Por: Marcelo Trivelli. 22/02/2025
Después de 35 años, la causa de muerte del cantante Gervasio fue recaratulada como homicidio, reconociendo la tesis que ha sostenido su familia desde que su cuerpo fuera encontrado colgado de un árbol en Talagante, en contraposición del suicidio como estaba hasta ahora. Blanca Viera su hermana dice estar más tranquila con esta resolución judicial.
La justicia es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Sin embargo, cuando la justicia se dilata, pierde su esencia y se convierte en una mera formalidad que desgasta la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. El viejo adagio “justicia tardía no es justicia” cobra especial relevancia en un contexto donde los procesos judiciales se extienden por años, e incluso décadas, generando un profundo descontento social y un menoscabo a los derechos de las víctimas, los acusados y la sociedad en su conjunto.
En lo estrictamente procesal, el principal problema es la pérdida de pruebas y testimonios. Con el paso del tiempo, los documentos pueden extraviarse, fortuita o deliberadamente, los testigos fallecer o su memoria volverse menos confiable, lo que dificulta la obtención de un fallo justo y basado en evidencia sólida. Esto es especialmente relevante en los casos de corrupción y derechos humanos, donde los delitos suelen involucrar redes de encubrimiento y complicidad que se refuerzan con la demora en las investigaciones. Es por ello que las tácticas dilatorias de las defensas van en beneficio de los acusados.
En junio de este año se cumplen 20 años de la entrada en funcionamiento pleno en todo el país de la Reforma Procesal Penal, que reemplazó al sistema inquisitivo que era secreto, por escrito y el juez era quien investigaba y sentenciaba. Se mejoró en tiempos de proceso por ser menos burocrático y hay mayor transparencia por ser de carácter público.
Uno de los principales beneficios es la imparcialidad del proceso al existir separación entre jueces y fiscales; el Ministerio Público es responsable de liderar la investigación, mientras que los jueces se limitan a evaluar pruebas y dictar sentencias con mayor independencia. Esto permite que las decisiones judiciales sean más equilibradas y basadas en hechos debidamente sustentados.
Veinte años es tiempo suficiente para implementar reformas que agilicen los procesos judiciales y disminuyan los casos en que se desiste de seguir investigando. Esto incluye el fortalecimiento del Ministerio Público con mayores recursos y tecnología para optimizar las investigaciones, la reducción de trabas burocráticas y la aplicación de sanciones efectivas a quienes dilaten deliberadamente el curso de la justicia. Asimismo, se debe fomentar una mayor transparencia en los procesos y garantizar que todas las partes involucradas reciban un trato equitativo ante la ley sobre todo en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema que parecen beneficiar a las élites.
Finalmente, el adagio que dice: “la justicia tarda, pero llega”, es un consuelo para las víctimas de los pocos casos en que se logra hacer justicia a pesar del tiempo transcurrido. Prefiero el sentido de urgencia que urge a la acción cuando se está convencido que, para la mayoría de los casos, justicia demorada es justicia denegada.
Marcelo Trivelli
Fundación Semilla
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