Por: REMA. 11/05/2020
En las próximas horas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera en el Amparo en Revisión 928/2019; se trata de un asunto fundamental ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país.
En septiembre del 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla, instruyó -en ejercicio de su autonomía- al Consejo Maseual Altepetajpianij a llevar a cabo las acciones legales necesarias para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.
En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios; sin embargo, al tiempo que concedía el amparo, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Puebla, evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión.
Frente a la omisión del juzgado las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que en breve será resuelto por la Suprema Corte.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hemos denunciado insistentemente que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico diseñado para facilitar y hacer posible que el Modelo Extractivo Minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente. Entre otras cuestiones, hemos advertido que la Ley Minera considera las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales como de “utilidad pública” y como “preferentes” sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, además de que en el procedimiento de toma de decisiones para el otorgamiento de las concesiones mineras no se considera la participación de los pueblos indígenas vulnerando con ello su autonomía y su derecho a decidir; cuestiones sobre las que debería pronunciarse la Segunda Sala de la Corte.
En días pasados, sin embargo, se dio a conocer la versión pública de la resolución que el ministro Javier Laynez propone para su discusión, la cual deja intocado ese entramado jurídico al considerar que “el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados.” No omitimos señalar que, bajo las actuales disposiciones de la Ley Minera, la Secretaría de Economía ha entregado más de 25,000 concesiones que están generando graves conflictos sociales en todo el territorio nacional.
Por ello, desde las comunidades, pueblos, organizaciones y colectivos que somos la REMA, en solidaridad con la lucha del pueblo Maseual y haciendo nuestras sus exigencias, llamamos, respetuosa pero enérgicamente a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y a sus homólogos Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Franco González Salas a no atender el proyecto del ministro Laynez y a discutir sobre las diversas disposiciones de la Ley Minera que resultan violatorias de los derechos humanos de los pueblos indígenas para ajustarla a nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México es Estado Parte.
¡JUSTICIA y LEGALIDAD!
¡ACABAR CON LA IMPUNIDAD EN LA OPERA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Fotografía: Aristegui Noticias.
