Por: Mariano Schuster. Nueva Sociedad. 05/08/2017
La reforma laboral de Michel Temer beneficia al gran capital y avanza sobre los derechos de la clase trabajadora brasileña. El analista político João Peres explica los pormenores de la polémica medida de la derecha gobernante en Brasil.
Durante las últimas semanas, Brasil ha sido noticia no solo por el proceso encarado contra el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sino también por la aprobación de una reforma laboral promovida por el gobierno derechista de Michel Temer. Esta reforma ha sido discutida fuertemente por diversos sectores de la sociedad. ¿Cuáles han sido los principales motivos por los que esta reforma ha encontrado tanto rechazo?
El gobierno de Michel Temer, cuanto más acorralado se encuentra, más se congratula con los empresarios y con el mercado financiero, y más nociva es la herencia que le deja a la sociedad. En su ambición por salvarse de una suma de delitos que crecen a diario, el líder del golpe de 2016 quiere demostrar que es funcional a los grupos que efectivamente mandan en el país, para lo cual no solo encaró la reforma laboral, sino que promete seguir con la reforma del sistema jubilatorio.
Es importante señalar que el Congreso aprobó la reforma laboral ignorando una serie de advertencias de organizaciones realmente capacitadas para abordar el tema. Al sancionar la desarticulación de las normas vigentes desde 1943, Temer se propuso transmitir que la sociedad entera estaba detrás de la construcción de esta nueva ley, lo que es una gran mentira. Se trata en realidad de un texto hecho a gusto de un grupo de empresarios que cuentan con el diligente apoyo de muchos diputados y senadores.
Antes de la votación, 12 organizaciones pidieron que se frenara el texto de la reforma. Entre esas entidades están la Orden de Abogados del Brasil, la Asociación de Magistrados Brasileños, la Asociación Nacional de Procuradores de la República y el Ministerio Público de Trabajo. Este último enumeró 12 puntos del texto que violan la Constitución. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó que la reforma era inválida de raíz, ya que no había habilitado una instancia de consulta a los trabajadores antes de transformarse en proyecto de ley. Junto con esto, la OIT enumeró una serie de acuerdos internacionales que el proyecto violaba, entre ellos, el compromiso de no retroceder en los derechos conquistados.
Pero nada de esto le importó al Ejecutivo y a la conformación actual del Congreso, claramente la más subordinada a los intereses privados en la historia reciente del país. Y tampoco deberíamos depositar muchas esperanzas en el Supremo Tribunal Federal (STF), que se alineó con Temer en el sostenimiento del golpe y en la imposición de una agenda de revocación de derechos. El año pasado, previendo los obstáculos que iban a surgir en este camino de retrocesos, el STF aceptó que se descontaran del sueldo los días de huelga en el ámbito del empleo público, lo que equivale a prohibir el derecho a huelga en ese sector, medida que la OIT también se encargó de rechazar.
Según el presidente Temer, la medida es la vía rápida para crear nuevos empleos. Sin embargo, los sindicatos aseguran que la reforma flexibiliza las normas de contratación y las rescisiones de contratos y determina la preeminencia de los acuerdos colectivos sobre la legislación laboral. ¿Cuáles son los resultados que se esperan de esta medida? ¿Se espera un mundo del trabajo más flexibilizado o con mayores contrataciones? ¿Cree que se modificará la estructura laboral del país con esta nueva política?
«Flexibilización» es una palabra que en Brasil usan mucho los empresarios interesados en darle un aire de modernidad a esto que, a decir verdad, nos transporta dos siglos atrás. «Precarización» sería un término más ajustado para describir el mundo laboral que nos espera. Y es interesante notar que estas nuevas medidas entran en vigor dentro de cuatro meses: cuando se trata de reformas legales que afectan a los empresarios, el plazo normal de adaptación suele llevar años.
Es importante señalar, a su vez, que el escenario laboral brasileño antes de esta reforma tampoco era el ideal. La informalidad fue siempre muy alta. Hoy casi la mitad de los trabajadores no tiene acceso a ciertos derechos formalmente reconocidos como las vacaciones, el aguinaldo y el seguro de desempleo.
Lo que esta nueva ley habilita es un avance sobre los derechos de la otra mitad. El núcleo de la reforma es la validación de un escenario donde lo negociado pasa a valer más que lo legislado, o sea, donde la negociación entre el patrón y los empleados es más fuerte que la ley. Ese es uno de los puntos que el Ministerio de Trabajo considera inconstitucionales. Flexibilización de la jornada, división de los días de vacaciones, participación en las ganancias, hora de almuerzo, plan de cargos y salarios y un banco de horas son algunos de los puntos que a partir de ahora dejan de estar amparados por la legislación.
Otra cuestión grave es el cambio que abre la posibilidad de contratar a trabajadores autónomos. Deja de haber contratos duraderos previstos, lo que en los hechos significa que las empresas pueden practicar sin restricciones ese fenómeno de transformación de cada trabajador en una persona jurídica, una empresa en sí misma. Así, por medio de contratos de prestación de servicio en lugar de contratos de trabajo, el cumplimiento de los derechos laborales se hace más difícil.
Y, en casos de inconformidad, tradicionalmente los trabajadores podían recurrir a la Justicia, pero este es otro cambio: basta con que el patrón consiga forzar al empleado a firmar un compromiso de «recorte de derechos» para que quede vedada la vía judicial posterior. En la misma senda, las indemnizaciones por daño moral acaban limitándose al salario del trabajador, lo que significa quitarles a los jueces el poder de establecer una reparación proporcional al daño causado.
Y ahí no se detiene la crueldad con los sectores trabajadores más vulnerables. La reforma prevé que las embarazadas puedan trabajar en espacios insalubres, siempre que lo hagan «voluntariamente». En otro punto se habla de dejar de contemplar dentro del pago el tiempo que implica desplazarse al lugar de trabajo; esto afecta sobre todo a los trabajadores en áreas rurales, ya de por sí sometidos a actividades peligrosas y desgastantes y que además suelen emprender largos trayectos desde sus hogares al lugar de trabajo.
¿Cuál ha sido la actitud general de la sociedad, más allá de la de las organizaciones sindicales, respecto a esta medida? ¿Ha habido una movilización que exceda a los gremios o la lucha contra la reforma ha quedado confinada a los sindicatos?
No hubo una gran movilización. Quizás se debió a la amplitud de la reforma y a lo difícil de medir sus implicaciones. Quizás también a la enorme campaña que emprendieron los principales medios de comunicación, todos interesados en sacarle provecho al cambio. Los sindicatos brasileños ya vienen arrastrando desde hace tiempo dificultades para movilizar a la gente, en parte porque se burocratizaron durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.
Otro de los puntos en debate es el del aporte sindical, que dejaría de ser obligatorio con esta reforma. ¿Cómo puede afectar esto a los sindicatos y la organización de los trabajadores?
Este es un punto controvertido, y a priori no sabría decir cómo puede afectar esto la capacidad de organización de los sindicatos. La OIT recomienda que no haya aporte sindical obligatorio, pero la gran pregunta es qué debe haber en su lugar. Está claro que las intenciones del gobierno de Temer no eran nada buenas al lanzar una medida como esta. Si tratamos de verlo desde el lado positivo, es saludable que algunos sindicatos salgan de la zona de confort y pasen a mostrarse realmente efectivos en la vida de los trabajadores. Buena parte del reclamo de los ciudadanos en contra del aporte sindical obligatorio tiene su razón de ser: hay sindicatos que actúan como verdaderas mafias. Hay que ver qué nos depara el futuro. Se están dando discusiones entre algunas centrales sindicales y el gobierno en vistas a crear un nuevo tipo de contribución, pero el formato y los objetivos no están muy claros todavía.
La reforma de Temer parece ir, con mucha claridad, en la dirección de los presupuestos ideológicos neoliberales al afirmar que las convenciones y los acuerdos colectivos en las empresas prevalecerán sobre las disposiciones legales en temas como el otorgamiento de las vacaciones o la duración de las pausas laborales. ¿Existe algún tipo de planteo alternativo específico a estas medidas? ¿Hay un trabajo por parte de la izquierda y de las organizaciones sindicales en desarrollar una nueva ley que permita recuperar la idea de que las disposiciones legales deben estar por encima de los acuerdos en cada empresa?
Supuestamente Temer va a enviar al Congreso una medida provisoria para corregir algunas de estas cuestiones. Por lo menos eso fue lo que se acordó. Pero no veo de parte de la izquierda que haya fuerza para movilizarse por una nueva ley. Supongo que esto también depende de cómo se defina el escenario electoral de cara a 2018: un gobierno «menos de derecha» quizás podría reexaminar algunos aspectos de la legislación. Por el momento, la alternativa sería apelar al Poder Judicial, pero, como decía antes, tampoco tiene sentido esperar mucho de los actuales miembros del STF.
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Fotografía: Nueva Sociedad
