Por: E- Consulta. 29/07/2017
Xalapa, Ver. “Todo el mundo le debe al Instituto de Pensiones del Estado y nadie le quiere pagar”, alertaron integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), al anunciar una marcha para exigir que la Fiscalía General del Estado (FGE) acelere la investigación en contra de los 13 integrantes del Consejo Directivo del IPE.
Al respecto, Alba Guillaumín Romero, aseguró que los integrantes del Consejo Directivo han violentado la ley en repetidas ocasiones, al permitir que el Gobierno del Estado adeude siete mil millones de pesos a la Reserva Técnica del IPE y que otras dependencias y organismos, tengan deudas que no cobran.
Y abundó que la Fiscalía no ha avanzado en la denuncia presentada por la Copipev el 1 de agosto de 2016, bajo la causa penal 245/2016, pues dijo que hasta ahora no hay voluntad política ni en la Fiscalía ni el Gobierno yunista para darle cauce a esta solicitud.
Dijo que el fiscal general Jorge Winckler Ortiz ni siquiera los ha atendido, y la denuncia sigue estancada a pesar de que el propio Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) también hizo denuncias contra los malos manejos en el IPE.
“Exigirle al Fiscal que en cumplimiento de sus funciones acelere la investigación y la integración de la carpeta (…) El Consejo Directivo ha violentado la ley del Instituto de Pensiones del estado abiertamente, faltando a un deber, a su obligación y responsabilidad en la buena administración de los recursos del IPE”.
Por ello, anunciaron que el próximo 1 de agosto realizarán una marcha a las 11 de la mañana desde las instalaciones del IPE en Arco Sur y hacia la Fiscalía General del estado, en donde entregarán más evidencias en contra de los integrantes del Consejo Directivo.
“Nos indigna y agravia profundamente porque no hay una voluntad política para que avance la investigación en contra de estas personas (…) Vamos a exigir que avance la investigación porque no ha habido un avance significativo y exigimos prontitud en la justicia; exigimos justicia social para todos los veracruzanos”.
Aseguró que la tardanza en esta investigación no solo agravia a los jubilados, sino a toda la sociedad porque va en perjuicio de muchas familias veracruzanas que dependen de una pensión.
“Es un delito gravísimo que está poniendo en riesgo la seguridad social, no solamente de los mayores sino de sus familias. No se trata de si fue poco o mucho, se trata de que violaron la ley y no tenían derecho a prestar dinero al Gobierno del estado, a desviar el recurso del IPE para otros fines que no fuera para la seguridad social”.
Deudores no pagan
Por su parte, la representante de la Copipev, Adriana Chávez Tejeda, recordó que a la deuda que tiene el Gobierno del estado con el IPE, se suman la de los Gobiernos municipales, pues actualmente al menos 129 ayuntamientos deben 98 millones de pesos.
“Hay 129 municipios que deben 98 millones de pesos al IPE, el Poder Judicial, los institutos tecnológicos. Si el IPE tenía una Junta de Gobierno, porqué no pidió, requirió que se pagaran las deudas a tiempo, como lo dice la ley”.
Dijo que es tal la omisión del Consejo Directivo del IPE que además el Poder Judicial le debe 90 millones de pesos al IPE, más 100 millones de pesos por parte de los institutos tecnológicos, y nadie paga su deuda.
“Dejaron crecer la bola de nieve de deuda y ahora nadie puede pagar, cómo van a pagar tanto dinero; todo el mundo le debe al IPE, el OPLE, los organismos del agua”
Criticó que a pesar de que en campaña el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió hacer justicia a los veracruzanos agraviados por el régimen duartista, hasta ahora no ha cumplido.
“En la campaña del gobernador prometió hacer justicia a Veracruz y a los veracruzanos, pero seguimos sin ver la justicia por ningún lado. No sabemos si hay una parálisis porque se está protegiendo a alguien o qué es, si lo que no se quiere es hacer justicia y eso nos parece gravísimo”.
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Fotografía: m.e-veracruz
