Por: José Antonio Flores Vargas. Palabras Claras. 08/12/2018
En Veracruz todos saben que la situación financiera del gobierno del estado se fue a pique durante estos 18 primeros años del siglo XXI. Desde que Miguel Alemán dejó en 2004 una deuda de alrededor de 3,500 millones de pesos, el problema ha ido creciendo hasta llegar a los más de 40 mil millones de pesos en la administración de Yunes Linares. Pero si se observan los datos duros de la SHCP, es preciso acotar que el principal desastre de las finanzas locales ocurrió durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Y lo grave del asunto es que esa inmensa deuda con los bancos no se corresponde con el bajo nivel de desarrollo que tiene el estado. A ello habrá que agregarle las recurrentes exigencias de pago de un gran número de proveedores y contratistas de obra que se fueron acumulando (ahora depuradas por 500 millones de pesos), y también, los crecientes montos de recursos federales (más de 60 mil millones de pesos) que el gobierno federal requiere su devolución por no haberse ejercido con apego a prácticas correctas de normatividad oficial.
El día de ayer, el periódico El Economista dio a conocer un dato sumamente revelador sobre este preocupante asunto, aunque no nuevo en estas latitudes. Y es que las diferentes instituciones nacionales, las públicas y las privadas, desde hace algunos años, no terminan de dar las peores calificaciones en los aspectos torales que tienen que ver con la calidad de la administración estatal, con el desarrollo económico y con los bajos indicadores socioeconómicos de la población veracruzana.
En el artículo en cuestión, se informa que la acreditada consultora Aregional ubica a Veracruz con la peor calificación de 34.0 puntos de un promedio nacional que es de 68.2 entre las 32 entidades federativas, estableciendo que esto se debe al enorme endeudamiento y al desorden en el manejo de los recursos públicos, principalmente las fuertes erogaciones en el rubro de servicios personales.
Ante ese ominoso panorama, se espera que las nuevas autoridades no caigan en los vicios en que cayó el exgobernador Yunes Linares, quien por un lado insistía en un discurso y por el otro, continuaba con dicho desorden. Despidió a miles de personas para meter a muchos miles más, como fue el caso ya constatado en la SEDESOL estatal y su célebre e inefectivo programa contra la pobreza, realizado a base de pequeñas despensas alimentarias entregadas en todo el territorio en cantidades millonarias. En esa dependencia se comenta que por cada despedido por el yunismo entraron 10 trabajadores nuevos.
El gobernador Cuitláhuac García tendrá que establecer eficientes controles para que sus colaboradores no caigan en el mismo error anterior, argumentando la transformación que impulsa el presidente López Obrador. Y es que en la sociedad xalapeña han trascendido numerosos casos de dispendio y altos sueldos en las oficinas de gobierno de las épocas duartista y yunista.
Otro de los aspectos a corregir es la enorme cantidad de empleados que debieran ser retirados de la administración ya que es comprobable que no entregaron resultados suficientes a la población, y por fortuna se trata de personal fácilmente ubicable por haber sido incorporado sin cumplir requisitos formales en los dos últimos años.
Como todos saben en Veracruz, además de la inseguridad pública, el cierre de empresas, el rezago social y la pobreza en aumento, el otro problema grave es el de la corrupción institucional, la opacidad e inadecuada administración de los recursos públicos. La prueba más palpable de ello son los numerosos casos de exfuncionarios de SEFIPLAN y de otras áreas administrativas, inmiscuidos en serias irregularidades que los han llevado incluso a proceso judicial.
En el área financiera debieran vigilar con lupa la designación de los principales servidores públicos que manejarán fondos del erario.
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Fotografía: Palabras Claras
