Por: Andrea Gutiérrez García. 01/06/2022
La última ponencia del proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del “solo sí es sí” y propuesta conjuntamente por los ministerios de Igualdad y Justicia del Gobierno de España, ha devuelto a la primera plana el recurrente debate, desde la vuelta de la democracia a este país, entre regulación y abolición de la prostitución. Paralelamente, dicha ponencia ha servido para poner de manifiesto, encarnadas en cada uno de los socios de gobierno, las dos posturas confrontadas que dan cuerpo al debate, precipitando la propuesta por parte del Partido Socialista Obrero Español de una ley para abolir la prostitución que contempla penas de cárcel a proxenetas y consumidores de sexo.
Dicho debate integra inicialmente una de las vías principales de liberación de la sociedad civil española durante la transición, la de la sexualidad, en lo que representa uno de los mejores ejemplos de búsqueda de la neutralización de los mandatos legales, culturales y espirituales característicos del franquismo.
En el caso de la prostitución, estos últimos se encontraban perfectamente asentados sobre relatos clasistas, moralistas y biologicistas establecidos por el nacional-catolicismo desde una pretendida biopsicología, los cuales degradaban a las mujeres prostituidas a penitentas enfermas y deficientes mentales.
Atrás quedó la biopolítica franquista
La democracia ha logrado dejar atrás la biopolítica franquista, favoreciendo el debate. Su aparición, sin embargo, era consustancial a la implicación en el mismo de sociedad civil y agentes sociales, quienes vivían transformaciones difíciles de valorar bajo la mirada de nuestros días: parte de la primera se encontraba inmersa en un atropellado despertar de la exitosa despolitización franquista desde el que se distinguen de otros sectores, estos últimos a su vez perfectamente absorbidos por fuerzas reaccionarias de plena vigencia en la actualidad; por su parte, entre los agentes sociales, los sindicatos asumen un papel preponderante que sitúa el debate sobre la prostitución en torno al trabajo.
Académicamente, el debate se ve jalonado por aportaciones en uno y otro sentido provenientes del derecho, la sociología o la psicología en un contexto de salida del aislamiento internacional y apertura de fronteras, transformación de los flujos emigratorios e irrupción de los inmigratorios, apuesta por la consolidación de una economía de servicios que demanda mano de obra menos cualificada, auge y declive de una clase media burguesa que se autoevalúa y distingue desde el consumo, integración en una economía cada vez más globalizada que es consustancial a la decadencia del estado de bienestar y grandes fluctuaciones salariales que correlacionan con problemas globales como el del paro masivo.
En efecto, es fácil comprobar que todos estos elementos permiten configurar también la realidad de la prostitución: trata de personas, consumo de sexo, rol de los intermediarios en la provisión de servicios, movimientos migratorios, precariedad laboral, libre circulación de personas, salud pública…
La versión simplificada de la libertad
También son coincidentes las recetas neoliberales para aportar respuestas comunes y evitar controversias en la lectura de ambas problemáticas: todas ellas descansan sobre una versión simplificada y pretendidamente neutral de la noción de libertad, que se postula como garante de la igualdad, apareciendo como dada sin más a la persona sin tener en cuenta sus circunstancias respecto a género, etnicidad, clase social o edad.
Un primer paso, pues, en el abordaje de esta cuestión es eludir la neutralidad y llevar a cabo un reconocimiento de las víctimas, lo que solo es posible en primera instancia desde la justicia social, tal y como como se plantea para la violencia de género, la maternidad subrogada o la mutilación genital.
Las mujeres prostituidas ven mermado su derecho a ejercer la libertad sexual porque son víctimas de trata; ven vulnerado su consentimiento, quedando este reducido a una mera transacción; su cuerpo, y no su fuerza de trabajo, es explotado con total impunidad por delincuentes proxenetas; son las máximas sufridoras de infecciones de transmisión sexual y ven afectada de forma irreversible su salud mental; padecen además una invisibilidad social que impide que sean tratadas y asistidas por los servicios sociales.
No se trata, pues, de crear un marco legal para la victimización con ciertas garantías sino de que, de ningún modo, un estado democrático puede crear las condiciones para que una víctima elija “libremente” serlo.
A un Ministerio de Igualdad se le presupone el fomento y el empleo de herramientas de análisis con perspectiva histórica e ideológica con capacidad de reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres que logren desembocar en propuestas políticas a favor de la construcción de relaciones de género equitativas y justas.
El consumo de sexo implica la victimización de colectivos perfectamente definidos, ya se encuentre este mediado por una contractualización simbólica o jurídicamente normalizada, lo que es por completo incompatible con el mantenimiento de relaciones con garantías mínimas de igualdad. En otras palabras, para una de las partes el sexo se consume pero, para la otra, la prostitución no se ejerce sino que se padece: los efectos sobre la salud están descritos en los trastornos de estrés postraumático, ansiedad, insomnio y trastornos del sueño, alteraciones emocionales, malestar psicológico intenso, alteración de respuestas fisiológicas y sexuales, siendo comparable al que experimentan personas veteranas de guerra o supervivientes de tortura. Por su parte, las secuelas permanecen incluso años después de abandonar la prostitución: depresión, trastornos de sueño, hipervigilancia, flashbacks, adicción a las drogas, ansiedad, disociación, interiorización de desprecio y objetualización.
Un alejamiento de la igualdad
Finalmente, debería considerarse una coerción estructural, además de la personal, ya que la experiencia de explotación o daño diverge entre las diferentes mujeres, pero toda la sociedad sufre daño en cuanto la prostitución nos aleja del logro de la igualdad.
Por su parte, la existencia de mujeres y niñas prostituidas tiene un efecto sobre el conjunto de las mujeres, ya que confirma y consolida las definiciones patriarcales que establecen como función de estas estar al servicio sexual de los hombres. Reduce así a las mujeres a meras anatomías pasivas, objeto de consumo de hombres que utilizan la prostitución para ejercer su cuota de poder. Como dice la profesora de Historia y Filosofía Moral Ana De Miguel, la prostitución de mujeres es “una escuela de desigualdad humana”.
En conclusión, se ha perdido otra ocasión para plantear una verdadera ley de garantía de la libertad sexual.
Andrea Gutiérrez García, Profesora Ayudante Doctor. Psicóloga especialista en intervención multidisciplinar en violencia de género, Universidad de La Rioja y Ramón González-Piñal Pacheco, , UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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Fotografía: Tribuna feminista
