Norberto Soto Sánchez* & Roberto González Villarreal**. 18/06/2025.
Desde el 15 de mayo pasado y durante 24 días ─en algunas entidades durante poco más tiempo- la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, la facción democrática y disidente de mayor envergadura dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, impulsó acciones colectivas de muchísima importancia a lo largo y ancho de México, teniendo como epicentro el Zócalo de la capital del país con un campamento que aglomeró a miles de maestras y maestros de muchas entidades de la república.
La movilización inició con una serie de demandas: abrogación de la ley del ISSSTE de 2007; abrogación de la reforma educativa – laboral de EPN-AMLO; aumento de salarios; democracia sindical. Las mismas demandas de hace algunos años. Sin embargo, como suele suceder en los movimientos, la dinámica de la confrontación fue modificando la jerarquía de las demandas y, sobre todo, el impacto en la población y en los mismos contingentes en lucha.
El meollo del asunto en cuanto a la Ley ISSSTE es el siguiente: tras la imposición de la nueva Ley en el sexenio de Felipe Calderón, se conformaron las llamadas “cuentas individuales”, modelo bajo el cual la pensión depende de los recursos que ahorra el trabajador o trabajadora, y esta se agota al acabarse dichos recursos; el monto de la pensión está determinado por el saldo que se acumule en la cuenta del Ahorro para el Fondo de Retiro (AFORE), y es muy baja en relación con el salario que se tenía en activo; l@s trabajadores jubila@s no reciben aguinaldos; las y los pensionados deben pagar por su cuenta un seguro médico de beneficiarios; además, de acuerdo a la Ley en cuestión, las edades de jubilación han ido aumentando desde 2010, llegando actualmente casi a los 60 años, y, por lo mencionado anteriormente, obligando a muchas y muchos trabajadores a mantenerse laborando hasta edades muy avanzadas, pues las pensiones raquíticas que ofrece el régimen de cuentas individuales no permiten tener una vida digna en la vejez, uno de los momentos más delicados de la existencia humana.
Dicho régimen de pensiones y jubilaciones sustituyó al de solidaridad intergeneracional que, básicamente, planteaba un modelo en el que las y los trabajadores en activo (la generación actual) financiaban una parte de las pensiones de las personas jubiladas (generaciones anteriores) junto al Estado (para el caso del ISSSTE, a estas contribuciones se les sumaba el de las empresas, en el caso del IMSS, cuya Ley fue reformada de forma regresiva en 1997). Es decir, las cotizaciones a la Seguridad Social que aportaban los trabajadores se utilizaban para pagar las pensiones de los jubilados, con lo que se creaba algo así como un “foco de solidaridad” entre generaciones.
Ese desplazamiento que fue de un modelo de solidaridad colectiva e intergeneracional por uno que individualiza a las pensiones representa el núcleo neoliberal del actual régimen de jubilaciones y pensiones que fue impuesto tanto en el caso de la Ley IMSS (1997) como en la del ISSSTE (2007); por ello el señalamiento de que luchar por la abrogación de ambas leyes es luchar contra dos de los pilares del neoliberalismo en México. Como todas las medidas neoliberales que se implementaron en México durante los últimos 40 años, ambas reformas fueron golpes muy fuertes a la clase trabajadora. Son de los agravios más graves que se le han hecho.
Para el caso de la del ISSSTE 2007, esta reforma vino acompañada del inicio de la última etapa de militarización del país, cuando Felipe Calderón declara la “guerra contra el narco” y saca a las Fuerzas Armadas supuestamente para realizar labores de seguridad pública con el presunto objetivo de “recuperar los espacios que han sido secuestrados por los narcotraficantes y otras organizaciones delictivas, y así garantizar a la sociedad un entorno seguro que les dé tranquilidad”. Dicha política, en los hechos, comenzó a ser implementada desde finales de 2006, aunque su formalización acaece hasta 2008, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 (https://acortar.link/zFFeox).
Hoy sabemos sin lugar a duda que la “guerra contra el narco” de Calderón fue una completa farsa. Tan es así que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos. De lo que se habla muy poco es de los objetivos ocultos de la militarización de México, entre los cuales ha estado el de inhibir la organización y la movilización de la clase trabajadora, sectores populares y comunidades indígenas a través de la paramilitarización de la violencia a lo largo y ancho del territorio nacional.
Si alguien se da una vuelta por la hemeroteca y revisa el material periodístico de inicios de 2007 ─cuando Benjamín González Roaro, Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes Linares, Manlio Flavio Beltrones, Samuel Aguilar y otros impresentables estaban preparando la presentación de la nociva reforma ISSSTE- se encontrará con que la discusión en los medios de comunicación estaba centrada casi en su totalidad en la violencia que emanó del Operativo Conjunto Michoacán, que rápidamente se expandiría a todos los rincones del país. Dentro de los pocos que hablaban de la entonces próxima reforma a la Ley del ISSSTE destacaba el investigador Gustavo Leal Fernández.
La propuesta y aprobación de la reforma en cuestión, así como de la implementación de la nueva fase en la militarización de México, con sus efectos mediáticos y sociales, no fue casual. Fue un instrumento de la gobernanza neoliberal.
Y la cuestión viene a colación a propósito de la criminalización de la que fue objeto la CNTE a nivel mediático, tanto por medios de la oposición de derecha como los pro-morenistas, durante los 24 días de protestas que llevaron a cabo en la capital del país, particularmente con la toma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (23 de mayo), la manifestación en la Secretaría de Gobernación (4 de junio) y la toma de las oficinas centrales del SNTE (5 de junio), donde fueron implementados métodos de lucha clásicos de la clase trabajadora: bloqueos, pintas, y en el caso de las últimas dos fechas mencionadas, se presentaron algunas expresiones más radicales.
Pero ambos polos mediáticos mencionados solo se dedicaron a denostar el radicalismo de los métodos, sin tomar en cuenta las causas subyacentes: no solo era la falta de solución a la abrogación de la Ley ISSSTE 2007, sino también hartos agravios de los que han sido objeto muchas comunidades de Guerrero y Oaxaca ─los estados de las secciones XIV y XXII, respectivamente, principales impulsoras de las acciones radicales- y que tienen que ver con la violencia del paramilitarismo y la desaparición forzada ─en donde se incluye, entre muchos casos, el de los 43 normalistas de Ayotzinapa-, ambas efectos de la militarización en el país.
La historia muestra claramente que ninguna batalla política decisiva se gana sin la radicalización de los métodos de lucha. La falacia obradorista/morenista de que ellos llegaron al poder “sin romper un vidrio” es eso, una falacia, pues dicho movimiento se montó en otras luchas que sí tuvieron que romper vidrios e incluso pagar con vidas de activistas y militantes. Ejemplos claros de ello son tanto Ayotzinapa como la propia lucha magisterial que impulsó la CNTE contra la reforma educativa peñanietista. En ambas se montó el obradorismo de forma oportunista, a ambas luchas traicionó.
Y la cuestión ahí está en que la radicalidad de los métodos debe ir acompañada de la radicalidad política. En los dos casos anteriores lamentablemente se confió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que el magisterio coreaba “ya cayó ya cayó, la reforma ya cayó”, creyendo que de la reforma educativa peñanietista no quedaría ni una coma.
AMLO dejó dicha reforma prácticamente intacta, pero la perspectiva política moderada de la disidencia magisterial en aquel entonces no permitió ver la cruda realidad de la traición obradorista que se estaba gestando.
Tras este primer round por la abrogación de la Ley ISSSTE 2007 que han significado los días de lucha magisterial a partir del 15 de mayo ─a la que se han incorporado importantes organizaciones de otros sectores, como Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud- el gobierno de Sheinbaum ha estado moviendo sus piezas para confundir al magisterio y evitar que se radicalice en este momento de reagrupamiento táctico.
Esa función cumple Marx Arriaga, Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, al haber asistido el 17 de junio a Baja California a impartir una conferencia sobre la Nueva Escuela Mexicana supuestamente desde el paradigma crítico de la resistencia y la dignidad magisterial en la ruta de protesta contra la Ley del ISSSTE del 2007. Es necesario que la CNTE en todos los estados donde reorganiza sus fuerzas, mantenga clara la independencia política que se refrendó en la lucha de 24 días, independencia tanto de la derecha como de la 4T y personajes como Arriaga.
En esta ocasión la moderación política no puede triunfar. La radicalización de los métodos de lucha debe ir acompañada de la radicalización política. Eso se logrará en la medida en que se clarifique la naturaleza neoliberal de los regímenes de jubilaciones y pensiones y se elabore también una propuesta alterna que le sea impuesta al gobierno de Claudia Sheinbaum a través de la acumulación de fuerza política incorporando a más sectores de trabajadores no solo del Estado, sino también a aquellos a quienes afecta la ley del IMSS de 1997.
*Psicólogo y Maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Candidato a doctor por la UPN Ajusco.
** Dr. En Economía, profesor e investigador en la UPN Ajusco.
Fotografía: Norberto Soto Sánchez
