Por: Magda Coss Nogueda. RT. 01/04/2018
Hay casos emblemáticos que catalizan y agitan a la sociedad, que hacen que los medios presten atención y la ciudadanía reclame. Lo fueron los 43 de Ayotzinapa en 2014, que atrajeron la atención de todo el mundo sobre el problema de la violencia y el secuestro en México; hoy, es la desaparición de tres estudiantes, que ha puesto el foco en un tema que recibe pocos reflectores: los desaparecidos.
No mucho tiempo atrás el caso de tres italianos que desaparecieron también en Jalisco exigió respuestas de las autoridades. Francesco Russo, hijo de una de las víctimas, aseguró que la policía municipal los había vendido a un grupo criminal por 50 dólares. Cuatro personas fueron detenidas y enfrentan el cargo de desaparición forzada por el cual les podrían dar 60 años. Sin embargo, la mayor parte de los casos quedan sin solución.
Desde que comenzó el registro de desaparecidos en nuestro país, se han reportado cerca de 34.000 casos, de los cuales más del 70% son hombres. Según los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre agosto y octubre de 2017, en México se denunció en promedio la desaparición o el extravío de una persona cada hora con 33 minutos, o lo que es lo mismo 1.411 personas en tres meses.
Es un problema que no se atiende, y que la sociedad mexicana, ya entumida con la violencia del narco, ha dejado de mirar con la atención que merece. Sin embargo, las familias sufren cada día del abandono de las autoridades y del horror de no saber qué ha pasado con su familia.
Y, sobre todo, es un problema que crece. Muestra del aumento en las cifras es que entre 2007 y 2012, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; ahora son 13 cada 24 horas.
También de acuerdo con información oficial del mismo organismo, durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9.384 personas, lo que equivale a un 40% de los 23.272 casosde desaparición registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014.
A partir de 2007 hubo un crecimiento sostenido de las desapariciones, que alcanzó un pico en 2011. La información del gobierno de Calderón indica que ese año desaparecieron o se extraviaron 7.827 personas; la de Peña Nieto señala 3.312 personas. En el primer caso el crecimiento respecto a 2007 fue de 510%; en el segundo, de 429%.
Un problema de seguridad nacional
A pesar de que el tema es una constante que las familias cada vez tienen que tener más presentes –sacar fotografías, memorizar los atuendos de los hijos e hijas, pedir que se reporten al llegar cuando alguien sale de noche–, solo siete estados tenían leyes específicas sobre la desaparición de personas. Un avance en el tema es que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas entró en vigor en enero pasado, aunque su implementación sigue en duda, dados los hechos: la gente sigue desapareciendo y los resultados siguen siendo magros. La realidad exige que su implementación sea inmediata.
La grave crisis de derechos humanos no ha sido un tema suficientemente abordado por los candidatos a la Presidencia. No obstante, la noticia de los tres estudiantes de cine mientras filmaban un cortometraje en Tonalá cobró tal notoriedad –en parte por el apoyo de la comunidad cinematográfica y el recién oscarizado Guillermo del Toro– que incluso el candidato a la presidencia del PRI, José Antonio Meade, se ha pronunciado al respecto, declarando que “la desaparición de estudiantes en Jalisco, y la muerte de uno de ellos, es causa de enorme preocupación, indignación y exigencia de castigo”, a través de Twitter, al tiempo que solidarizó con las familias de las víctimas.
Los otros candidatos no se han pronunciado específicamente sobre el tema, aunque Jalisco es una entidad crucial para el proceso electoral y el tercer estado del país con más desapariciones. Es impensable que los candidatos a la Presidencia no tomen con seriedad la crisis de derechos humanos que ha venido creciendo en México y se ha hecho más evidente: el 2017 fue el año más violento con 2.403 desapariciones y al menos 42.000 homicidios dolosos de acuerdo al informe anual de Amnistía Internacional y ninguno parece tener un plan estratégico para evitar las muertes violentas. Palabrería sin más.
Cada desaparecido importa; cada persona cuenta. Los desaparecidos nos faltan en verdad a todos, y cuando son miles y miles quienes no dejan rastro, es un problema de seguridad nacional. ¿Qué tiene que pasar para que como sociedad exijamos el regreso con vida de todas esas personas de las que un día, de pronto, sus familias no supieron más?
México no se puede dar el lujo de tener más de 34.000 desaparecidos en los últimos 10 años y la sociedad no puede permitir que las autoridades solo respondan al tema cuando hay flamazos mediáticos. Es una herida que demanda una movilización amplia, y una respuesta profunda del gobierno. Porque no, no puede haber desaparecidos, y menos, desparecidos que no hagan ruido.
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Fotografía: Fernando Carranza / Reuters
