Por: Susana Rodríguez and Vianney Martínez. 15/09/2022
Implanta 4T su propio terror contra Defensores de DH
Entre junio de 2021 y mayo de 2022, el 71% de las violaciones a Derechos Humanos fueron cometidas por gobiernos emanados de Morena, es uno de los más significativas revelaciones del informe “Defender los derechos en México: Entre la omisión y la simulación” del Comité Cerezo México, ACUDDEH y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.
Estratégicamente en el cambio de gobierno que se dio con las elecciones de 2018, las aguas se calmaron y, por el contrario, siguió el ataque a personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El informe se presentó la semana pasada en la Ciudad de México, como el ejercicio que cada año hacen desde hace 11 las organizaciones civiles Comité Cerezo y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos.
Su metodología es la documentación de violaciones a los derechos humanos de quienes defienden derechos y practican la libertad de Expresión, por lo que se prevé el año 2022 termine con un incremento de hechos del mismo tipo.
Las resistencias son un estorbo para poderosos
Para quienes ostentan el poder que sostienen proyectos neoliberales de desarrollo desde el gobierno, las resistencias son un estorbo.
La represión es el primer paso y cuando eso no es suficiente la violencia escala y lo que sigue es aplacar, dijo en la presentación del informe la periodista Jade Ramírez, cofundadora de Perimetral.press.
En la implantación de un modelo de desarrollo económico, desde ahí calcula cuáles van a ser sus obstáculos y estorbos para desarrollarse y naturalmente son las resistencias.
Jade Ramírez
Este nueva paradigma, la 4T, lo que nos arroja con este informe es que a las articulaciones y defensoras de derechos humanos, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite, no sólo de represión, sino de aplacar y exterminar” , argumentó Jade Ramírez.
Otro aspecto resaltado durante la presentación del informe, es que la labor de documentación que hacen las organizaciones Comité Cerezo y ACUDDEHEl es una práctica «secuenciada».
Si el anterior informe pudo parecer crudo, señaló Jade Ramírez, este constata la continuación de las violaciones, la omisión y simulación del Estado, aún entre gobiernos de “izquierda”, concluyó.
En la presentación del informe participaron también Dieter Müller representante de la Fundación Rosa Luxemburgo en México; Sandra de Garmendia, coordinación de la Oficina de Brigadas Internacionales de Paz México; Jesús Peña como representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
También Francisco y Alejandro Cerezo Contreras, directores de las organizaciones que elaboran este informe desde hace 11 años.
Al Estado mexicano no le gusta la protesta
Los métodos de represión del actual Gobierno Federal se modificaron.
Pero lo que no cambió fue la intención de callar las voces disidentes que están inconformes con el proceder de las autoridades, coincidieron los presentadores al analizar el informe.
Apuntan que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante los programas de apoyo social “aparenta” que todo está en calma y está enfocado en apoyar a las personas más desfavorecidas.
Mientras esto sucede a nivel nacional, en las entidades gobernadas por el Partido de la Revolución Institucional, Acción Nacional y Morena, tienen presencia de grupos paramilitares y corporaciones estatales o municipales de seguridad pública, que reprimen la protesta.
De 2021 a 2022 hubo 346 actos violatorios contra defensores del derecho humano a la protesta.
Fueron 50 contra defensores del territorio y el medio ambiente y 35 eventos en contra de quienes defienden la Vida Digna.
Con libertad de reprimir
De las 118 violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras, el 70% de las agresiones está concentrado en seis entidades: Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Puebla y Michoacán, gobernados por MORENA y Estado de México bajo el régimen del PRI.
En total, seis de cada diez actos de violación a los derechos humanos, fueron responsabilidad de las autoridades estatales.
El Gobierno Federal bajo el argumento de respetar la soberanía de los estados, refiere el resumen ejecutivo del informe, ha omitido su función de intervenir para frenar las violaciones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Las tres acciones mediante las cuales se manifestaron durante el periodo de un año, son las siguiente violaciones de derechos humanos: agresiones (desalojo, golpes y disparos con armas de fuego), hostigamiento y allanamiento de domicilio u oficinas.
Sobre este último, la Oficina de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), manifestó su preocupación por el incremento del allanamiento como una forma de sembrar terror. Puso de ejemplo lo acontecido en la Casa de los Pueblos en Puebla.
En marzo del año pasado Bonafont abandonó esta instalación, en agosto los pueblos organizados decidieron entrar a estas instalaciones a manera de protesta y como espacio de auto-organización y en febrero de este año se desaloja con la policía estatal y la Guardia Nacional
Sandra de Garmendia, PBI
Los casos documentados por el Comité Cerezo de allanamiento pasaron de dos eventos en 2021, a 11 durante 2022.
Urge reconocer la labor públicamente
En su turno, Jesús Peña como representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, despejó el escenario hipotético de qué pasaría en caso de extinguirse la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
Apuntó, son mujeres y hombres dedicados a la búsqueda de un país más democrático donde se respeten los derechos humanos universales, avalados por un sinfín de documentos a nivel internacional.
Las organizaciones internacionales han reconocido, no sólo en la presentación de este informe, que el marco normativo en materia de derechos humanos en México es vanguardista.
Sin embargo, queda muy claro que la legislación no basta, señaló el diplomático.
Entre las conclusiones del informe, se argumenta que el Estado debe crear una política integral real de protección para mujeres y hombres defensores de derechos humanos.
También, una campaña para legitimar la labor que realizan en lugar de desprestigiarles y que se retiren o deroguen las iniciativas que penalizan el derecho a defender derechos humanos, como es el caso de la protesta.
“Hay que reconocer la labor positiva de las persona defensoras de derechos humanos, desde los más altos niveles del Estado y eso también significa respaldar el trabajo aunque este sea crítico a quien ejerce el poder
Jesús Peña, representante adjunto en México de la OACNUDH
Foto: Vianney Martínez / Archivo. Fecha de publicación: 29 de agosto 2022.
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Fotografía: Perimetral press
