Por: Juliana Quintana. 04/01/2022
Organizaciones católicas, evangélicas y grupos autodenominados “provida” nuevamente lograron instalar argumentos en contra de la “ideología de género”, esta vez, para oponerse al Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE).
En el año de las elecciones internas de Paraguay, líderes antiderechos lograron profundizar la discriminación hacia las personas TLGBIQ+ en Paraguay. Su campaña de desinformación en redes sociales y medios de comunicación se centró en instalar un rechazo al Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE), por promover lo que llaman “ideología de género”.
Los grupos antiderechos vienen generando retrocesos en Paraguay, principalmente, intentando modificar o anular políticas públicas que garantizan derechos a las personas. Así lo consignan en el capítulo “Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género”, del último informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Fue elaborado por Rosa Posa y Carolina Robledo, de Aireana; Erwing Szokol, de la Red Contra Toda Forma de Discriminación (RCTFD); Walter Morínigo, de Presencia Joven y Kuña Róga; y Florencia Falabella, del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).
Denuncias en línea
Según indican les autores, en el periodo de elaboración del informe no se registraron avances significativos en cuanto a la protección de los derechos de las personas TLGBIQ+. El año se vio marcado por más demostraciones de odio, violencia verbal, física y simbólica hacia las personas de la diversidad sexual y de género. Los gobiernos continúan negando la discriminación por orientación sexual, identidad/expresión de género y diversidad corporal. De hecho, evitan de manera sistemática mencionar los derechos TLGBI.
Entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, el servicio de atención Rohendu, de la organización Aireana registró un total de 209 casos. Setenta y tres fueron sobre afrontar la discriminación, 60 fueron consultas TLGBIQ+ y 23 sobre discriminación y violencia familiar. Las consultas por discriminación y violencia familiar aumentaron de 13 a 23 entre 2021 y 2022.
La Asociación Panambi registró 75 casos en su centro de denuncias sobre temas relacionados con la discriminación, agresión física, intimidación o amenaza y hostigamiento. Estas violencias se ejercieron por alguna autoridad policial, fuerza de seguridad y por el personal del servicio de salud.
«Valores y familia»
«El plan de transformación tiene tres ejes transversales, que son: inclusión, interculturalidad y enfoque de derecho, que tiene relación directa con la ideología de género. La interculturalidad directamente establece como cultura la conducta LGTB», dijo el pastor Miguel Ortigoza a la prensa local. La presión fue tal que lograron que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) reemplace los tres ejes transversales del plan -multiculturalidad, inclusión y enfoque de derechos- por “enfoque comunicativo y tecnológico”, “valores y familia” y “patriotismo y cultura”.
El 20 de octubre grupos autodenominados provida marcharon en la capital del país en contra del PNTE. La marcha fue convocada por la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia (Recnapy), conformada por 35 organizaciones de padres, católicos y evangélicos, y recibió el apoyo de diferentes autoridades locales, como la Junta Departamental de Alto Paraná, que declaró asueto y la Municipalidad de Asunción, que invitó a funcionarios públicos a participar de la movilización.
Negar identidades
El 21 de noviembre de 2022, congresistas de la ANR (partido colorado), el PLRA (partido liberal) y Patria Querida llamaron a una audiencia pública para debatir sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa. Cincuenta y nueve militantes “provida” desplegaron argumentos con los congresistas para antagonizar al Plan y al convenio de financiación de la Unión Europea con argumentos basados en la negación de las identidades TLGBI, el determinismo biológico, la libertad de expresión, la supuesta perdida de la patria potestad y el patriotismo. Lo cierto es que el PNTE no contempla enfoque de género ni educación integral de la sexualidad, como intentaron instalar los voceros antiderechos.
Los 38 millones de euros (unos 39,3 millones de dólares) «de fondos no reembolsables y no condicionados» contemplados en el acuerdo de cooperación con la Unión Europea son destinados a kits escolares, alimentación, textos educativos e infraestructura. Pero para los “provida”, la UE busca instalar un modelo foráneo y “un marco de gobernanza global que vaciará al Paraguay de soberanía”. Desinformaciones como estas lograron que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley por el cual se deroga el convenio de Paraguay con la UE para el programa de apoyo a la Transformación Educativa. El 13 de diciembre, la Cámara de Senadores dejó sin quórum el tratamiento del proyecto de ley.
Palabras prohibidas
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) emitió una circular dirigida a todas las dependencias de la Cancillería Nacional con un “glosario” de términos recomendados a ser utilizados en negociaciones y debates sobre temas de género. De acuerdo al documento estos términos no son “universalmente aceptados” y que “podrían colisionar con normativas legales de nuestro país”.
Los términos prohibidos son: “Mujeres y niñas en toda su diversidad”, “diversidad”, “interseccionalidad”, “derechos sexuales y reproductivos” y “plena autonomía”, y los acompañan de “recomendaciones”.
De acuerdo a la circular del MRE, “el gobierno interpreta que el concepto ‘género’ se refiere a los sexos masculino y femenino, y con ese alcance ha sido incorporado en los documentos nacionales”. Su objetivo consistió en “instruir” a los diplomáticos para que no utilicen terminología “ambigua” o “sin definición concreta”.
Otro año sin reconocer identidades LGBTIQ+
Paraguay se perdió la chance de generar datos sobre la población TLGBIQ+ en el Censo Nacional 2022. No se incluyeron preguntas sobre la orientación sexual ni sobre la expresión y/o identidad de género de las personas. Para les investigadores del informe de la Codehupy, si el Estado paraguayo no toma la decisión de generar datos sobre las personas TLGBIQ+, la discriminación y la violencia hacia elles continuarán incrementándose e imposibilitarán el diseño y la aplicación de políticas públicas capaces de revertir esta situación y de garantizar los derechos a este sector de la ciudadanía.
El 20 de diciembre se cumplieron seis años desde que Yren Rotela y Mariana Sepúlveda iniciaron sus procesos de cambio de nombre. Ambas solicitudes están cajoneadas desde el 2016. En septiembre anunciaron que presentaron su denuncia contra el Estado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por no reconocer los nombres con los cuales se identifican. Esto demuestra la discriminación sistemática y tratamiento desigual hacia las personas trans. El no reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado paraguayo promueve la violencia, la precarización, y la invisibilización de su existencia.
Impunidad ante violencia hacia personas trans
Gabriela Cabrera, actriz e integrante de Casa Trans Casa Diversa, fue hallada muerta a orillas del arroyo en la ciudad de San Lorenzo, el 11 de noviembre de 2021, junto a su pareja a quien se lo encontró durmiendo a su lado. El fiscal a cargo, Gerardo Mosqueira, ordenó la autopsia y concluyó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Pero no fue la primera vez que Gabi era violentada. Prueba de esto es un video subido a las redes sociales, donde se muestra que varias personas la golpearon violentamente, hecho que fue investigado por la agente fiscal Viviana Riveros.
En marzo del mismo año, Gabi fue raptada, violentada, maniatada y arrojada al arroyo de San Lorenzo. Se arrastró hasta una casa cercana al arroyo y fue socorrida por vecinos de la zona. Gabi se suma a otras sesenta mujeres trans que han sido asesinadas. El Estado paraguayo tiene una deuda pendiente sobre el esclarecimiento, justicia y reparación por sus muertes. A la fecha, sólo hubo una condena por transfeminicidio.
El castigo por ser lesbiana
En enero de este año, una mujer lesbiana del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) fue drogada y abusada sexualmente por sus compañeros en un negocio de venta de materiales de construcción. Luego la volvieron a vestir y la llevaron a su casa. Al día siguiente, se acercaron a su casa para llevarle una pastilla anticonceptiva. La fiscalía imputó a los agresores, Rodney Piris y César Federico Molinas por abuso sexual.
Discriminación en el hogar
En el informe de la Codehupy reaparecen las mal llamadas “terapias de conversión”. En febrero, una niña de 13 años se comunicó con Rohendu. Según relatan, cuando en su casa se enteraron de que ella sentía atracción por su compañera de grado, la cambiaron de colegio y entró en depresión. Varias veces la encerraron en su habitación y la dejaron incomunicada.
La niña comenzó a tener ataques de pánico e insomnio que le causan, entre otras cosas, un mal desempeño escolar. En abril, durante el feriado por Semana Santa, la llevaron a un internado evangélico en la ciudad de Concepción, donde había otras niñas de su edad. Su mamá le dijo que era para “sacarle el lesbianismo”. Desde el servicio, y a pedido de la niña, se pusieron en contacto con el padre para comunicarle la situación y, más adelante, con un familiar de su confianza. Ambas personas se mostraron abiertas a dar apoyo a la niña.
Su abuela, con la que vive actualmente, comenzó a acompañarla a terapia, pero solo con el fin de modificar su orientación sexual. La psicóloga reforzó varios prejuicios, entre ellos, que estaba confundida porque aún era joven. Sobre esto, Aireana explica que el discurso de la enfermedad sigue aún arraigado en las familias y este es un ejemplo de los tantos casos sobre discriminación familiar.
Discriminación escolar
En marzo de este año, la dirección del Colegio Nuestra Señora del Huerto quiso expulsar a dos adolescentes por ser lesbianas. Las jóvenes eran constantemente hostigadas y perseguidas por las autoridades del colegio. Se les prohibía que estén juntas, razón por la cual la directora les solicitó desmatricular a sus hijas, con la amenaza de que, si no lo hacían, las expulsarían y no podrían ingresar a otros colegios.
La decisión lesbofóbica de la directora generó una protesta estudiantil frente a la institución, con carteles alusivos al trato no discriminatorio y cánticos. “Según diosito, todos somos sus hijos, él no discrimina, pero el colegio sí”, “Huerto, no te calles” y “Respetar las identidades de otras personas es gratis y salva vidas”.
“No digan tatú con tatú”
Se observaron discursos de odio con relación a las actividades organizadas en torno al 30 de septiembre, reconocido por las organizaciones sociales como el Día nacional por los derechos de las personas TLGBIQ+ o como el Día del Orgullo Paraguayo. En este marco, se organizaron marchas a favor de los derechos del colectivo en Pedro Juan Caballero (Amambay), Encarnación (Itapúa)16 y Asunción, con una amplia convocatoria.
En estas ciudades se registraron actos de agresión verbal y amedrentamiento por parte de antiderechos. Las fuerzas encargadas de garantizar el derecho constitucional a la manifestación no protegieron a les manifestantes. Además, una funcionaria municipal de Encarnación dijo a les manifestantes: “No digan tatú con tatú” (tatú significa vulva, en guaraní) durante la realización de la 3ra. Marcha TLGBIQ+ de esa ciudad.
Sin embargo, según apuntan les investigadores, por primera vez en cinco años, las autoridades municipales respondieron por escrito y dando visto bueno para la realización de la marcha en Encarnación. “Es un pequeño avance, teniendo en cuenta que en el año 2019 el intendente municipal de esa ciudad prohibió la realización de dicha actividad”, escriben.
Por otra parte, en Encarnación (capital de Itapúa), el 1 de octubre, en la parada de las 108 memorias, un hombre identifcado como Horacio Alarcón llegó al lugar gritando alabanzas religiosas y perturbando el evento. Después, empezó a tocar a las personas presentes, bajo la excusa de “convertirles a su Dios”.
Este hecho fue considerado violento, por lo que el equipo organizador de la marcha contactó con la Policía para solicitar su intervención. Minutos después, personal policial se apersonó hasta la Plaza de Armas y Alarcón fue retirado del lugar por violentar a algunas personas presentes, escoltado por un grupo de seis agentes.
Dos pasos hacia delante
El Ministerio de la Defensa Pública capacitó a su funcionariado en la aplicación del Protocolo de Atención para personas TLGBIQ+, aprobado por Resolución N.º 1287/202018. Es la única normativa durante la gestión de Lilian Soto.
En lo privado, un consorcio de empresas invitó a organizaciones TLGBIQ+ a jornadas de trabajo, con el objetivo de actuar frente a la discriminación. Se busca mejorar el trato laboral en sus compañías y empezar a crear espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual. Desde este año, varias empresas comenzaron a equiparar derechos sobre el reconocimiento de las parejas, permisos maternales y paternales y seguro médico.
Les autores del capítulo TGBI de la Codehupy concluyen que es urgente contar con una legislación que reconozca la igualdad de derechos, como la ley antidiscriminatoria. Estos datos evidencian nuevos intentos por acallar la visibilidad conquistada en las calles, en las organizaciones, en las ciudades de todo el país. Al próximo gobierno le toca realizar los avances necesarios para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.
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Fotografía: Jessie Insfrán. agenciapresentes
