Por: RICARDO VERDUM. 02/07/2022
La Fundación Nacional del Indio es un agente activo de una estrategia política de exposición de los pueblos en aislamiento voluntario al contacto con personas ajenas al territorio. El pueblo Piripkura, la Tierra Indígena Pirititi y la Tierra Indígena Ituna Itatá evidencian la connivencia del órgano indigenista con el poder económico y político que busca lucrar con sus recursos naturales: el agronegocio, las madereras y la minería ilegal.
Minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami. Foto: Bruno Kelly / HAY
Durante sus tres años de gobierno, las políticas de Jair Bolsonaro destinadas a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía brasileña han tenido un objetivo específico: facilitar la limpieza étnica en los territorios que habitan. Para ello, sistemáticamente se eliminó cualquier evidencia que justificara la necesidad de resguardarlos de aquellos que quieren, legal o ilegalmente, ocupar, explorar y mercantilizar estas áreas y sus recursos naturales.
De los 120 registros de presencias de pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía brasileña, 28 están confirmados y 92 están siendo estudiados para confirmar su presencia. Los registros están distribuidos en 86 territorios: 54 territorios indígenas, 24 unidades de conservación (15 federales y nueve estaduales) y ocho áreas sin ningún mecanismo jurídico o administrativo de protección.
Actualmente, existen siete Tierras indígenas con Restricciones de Uso (RU) que fueron creadas para la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. A continuación, vamos a hablar de tres situaciones que demuestran una estrategia de exposición programada de los indígenas aislados. Como se observa, el Gobierno de Bolsonaro promueve el contacto de las comunidades con grupos sociales externos a través del libre acceso a sus territorios.
Avionetas y helicópteros en la pista de aterrizaje de Jeremías, Homoxi, en la Tierra Indígena Yanomami. Foto: Bruno Kelly / HAY
El avance sobre las tierras de los pueblos indígenas en aislamiento
En el estado de Mato Grosso, el pueblo Piripkura espera desde la década del ‘80 que su territorio sea definitivamente demarcado, homologado y protegido por el Estado brasileño. Recién el 30 de septiembre de 2008, la FUNAI publicó la primera ordenanza que estableció la restricción de acceso a terceros y uso de un área de 243 mil hectáreas. La última renovación de la ordenanza, realizada el 17 de marzo de 2022, dictaminó un plazo de validez de apenas seis meses, tiempo insuficiente para que la FUNAI concluya la delimitación y la Presidencia la homologue.
Mientras tanto, la Fundación Nacional del Indio bolsonarista se resiste a llevar adelante el proceso demarcatorio y continúan los enfrentamientos en el ámbito jurídico entre la FUNAI, el Ministerio Público Federal, las organizaciones indígenas, las fundaciones indigenistas y los organismos de derechos humanos. En el territorio, el agronegocio, los madereros y los ocupantes ilegales avanzan por el interior de la Tierra Indígena: deforestan la selva, promueven los incendios y se llevan la madera.
En Roraima, los pueblos aislados que habitan la Tierra Indígena Pirititi con Restricción de Uso cuentan solo con la protección temporaria de una ordenanza de 2012. Ese instrumento jurídico-administrativo que restringe el uso de terceros fue prorrogado en varias ocasiones. La última fue el 22 de febrero de 2022 y, pasados tres meses, no hay noticias de que la FUNAI haya iniciado los estudios de identificación y delimitación definitiva de la Tierra Indígena. Mientras tanto, el crecimiento de las actividades ilegales pone en riesgo a los indígenas, a través de la propagación de enfermedades y potenciales conflictos por la tierra.
En el estado de Pará, la primera ordenanza de restricción de uso de la Tierra Indígena Ituna Itatá, un área de 142.000 hectáreas, fue dictada el 11 de enero de 2011. A pesar de la oposición del Gobierno Federal, la última renovación ocurrió el 28 de enero de 2022. La FUNAI se vio obligada a hacerlo cuando la prensa informó que sus funcionarios se habían reunido con segundas líneas del Gobierno para abrir este territorio a la explotación maderera, agropecuaria y minera.
La estrategia consistía en negar la presencia de indígenas y denunciar que era un invento de los antropólogos. Paralelamente, hostigaron a funcionarios y técnicos que habían encontrado evidencia de la presencia de indígenas en aislamiento voluntario. Mientras la FUNAI y el Gobierno Federal intentan revocar la medida de restricción de uso, en la Tierra Indígena Ituna Itatá la deforestación y la ocupación ilegal también avanzan con velocidad.
Los estudios recientes muestran que a lo largo de los últimos años, los gestores del Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) permitieron que los inmuebles rurales ilegales fueran registrados. Este organismo es responsabilidad del Servicio Florestal Brasileño, que, a su vez, depende del Ministerio de Agricultura. Cerca del 97% de la Tierra Indígena Ituna Itatá está afectada por registros irregulares y fueron construidas (ilegalmente) pequeñas calles que facilitan la penetración, el retiro de madera y la ocupación. Como si fuera poco, la concesionaria Equatorial Energia instaló infraestructura y suministra electricidad a los invasores.
Los piripkura esperan hace décadas que se demarquen sus territorios: Foto: Archivo FUNAI
Cuando la nueva FUNAI profundiza la vulnerabilidad
Pero la estrategia de hacer desaparecer a los indígenas no se centra únicamente en la población indígena aislada. El 22 de abril de 2020, la FUNAI publicó la Instrucción Normativa N°9/2020 que determina nuevos lineamientos para la Declaración de Reconocimiento de Límites en Relación a Inmuebles Privados. La ordenanza establece que, al momento de emitir declaraciones solicitadas por ocupantes no indígenas, la FUNAI solo debe reconocer como Tierras Indígenas a aquellas que están homologadas por un decreto presidencial. Peor aún, el Sistema de Gestão Fundiária (Sistema de Gestión de Tierras, SIGEF) del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agrária (INCRA), responsable del registro oficial de los inmuebles rurales, deberá seguir los conceptos y reglas indicados. La medida provocó una avalancha de solicitudes.
En las áreas no homologadas por el Poder Ejecutivo, la ordenanza deja a los indígenas aislados en una total indefensión, teniendo que enfrentar por sí mismos el avance agropecuario y extractivista sobre sus territorios. En la práctica, el órgano le proporciona al solicitante un documento que le permite registrar al área como propiedad privada, requerir una licencia para desmontar, extraer minerales, venderla o utilizarla como activo en el mercado financiero de tierras.
El pasado 29 de diciembre, la FUNAI le comunicó a sus sedes regionales, Servicios de Gestión Ambiental y Territorial, y Coordinación Técnica Local que no debían incluir en los presupuestos de 2022 la ejecución de actividades de Protección Territorial en Tierras Indígenas todavía no homologadas por decreto presidencial. Con esta instrucción, la FUNAI dejó a su propia suerte a los pueblos indígenas que se encuentran en contextos sociales y territoriales conflictivos a raíz del avance de la frontera agropecuaria y la minería ilegal.
En lugar de proteger a los indígenas, la FUNAI profundiza su vulnerabilidad y el riesgo sobre sus vidas. Algunos casos muy concretos son la Tierra Indígena Tupinambá de Olivença (en Bahía), la Tierra Indígena Tekoha Dje’y/Rio Pequeno (en Paraty, estado de Rio de Janeiro) y otros 200 territorios. Si la “nueva FUNAI”, como ha sido presentada públicamente la actual dirección, insiste en mantener esta determinación, solamente en el estado de Amazonas, 40 Tierras Indígenas quedarán desprotegidas.
Minería ilegal al lado de la comunidad de Homoxi en la Tierra Indígena Yanomami. Foto: Bruno Kelly /HAY
La estrategia de hacerlos desaparecer
Existe una clara intención del Gobierno de Jair Bolsonaro de exponer a la población indígena en aislamiento voluntario al contacto con los invasores y de convencer a la sociedad de la ausencia de aislados. Literalmente, buscan hacerlos desaparecer. Y la FUNAI es cómplice. Es una forma de posibilitar y legitimar la apertura definitiva de las Tierras Indígenas a los usurpadores, ocupadores ilegales, terratenientes y madereros.
Con estas acciones, el Gobierno Federal da un paso más en el camino de relegar a su propia suerte una porción importante de la población indígena y sus territorios tradicionales. Especialmente, de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, violencias y riesgo. Esto sucede también en Tierras Indígenas homologadas, como es el caso de la Terra Indígena Yanomami (TIY), que está invadida por más de 20.000 garimpeiros y milicianos armados que cuentan con el apoyo explícito del Gobierno Federal.
Según los cálculos de MapBiomas, desde 2016 a 2020 la minería en la TIY creció un 3.350%. Se trata del peor momento desde que se homologó la Terra Indígena en 1991: desmonte, destrucción y contaminación de cursos de agua con mercurio; afectación a la salud de las personas; tasas alarmantes de malaria; propagación del Covid-19; crisis de soberanía alimentaria; aumento de casos de desnutrición; muertes violentas y abuso sexual.
En los últimos tres años y cinco meses, el Gobierno de Jair Bolsonaro no demarcó ni homologó una sola Tierra Indígenas. De este modo cumplió su compromiso realizado durante la campaña electoral de 2018 y reafirmado antes de tomar posesión: no demarcar ni un centímetro de tierra para los pueblos indígenas.
Ricardo Verdum es Cientista Social y Doctor en Antropología Social por la Universidad de Brasilia. Es investigador independiente e integra la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA).
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Fotografía: IWGIA
