estados Unidos y Panamá, cuyo objetivo es, de acuerdo con la versión oficial, fortalecer la cooperación en seguridad para enfrentar amenazas provenientes del narcotráfico y de los movimientos migratorios. Aunque las autoridades locales y representantes del gobierno de Estados Unidos han asegurado que la soberanía panameña no está en riesgo, expertos en relaciones internacionales y organizaciones sociales rechazan el pacto suscrito debido a que permite la presencia militar extranjera en áreas designadas en el propio documento.
La falta de transparencia de parte del gobierno de Mulino y las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump, en las que plantea sus intenciones de recuperar el Canal de Panamá, poco sirven para tranquilizar a la población. La firma de este Memorándum pareciera además ser útil para legitimar la ideología derechista en la región a la que se adscribe Mulino, contrarrestar el fantasma del comunismo —ahora proveniente de China, según afirma el poder del Norte—, y servir como evidencia de que Panamá se pliega al nuevo orden comercial impulsado por Trump.
Los “reservorios multipropósito” o el embalse de otro río
Un reservorio multipropósito es una estructura diseñada para almacenar grandes volúmenes de agua. En Panamá permiten mantener la continuidad del suministro de agua potable, apoyar la generación hidroeléctrica, controlar inundaciones y garantizar el funcionamiento eficiente del Canal. Pero el gran debate de la coyuntura actual es que se pretende construir un “reservorio multipropósito” en la cuenca del río Indio, ubicado entre las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste.
Se trata de una presa principal de 840 metros de largo y 80 metros de altura, y otras tres presas auxiliares para reforzar los puntos bajos del embalse. El área del reservorio cubrirá aproximadamente 4 mil 600 hectáreas, con una capacidad estimada para almacenar alrededor de mil 500 millones de metros cúbicos de agua. El proyecto implica la construcción de un túnel de trasvase subterráneo de 8.7 kilómetros, que conectará este nuevo embalse con el lago Gatún[3], que suministra el agua necesaria para operar las esclusas del Canal. La Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalsesen Panamá, sin embargo, rechaza este proyecto impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El 85 % de las 749 familias campesinas encuestadas en las comunidades afectadas han manifestado su oposición.
Censura periodística, odio y criminalización de la protesta social
Frente a las demandas sociales de los panameños y del movimiento social organizado, se ha levantado una campaña de desinformación, manipulación, censura y discurso de odio desde cuentas falsas de redes sociales e “influencers” pagados por la transnacional minera canadiense, la élite empresarial y el gobierno de turno; y una narrativa desde los medios tradicionales de prensa, radio y televisión que no admite puntos de vista distintos.
En este escenario, la reacción de los ciudadanos y organizaciones sociales ha sido utilizar las propias redes para visibilizar las luchas y protestas en la calles y comunidades del país, demostrando una vez más que el activismo y la comunicación popular no son contradictorios con el ejercicio del periodismo y su compromiso de informar con veracidad, fuera del dominio mediático, el consumismo y el miedo.
La huelga indefinida en Panamá cumplió ya 16 días, paralizando actividades en el sector salud, aunque sin descuidar la atención de urgencias; y suspendiendo las clases en el sistema público. A lo largo de estos 16 días se han dado concentraciones, marchas, piquetes y multitudinarias movilizaciones, muchas de ellas reprimidas por fuerzas antimotines y miembros del Servicio Nacional de Fronteras, y dejando a su paso heridos, detenciones y judicialización de dirigentes y ciudadanos.
Conclusión
Panamá enfrenta grandes retos en su productividad y sostenibilidad socioambiental, pero también oportunidades para tejer un futuro más justo y solidario. La participación ciudadana popular, la innovación institucional con sentido humano y el cumplimiento con la protección de los derechos humanos y de la naturaleza son fundamentales para el país como parte de la Transición Energética Justa y Real. Las opciones para un cambio social se debaten en que instrumento político es la mejor opción; reformas o constituyente, cuyo resultado sea del conceso nacional, legítimo y transparente, encaminada a la Refundación del Nación.
Por Olmedo Carrasquilla
Radio Temblor Internacional
Panamá
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Fotografía: Pressenza
