Por: Alfredo Fernández y Rolando Ramos. 30/03/2022
El pasado 22 de marzo arrancó la Caravana por el Agua y la Vida: Pueblos Unidos Contra el Despojo Capitalista, convocada por organizaciones y colectivos en resistencia, que pretenden visibilizar la lucha por el acceso al agua en una jornada de 34 días, pasando por 9 estados. La fecha de inicio fue elegida para conmemorar el primer aniversario de la toma de las instalaciones de Bonafont en la comunidad Juan C. Bonilla, Puebla.
En agosto del año pasado, los pueblos afectados por las instalaciones nombraron al espacio, “Altepelemecalli, la casa de los pueblos”, y lo usaban para hacer resistencia comunitaria y proyectos autogestivos. El 15 de febrero de este año, el lugar fue desalojado por las fuerzas estatales de represión para devolver el inmueble a la transnacional. No habiendo pasado ni dos meses del cobarde acto, durante su primer día, la Caravana por el Agua y la Vida protestó afuera de la embotelladora y manifestó que trás un año de haber clausurado las instalaciones, el agua volvió a las comunidades.
Múltiples lugares del país aguardan la llegada de la caravana para protestar por demandas específicas relacionadas con el despojo del vital líquido. Por ejemplo, en el mismo estado de Puebla, el 25 de marzo estuvieron en Calpan, donde el corredor industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo está contaminando el Río Metlapilapa.
En su recorrido caminarán por Actopan, Veracruz el 29 de marzo, donde denuncian que varias empresas utilizan fracking para extraer petróleo, perjudicando a los pueblos nahua y totonaco. Los dos días siguientes protestarán en el sur de Veracruz, en la Sierra de Santa Martha, cerca de donde se construirá una cervecera de la compañía Constellation Brands que según el Consejo Nacional Indígena, amenazaría el aceso al agua para el municipio de Texistepec, además de que COMESA hace fracking en la región. El 9 de abril estarán en Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde pipas privadas roban descaradamente el poco agua que les llega al pozo para luego venderla, y según los pobladores, el saqueo se hace con la complicidad de la Comisión Estatal de Aguas y los políticos del gobierno local. Posteriormente, volverán al estado de Puebla en abril, pasando por el Valle de Tehuacán y la Sierra Negra. Ahí las comunidades han resistido durante los últimos 5 años contra una minera de la empresa Autlán que pretende construir una hidroeléctrica, lo cual implicaría entubar el río Huitzilatl que abastece a la comunidad.
En el marco del avance de la Caravana, habrá manifestaciones en 31 ciudades y comunidades en los estados de: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Querétaro, Morelos, Estado de México y Oaxaca. También se llevará a cabo una Movilización Virtual internacional del 13 al 16 de abril. Abriendo la oportunidad de llevar la lucha por el acceso al agua a mayores reflectores y a que se puedan establecer vínculos entre las diferentes comunidades que resisten el saqueo de sus recursos naturales.
La crisis se extiende por toda la nación
Aunque la Caravana se plantea el tránsito por la zona central del país, la crisis del acceso al agua es algo que comienza a ser realidad en otras regiones de México. En la región noreste del país una sequía sin precedentes amenaza el acceso al agua para millones de personas en los estados fronterizos. El último reporte del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático (IPCC) destaca que el monzón norteamericano, un patrón de sistemas de aire húmedo que salen del mar de cortés y la costa de california, para eventualmente ser contenidos por las montañas rocosas y la sierra madre occidental hasta formar nubes de lluvias extremas que alimentan al Río Bravo, Río Colorado, Río Diablo y el Río Conchos, ha experimentado cambios radicales. Se teme que el desabasto de la cuenca Bravo-Conchos que alimenta de agua a alrededor de 13 millones de mexicanos, más del 10% de la población del país, y la mayor sequía que ha experimentado la región desde 1992 y 1994 ahora sean condiciones permanentes.
Esta situación ha sido resultado de un proceso que ha durado 30 años, la escasa disponibilidad del recurso es un reflejo del hecho que durante estos 30 años no han existido excedentes ni se ha almacenado más agua de la que había en 1994. Este déficit culminó en la declaratoria de investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey respecto a que a partir del 25 de marzo, a Monterrey solo le queda agua para abastecer el suministro por 60 días.
En la presa La Boca, que abastece a la población de Monterrey, el nivel del agua ya ni siquiera alcanza las compuertas. La respuesta del gobierno ha sido la de iniciar un programa de cortes del suministro para los diferentes municipios que integran el área metropolitana de la ciudad y que afecta desproporcionadamente a los ciudadanos. “Queremos que se revise el tema de las concesiones por que sentimos que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda, todos tenemos derecho a un reparto equitativo del agua y hoy en día se le está dando preferencia a muchas empresas y particulares que cuentan con esas concesiones”, indicaron organizaciones que se han movilizado en contra del modelo asimétrico de los cortes. Estas concesiones se han otorgado sin parar desde antes y durante el actual periodo de la crisis del suministro de agua en la región donde compite directamente al sector privado contra el interés sector público. Agudizando la crisis al abrir las puertas al desabasto de aguas de riego para el sector agrícola que alimenta la región.
La situación se replica en toda la franja norte del país. Tamaulipas ya también comenzó a racionar el suministro de agua. Esto ocurre también en el norte de Coahuila, donde los grandes consumidores privados de agua demuestran su privilegio. Las acereras Ternium y AHMSA, las cerveceras Cuauhtemoc y Constellation Brands, y las embotelladoras de Coca-Cola, así como el Grupo Femsa, ocupan más del doble del suministro que usa la población urbana y rural de estas regiones. Sin embargo, para las grandes empresas no hay recortes sustanciales en el suministro del agua.
El problema toma un matiz aún más agudo en la región sureste y de los cuatro manantiales de Coahuila, que se abastecen de mantos subterráneos. En la región sureste. donde se encuentra el área metropolitana de Saltillo, la extracción y suministro de agua es parte de un proyecto de privatización del recurso natural en donde CONAGUA sólo existe como un organismo meramente regulador. Desde Febrero de 1997 Aguas de Saltillo (AGSAL) ha pasado ser propiedad privada de la transnacional francesa Suez, quienes terminaron dictando la distribución y extracción de esta en un modelo que ha agudizado el problema del suministro en la ciudad y ha resultado en fiasco completo en todos los niveles.
La ciudad de Saltillo es dueña del 55% de las acciones de la filial mexicana de Suez, que le otorga dividendos de los 40 millones de pesos que la empresa genera anualmente. De los alrededor de 20 millones de pesos que recibe la ciudad, tiene que pagar a la empresa 8 millones en conceptos como asistencia técnica, mientras que la empresa percibe estímulos federales y estatales para su operación. Al mismo tiempo, aunque se reporta la existencia de 93 pozos de extracción de las más de 200 concesiones otorgadas que ha acumulado, los últimos datos históricos de AGSAL, como parte de CONAGUA, mencionan la explotación de 67 pozos cuando la ciudad no tenía ni la mitad de la población actual.
Esto culmina en la agria situación de que no solo la ciudad percibe menos recursos por la explotación del líquido, sino que esta explotación ha ido acelerando en un momento en el que la región experimenta una sequía histórica y una crisis de acceso al agua. El nivel de la presa La Amistad es del 32%, en La Boca del 22%, y en la Vicente Guerrero del 30%, todas operan bajo un déficit que es fácil de señalar. En la región sureste y los cuatro manantiales la crisis no ha saltado al ojo público por el simple hecho de que la explotación de manantiales subterráneos no se puede ver.
La lucha por el agua en el futuro inmediato
La falta de voluntad política de los gobiernos en México, junto a las tempranas consecuencias del cambio climático y el debilitamiento que han enfrentado las instituciones reguladoras del suministro de agua, culminaron en una crisis para la cual el sistema capitalista de explotación no tiene ninguna respuesta. La situación actual deja a millones de mexicanos en la incertidumbre de si tendrán hoy agua para sus necesidades básicas.
La coyuntura actual, abre la posibilidad de exponer el problema del acceso al agua como una realidad nacional. La tarea tiene que ser el hilar las diferentes luchas de resistencia a nivel local y pelear por construir un movimiento más amplio a nivel nacional que nos permita defender los recursos del saqueo de las transnacionales. Si no actuamos rápido, la crisis se profundizará y extenderá a nuevas regiones, poniendo en peligro la vida de millones de personas y la estabilidad de los ecosistemas.
La lucha es por el agua y la vida, contra el despojo capitalista.
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Fotografía: Alternativa socialista
