Por: Juan Luis García Hernández. Sin Embargo. 02/09/2017
A casi un año de su toma de protesta al frente de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade enfrenta una férrea oposición para mantenerse en el cargo una vez que la dependencia se transforme en Fiscalía General: Cientos de grupos civiles, organizaciones patronales y ciudadanos alzaron hoy la voz en contra del pase automático de Cervantes ante el impulso que el PRI ha manifestado para imponerlo por nueve años más al frente del nuevo Ministerio Público del país.
Dentro de los conglomerados #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva ha surgido un proyecto de dictamen ciudadano que buscaría romper el pase automático del actual Procurador y a la vez plantea una serie de mecanismos que impedirían a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto blindarse, como acortar el plazo de gestión del nuevo Fiscal y un Consejo interno que avalúe a la naciente institución.
¿Podrán los opositores frenar el nombramiento con el antecedente de que Raúl Cervantes Andrade fue nombrado titular de la PGR también sin su consentimiento?
Este martes, durante el acto realizado en el Ángel de la Independencia, organizaciones sociales y empresariales rechazaron el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como Fiscal General de la República. Y no fueron pocos. Se trata de 299 grupos civiles y organizaciones patronales, además de ciudadanos que exigieron que el titular del nuevo Misterio Público del país sea autónomo del Presidente Enrique Peña Nieto.
Se trata de un coro pocas veces visto, de voces que vienen desde distintas partes de la sociedad civil.
“Podemos decir que este Procurador no ha hecho su trabajo. Es alguien que es parte del problema, por eso se ha organizado este colectivo”, sostuvo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMPDHD) durante el mitin.
No es la primera vez que un nombramiento de Cervantes causa controversia, el pasado 26 de octubre, su designación como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) conmocionó a grupos críticos y de oposición que lo bautizaron en redes sociales como el #FiscalCarnal, en alusión a la cercanía que mantiene con el Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo.
Hoy, los grupos civiles y empresariales que se oponen al pase automático levantaron la voz nuevamente y no solo ello, tienen una propuesta. En los próximos días las organizaciones firmantes enviarán un proyecto de dictamen al Congreso de la Unión para que sean modificados transitorios de la reforma político electoral hecha a la Constitución en el 2014, el centro de la iniciativa de los cientos de organizaciones civiles es la “independencia política”. Que dejaría virtualmente fuera a Raúl Cervantes Andrade.
En el proyecto ciudadano, ningún aspirante podría ocupar el cargo, si ha tenido un puesto de elección popular en los últimos cuatro años y Cervantes fue Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el 25 de octubre del año pasado.
Las organizaciones parecen tener claro la necesidad de acotar los poderes del Fiscal. Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), detalló que también se proponen cambios que harían contrapeso al próximo Fiscal dentro de la misma dependencia, al incluir un Consejo del Ministerio Público de la Federación, compuesto por seis consejeros, que se encargaría de evaluar el desempeño de la futura institución.
La propuesta plantea además sustituir el plazo de este cargo de nueve años, como se estableció en el 2014, a cuatro para el primer Fiscal, y que a partir del segundo, este encargo se alargue a seis años.
“Esto es interesante porque va a romper la lógica sexenal. Y en cuanto a la reducción de años, […] pues si tú ves es un cargo que conlleva mucha presión”, señaló Corona.
EL DESGASTE DE CERVANTES
El ex Gobernador del PRI César Duarte Jáquez, acusado desviar 79 millones de pesos, continúa prófugo, sin que se hayan iniciado un proceso junto con los Estados Unidos, para extraditarlo. A esto se suma, el caso de espionaje a activistas y defensores de derechos humanos del que hasta la fecha no hay responsables.
En tanto que recientes escándalos por sobornos de Odebrecht entregados al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, han terminado en la apertura de una carpeta de investigación sin repercusiones para el ex funcionario, pese a que tres directivos de la constructora brasileña lo acusan de recibir 10 millones de dólares, cuatro de ellos cuando Peña Nieto era candidato presidencial.
Todos estos casos recientes y de impacto mediático más los que arrastra la dependencia desde los primeros años -caso Ayotzinapa, Tlatlaya y el asesinato de perioistas, entre otros- han minado la gestión de Cervantes, a decir de sus críticos:
“Lo que yo te puedo decir es que en materia de los delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, el trabajo del Procurador ha sido sumamente deficiente”, consideró Guevara.
No sólo es a nivel interno que la PGR de Cervantes no actúa, incluso ante ordenamientos de instituciones internacionales, reclaman los opositores. Uno de ellos es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 por el Ejército, un caso que no ha sido atendido a pesar de haber una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Otro caso que no ha sido atendido, enlistó el director ejecutivo de la CMPDHD, es el de cuatro civiles de Rosarito, que de acuerdo con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas fueron torturados por el Ejército, “entonces este Procurador no tienen ningún mérito para poder pasar a ser Fiscal General y menos aún por nueve años”, agregó José Antonio Guevara.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) adelantó que Raúl Cervantes tendrá, si es que los partidos lo promueven como candidato, que pasar por los mismos filtros de idoneidad que el resto de candidatos.
“Cualquier persona que tenga un interés y la calificación deberá de seguir un procesos formal para que pueda analizarse la vialidad de ser electo. Eso incluye al actual Fiscal, y cualquier otro funcionario”, dijo Gustavo De Hoyos Walther, Presidente de la Coparmex.
El mensaje podría estar directamente dirigido a las bancadas del PRI, que hoy mismo anunció públicamente su respaldo para que sea Raúl Cervantes el próximo Fiscal General, pese a que el Presidente Enrique Peña Nieto envío una iniciativa en noviembre del año pasado para reformar el Artículo 102 de la Constitución para cancelar el pase automático.
Sin embargo, previendo una designación a dedazo, las organizaciones han pedido desde ya ser parte de las discusiones de los diferentes dictámenes de ley que darán origen a las leyes secundarias de la futura Fiscalía General.
“Se está buscando tener un proceso de análisis con una apertura, que pueda sensibilizar a la gente del proceso que están tomando sus representantes, y generar consciencia”, dijo Corona, sobre el interés de las organizaciones de que las discusiones se lleven bajo el formato de “Parlamento Abierto”, el cual incluye la divulgación de las propuestas de cada partido a través de plataformas digitales.
Los empresarios aseguraron que no impulsaran el fracaso del Sistema Nacional Anticorrupción. De Hoyos dijo que la Coparmex estará apoyando la presente proyecto de dictamen, así como una nueva ola de leyes.
“La primera es una nueva Fiscalía General, vamos por más, por una nueva Ley de Obra Pública, de Adquisiciones, del régimen de financiamiento de partidos políticos y, desde luego, por un nuevo régimen en materia del fuero constitucional”, advirtió el presidente de la Coparmex.
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Fotografía: vanguardia
