Por: Mauro Jarquín. CDMX. 08/01/2017
Es evidente que el actual régimen político mexicano ha llegado a la instancia más transparente y profunda de su desgaste. Las continuas manifestaciones de indignación, molestia y desencanto que distintos sectores de la sociedad mexicana han realizado en gran parte del territorio nacional a raíz del incremento a los precios de los combustibles, apuntan a que los mecanismos tradicionales de dominación política se han deteriorado paulatinamente, y no es para menos. A la ejecución de una política económica excluyente, cuyos efectos más evidentes se han cristalizado en la concentración cada vez mayor de la riqueza nacional en pocas manos, en contraste con la socialización de la pobreza en aumento, se le ha sumado un ejercicio francamente autoritario del poder político, el cual, por cierto, no se circunscribe al nivel federal.
Es necesario apuntar que las continuas movilizaciones sociales, la toma de carreteras y avenidas, el asalto a gasolineras del sur del país, e incluso los turbios eventos de saqueo a, supuestamente, más de 200 establecimientos comerciales, principalmente en el Estado de México, no son mero epifenómeno de un descontento popular originado por el “gasolinazo”, mucho menos es la respuesta de unos idiotas(sic) –a decir de Ricardo Alemán- que no comprenden el por qué de determinadas políticas gubernamentales. El escenario que estamos presenciando actualmente tiene raíces más profundas, las cuales se remiten también a la agudización de un proceso de descomposición política del régimen desde hace varios años, el cual, incapaz ya de poder construir consenso social alguno, o mantener un proyecto nacional a futuro, ha optado por realizar las reformas y transformaciones necesarias para hacer negocios privados con bienes públicos, aún con los efectos de franco descontento social que estamos observando.
El periodo presidencial de Felipe Calderón fue sumamente difícil para la oligarquía político-partidista mexicana, aún con la “concertación” de facto entre el PRI y el PAN para, en su momento, darle cobertura tanto a la cuestionable figura presidencial, como a personajes nefastos como Ulises Ruíz y el propio Peña Nieto, responsables de la represión y muerte durante los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco, respectivamente. El fantasma del fraude electoral del 2006, la violencia omnipresente en gran parte del país, la profundización de las condiciones de explotación y miseria de l@s trabajador@s nacionales, entre una lista aún mayor de agravios, conformaron hacia finales del sexenio un ambiente de organización política popular en resistencia ante el posible retorno del PRI a Los Pinos. Es así como, entre otros se constituyó el movimiento #YoSoy132, el cual, con todo y claroscuros mantuvo importantes jornadas de manifestación de un gran descontento popular y necesidad de transformación política en el régimen. Peña Nieto se veía como la expresión más nítida de un PRI que, pese a su retórica rejuvenecedora, no había cambiado en absoluto su carácter autoritario, ni su filia por las políticas neoliberales y entreguistas al capital internacional.
Las elecciones presidenciales de 2012 mostraron nuevamente la opacidad de los procesos electorales en nuestro país, así como los usos políticos de la miseria social. En un ambiente permeado por la persecución política a líderes de izquierda, el abierto apoyo de ciertos monopolios nacionales al PRI y la represión de la cual fue objeto #YoSoy132, el PRI volvió a la titularidad del Ejecutivo, y con ello el anuncio de que sería, nuevamente, un sexenio muy difícil para el sistema político mexicano y la sociedad en general. Ante la amenaza que para el propio régimen representaba la bajísima aceptación del Presidente y los remanentes del descontento social, los principales partidos políticos decidieron construir un blindaje institucional al Ejecutivo, emanado de un pacto oligárquico entre las cúpulas partidistas (PAN-PRI-PRD) actuando éstas como auténticos cárteles, buscando el beneficio de grupo y no de aquellos a quienes decían-dicen representar.
El Pacto por México fue, de esta manera, el mecanismo con el cual se intentó sellar la orgía política que las cúpulas partidistas habrían de llevar durante todo el sexenio, con la bandera de, según ellos, lograr acuerdos para buscar el desarrollo de las condiciones socioeconómicas de nuestra sociedad y la prosperidad nacional. La verdad es que lo que originalmente se presentaba como el bálsamo, terminó siendo la sustancia letal, y ahora podemos ver sus efectos.
El paquete de Reformas Estructurales, anunciado e implementado con una muy reducida aceptación social, ha terminado por fragmentar esa supuesta unidad nacional que Peña Nieto porfía en mencionar. En aras de aumentar la tasa de ganancia de los capitalistas nacionales y extranjeros, el Gobierno Federal ha favorecido la generalización de condiciones de explotación tan grandes, que ahora que el descontento social se materializa en todo el país, los mismos dueños del capital no sienten un ambiente de seguridad y certidumbre para sus inversiones. Por otro lado, los niveles de crecimiento de la economía nacional se han mantenido en niveles bajísimos, y la tan anhelada estabilidad económica ha beneficiado principalmente al capital financiero internacional y a la banca favorecida por el –ese sí- incuestionable pago de la deuda. No está de más decir que las clases trabajadoras de nuestro país no han percibido mejoría alguna en su salario real, sino todo lo contrario.
El hecho de que ahora las protestas y el descontento popular sea tan extendido responde a que hemos llegado al punto cumbre en el cual prácticamente toda la sociedad se siente atacada de forma directa en su bolsillo ante el alza en los precios de los energéticos. No obstante, ya habían sido golpeados los trabajadores en general con la Reforma Laboral, los trabajadores de la educación con la Reforma Educativa, e incluso los petroleros con la Reforma Energética… y depende de cómo se perfile el 2017, no dudemos que sean mañana los del Sector Salud con las propuestas de Universalización de la seguridad social.
Sin embargo, aún con todo esto, la desestabilidad política actual no se restringe únicamente a la acumulación del descontento social, sino también se explica por el desgaste de los mecanismos clásicos de dominación, como la generación de consenso a partir del contenido en medios, la simulación de representatividad a partir de instituciones y la total desmovilización a partir de la judicialización de la vida social y los procesos políticos. Estos elementos que, históricamente habían operado con gran eficacia en aras de mantener las condiciones de estabilidad y seguridad necesarias para la valorización y el dominio político, han llegado a un momento de incapacidad total.
En este sentido, una sociedad cansada de tantos agravios, sumada a un régimen político que se muestra abiertamente incapaz para responder a las necesidades de la población, y cuya actitud cínica no ha cedido, deja a nuestro país en una incertidumbre generalizada.
Fotografía: baitoaprimero
