Por: Arturo Rodríguez García. Notas sin Pauta. 14/11/2017
Desde hace poco más de una década la desaparición de personas en México se patentó en amplias zonas del país como parte del proceso de descomposición iniciado en la declaratoria calderonista de “guerra” al narco. La militarización y las operaciones delictivas de alto impacto, con poder de fuego y logística de precisión castrense, generaron una tragedia hasta hace poco incuantificable y en buena medida sin víctimas identificables.
Escribo hasta hace poco, pues no hace ni un lustro que iniciaron las estadísticas oficiales basadas en denuncias principalmente en el fuero común que, sin embargo, no indentifican por su nombre a las víctimas.
Pero el lunes 13 de noviembre, Data Civica, una organización ciudadana especializada en el procesamiento estadístico de interés público, presentó los resultados de un complejo cruzamiento de bases de datos que consiguió reconstruir los nombres de las víctimas.
Entre los años 2006 y 2007, la jerga cotidiana asimiló “levantón”, un vocablo terrible e impreciso; tipo penal complejo pues como no había requerimiento de contraprestación a los allegados a las víctimas, por lo que no podía ser secuestro y se encuadraba en privación ilegal de la libertad, que en no pocos casos era (quizás lo sea aun) limitadamente punible y sin procedimientos investigativos eficaces, algo que por otra parte, se pudo resolver pronto pero en las instancias de procuración de justicia se debatían entre el desdén, la criminalización y sospecha sobre la víctima y, más frecuentemente, desplegaban una indiferencia cómplice.
Los vacíos legales y en las políticas públicas eran –y siguen siendo– graves. La tragedia de la desaparición, por ejemplo, no da espacio para las sucesiones hereditarias y la cobertura de seguridad social, además, la indemnización de familias es difícil, inclusive cuando hay pruebas claras de participación de agentes del Estado. De manera que a la ausencia se suma la precariedad económica, aun en los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas, donde un desaparecido sencillamente engrosa las listas opacas de la deserción.
El fenómeno no era nuevo pues durante la llamada “guerra sucia” fue práctica frecuente, pero la magnitud de casos a partir de 2007 se percibía. Sin herramientas, organizaciones civiles derechohumanistas intentaban dar pasos firmes con lo que había y no siempre de acuerdo. Pionera en el noreste, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que dirige la religiosa Consuelo Morales, sólo contabilizaba los casos que la propia organización acompañaba en Nuevo León, por ejemplo, mientras que el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, de donde surgió el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, integraba una estadística basada en casos pero incluía reportes de prensa.
El control calderonista de los grandes medios hizo difícil visibilizar el tamaño del problema hasta que en 2011 surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que articuló los esfuerzos locales de numerosas organizaciones. Ya para terminar el sexenio de Calderón, en abril de 2012, se aprobó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), con lo que se consiguió una radiografía más clara del fenómeno.
Aun así, el problema era y es por la llamada cifra negra, es decir, delitos que principalmente por miedo en el caso de la desaparición de personas, no se denuncian, junto con la opacidad, la falta de voluntad política para reconocer lo que ocurre, tan proclive como es la clase gobernante para presentar datos alegres.
La opacidad persiste en los datos oficiales del RNPED y alimenta la cifra negra, pues al no identificar a las víctimas es imposible saber si aquellos casos denunciados, acompañados por organizaciones locales o que son de conocimiento público, están incluidos o no en la estadística federal.
De ahí la importancia del trabajo recién presentado por Data Cívica, organización ciudadana cofundada por el politólogo José Merino que al menos desde 2015 ha realizado diferentes trabajos, empleando análisis y procesamiento de datos, relativos a la desaparición de personas en México. Fue él quien encabezó los esfuerzos que resultaron en la presentación de datos del pasado lunes 13.
Lo que hicieron en Data Cívica fue cruzar la base de datos del RNPED, con las de seguridad social y los padrones de beneficiarios de Sedesol. Mediante una serie de operaciones estadísticas complejas, lograron reconstruir los nombres de las víctimas de desaparición con lo que ahora es posible saber de personas que fueron excluidas del registro de desaparecidos y dar seguimiento a la desaparición de cada una.
Los resultados son el comienzo de un nuevo escrutinio al RNPED desde las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, gracias a la aplicación de técnicas que hasta hace pocos años no eran viables y que son un ejemplo de la importancia del periodismo de datos, género que como materia imparte José Merino desde 2014 en el CIDE y el ITAM, donde varios de sus alumnos y exalumnos concibieron reportajes de largo aliento que pronto estarán sorprendiendo en los más variados ámbitos de la vida pública.
Para mayor aproximación al trabajo mencionado, visita Data Cívica
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: emeequis
