Por: Isolda Morillo. 19/06/2021
En el Perú, grupos indígenas y ONG locales están utilizando innovadoras estrategias de defensa para garantizar que la inversión china en sus comunidades los incluya también en el proceso de toma de decisiones y que no se haga a costa del ambiente.
El Lote 58 es un yacimiento de petróleo y gas natural situado en el sur del Perú, en la provincia de Cuzco, con cerca de 4 billones de pies cúbicos de reservas de gas, y ha sido un importante centro de inversión en las últimas décadas, en particular para la empresa china de petróleo y gas Corporación Nacional China de Petróleo (CNPC). Además, el Lote 58 se sobrepone con las reservas naturales protegidas de la selva amazónica, así como con los territorios tradicionales de varias comunidades indígenas como los tangoshiari, kirigueti y kochiri.
Esas comunidades indígenas y las ONG locales exigen que las empresa extractivas operen allí con mayor transparencia, respeto al entorno y a sus derechos como pueblos indígenas.
Denisse Linares, defensora de los derechos de las comunidades indígenas a través de la ONG Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), denuncia que las nuevas modificaciones de los proyectos en el Lote 58 se está realizando sin la participación de los ciudadanos.
Para lidiar con la situación, una coalición de organizaciones no gubernamentales e indígenas se unió para presionar al Gobierno para que protegiera mejor los derechos de consulta de los indígenas, y exigiera cuentas a las empresas.
“La consulta previa es clave, ya que informa a las comunidades de la situación, del posible impacto de los proyectos en sus vidas”, dijo Linares a Global Voices a través de WhatsApp. Pese a la riqueza de recursos naturales de la región y de la afluencia de inversiones extranjeras, los grupos indígenas no se han beneficiado de una mejora de sus derechos o del nivel de vida, ya que entre el 23 y el 26 % de la población local vive en la pobreza, según los informes.
Selva amazónica en el Perú cerca del Lote 58. Foto por el DAR, utilizada con autorización.
El actor clave en el Lote 58 es la mayor empresa de petróleo y gas de China, la Corporación Nacional China de Petróleo (CNPC). La gigantesca compañía petrolera, que afirma ser la tercera más grande del mundo, obtuvo el permiso del Gobierno peruano para explorar y explotar el Lote 58 en 2017. La empresa invertirá supuestamente hasta 4400 millones de dólares hasta 2023.
En los últimos tres años, China empezó a adquirir estratégicos activos energéticos en América Latina como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por su nombre en inglés). Entre 2017 y 2019, el 56 % de las inversiones energéticas de la BRI se destinaron al petróleo y al gas, mientras que el 39 % se destinó a las energías renovables, según la Natural Gas Intelligence. China es el emisor principal de gases de efecto invernadero del mundo.
La promesa de China de alcanzar un máximo de sus emisiones antes de 2030 ha aumentado su sed de gas natural, que emite casi un 50 % menos de gases de efecto invernadero que el carbón cuando se utiliza para producir electricidad. Sin embargo, esta demanda está poniendo a prueba la cantidad finita de recursos de la Amazonia.
El Lote 58 está situado en la Selva Amazónica. Mapa del Ministerio del Ambiente del Perú.
La selva amazónica, que cubre parte de Brasil, Perú y Colombia, es el hogar de la mitad de los bosques tropicales que quedan en la tierra, con una reconocida riqueza en biodiversidad. Dado que la selva se asienta sobre grandes reservas de petróleo y gas, se ve afectada por extracciones de gas sin precedentes en la región y la construcción intensiva de carreteras, una de las principales causas de la deforestación en la Amazonia. Mantener la cubierta forestal de la Amazonia es también una parte fundamental para reducir el cambio climático.
Además, los estudios han demostrado que los indígenas juegan un papel crucial en la conservación del medio ambiente. Sin embargo, la explotación de hidrocarburos en el Perú ha afectado a sus vidas durante décadas, desde que Shell descubrió los primeros yacimientos en la región de Ucayali en la década de 1980, según DAR. Ahora, los indígenas peruanos enfrentan un reto similar de CNPC.
Los pueblos indígenas del Amazonas han adquirido un gran conocimiento de la selva a través de miles de años de observación, incluido el modo de regenerar el ecosistema nativo, según un informe de Amazon Frontlines, ONG que promueve la preservación del ambiente amazónico.
Foto de activistas de DAR que muestran unos mapas del Lote 58, utilizada con autorización.
También los académicos internacionales han colaborado: en un estudio reciente de 2021, el doctor Kerry Ratigan escribió que los perdedores en esos proyectos “suelen ser las comunidades pobres, indígenas y rurales que sufren las consecuencias ambientales con pocos beneficios económicos, sin embargo, el Gobierno peruano sigue favoreciendo a la extracción de recursos”.
Es más, en 2018, grupos locales presentaron el caso del Lote 58 ante el Consejo de Naciones Unidas por presuntas violaciones de los derechos de consulta por parte de la CNPC.
Un año después, por recomendación de Naciones Unidas, China adoptó algunas de las peticiones de los grupos: aceptó fomentar que sus proyectos fueran más compatibles con los derechos humanos y ambientales. Además, aceptó estudiar la posibilidad de establecer un marco legal para garantizar que las actividades realizadas por sus industrias no socavan los derechos humanos en el extranjero, entre otras medidas.
Entrada al distrito de Urubamba, donde se sitúa el Lote 58. Foto de DAR, utilizada con autorización.
Sin embargo, los indígenas denuncian que siguen sin ser consultados pese a que el proyecto avanza.
En octubre de 2020, los grupos de derechos indígenas escribieron una carta al embajador chino en el Perú para solicitar a ambos Gobiernos que incluyan un capítulo ambiental en el Tratado de Libre Comercio China-Perú, ” en reconocimiento de que la compleja realidad ambiental y social del Perú requiere un fortalecimiento del marco de promoción del desarrollo sostenible y una gobernabilidad de las inversiones”.
Debido a lo mucho que está en juego, el Gobierno chino ofreció a las ONG peruanas la oportunidad de mantener conversaciones con instituciones chinas, patrocinadas por el Estado, y con ONG organizadas por el Gobierno como Green Camel Bell, Red de Acción Civil por el Clima de China, Sociedad de Energías Renovables de Chóngqing, Centro Internacional de Intercambio Cultural de Chóngqing y Proyecto de Responsabilidad de China Zhang Jingjing. DAR mantuvo conversaciones en línea con esas organizaciones chinas en 2020, para ayudar a China a comprender mejor el contexto político y económico y sus regulaciones ambientales y sociales.
Lamentablemente, esos intercambios no se tradujeron en mejoras reales en cuanto a la comprensión y satisfacción de las peticiones de las comunidades implicadas.
Pese a las promesas de los funcionarios chinos y peruanos, sigue sin estar claro si estos megaproyectos realmente mitigarán los daños medioambientales, mejorarán la vida de los indígenas y, les permitirán disfrutar de algunos de los frutos de las enormes inversiones en una región empobrecida.
Este artículo forma parte de una investigación del Observatorio de Medios Cívicos sobre las narrativas que compiten entre sí sobre la Iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, y explora como las sociedades y las comunidades perciben de manera distinta los posibles beneficios y perjuicios del desarrollo liderado por China. Para saber más sobre este proyecto y sus métodos, haz clic aquí.
LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Pixabay
