Por: Francisco Milla. El Puntero. 26/12/2016
Chihuahua, Chih. – Después de que gobierno del estado anunciara y celebrara el día de ayer la reinstalación de 20 docentes que habían sido cesados por no presentarse a la evaluación del desempeño que se aplicó en los últimos meses del año 2015,desde el Movimiento Magisterial Resissste no sólo manifestaron no compartir la reinstalación con condiciones como la obligación de la que fueron objeto los beneficiarios de aplicar el pasado noviembre la evaluación punitiva, sino que además denunciaron lo injusto de las condiciones exigidas para la reinstalación, obligando a los maestros a retirar sus demandas por despido injustificado incluso antes de ser reintegrados al sistema dejándolos desprotegidos legalmente. Recordaron que quedan pendientes cuatro casos de maestras que continúan cesadas en Ciudad Juárez. Dos de ellas, Cristina Anchondo Zárate y Francisca Muñoz Briano, fueron notificadas de su despido en los primeros días del pasado mes de mayo, fecha desde la cual fueron apartadas fulminántemente de sus grupos, no reciben salario desde entonces y no fueron convocadas por el gobierno del estado para que se acogieran a la propuesta de reinstalación. Las otras dos maestras, si fueron notificadas del procedimiento de reinstalación ofrecido por el nuevo gobierno estatal, pero se rehusaron a participar.
Tras precisar que la nota emitida por el gobierno del estado habla solamente de las maestras y maestros que sí aceptaron la propuesta de las autoridades locales para buscar su retorno al trabajo, el maestro Noel García, en nombre de Insurgencia Magisterial – Resissste, señaló que la «reinstalación de las y los maestros cesados en realidad no es generosa ni significa alguna novedad en la forma en que el gobierno del estado ve el problema de la evaluación docente» .
Recordó que en entrevista mantenida por representantes del movimiento con el Secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, hace unas semanas se le hizo ver al funcionario estatal que esa forma de «perdonarles» su falta a los docentes es algo que la mayoría sí aceptó, «pero lo hizo porque tenía la mano torcida en la espalda, sin grandes expectativas de ganarle al gobierno una demanda en los tribunales del trabajo, que por lo regular actúan sometidos a las órdenes del gobernante».
«Como bien se ha dicho, lo único que el gobierno estatal reconoce al ofrecer la reinstalación de los maestros es que la hoja de la guillotina estaba mal afilada o el banquito chueco, pero no admite que lo que está mal es el modelo absurdo que los impulsores e impositores de la reforma esgrimen como la forma privilegiada, casi única, de ‘mejorar la calidad de la educación: un régimen de persecución y castigo a las maestras y maestros», aseveró el maestro Noel García.
Consideró que los maestros fueron cesados de manera totalmente ilegal, fuera del plazo que la autoridad tenía para sancionarlos con el despido. «En el mes de marzo, SEECH les avisó que eran presuntos infractores de la ley por no haberse presentado a la evaluación y que tenían un plazo de 10 días hábiles para justificar su falta (Art. 75, primer párrafo, de la LGSPD); las y los maestros comparecieron a justificar su incumplimiento por escrito en el plazo legal; la autoridad no resolvió ni para bien ni para mal en el plazo de diez días hábiles que tiene para hacerlo (Artículo 75, segundo párrafo, de la misma LGSPD); fue hasta el mes de junio cuando SEECH dictó las resoluciones de cese contra los docentes sin comunicarles absolutamente nada; en el mes de julio, la autoridad educativa le pidió a la respectiva Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) que le notificara a cada docente la terminación de los efectos de su nombramiento (el cese); ¡y la JLCA les notificó en el mes de septiembre que estaban despedidos!», denunció.
Asimismo, lamentó las tres condiciones que las nuevas autoridades educativas locales se negaron a reconocer públicamente para su reinstalación en las condiciones que ayer se anunciaron, lo cual achacó aque son «injustas e indebidas».
«1) que se presentaran a la evaluación en este segundo período, con el mismo modelo de 2015 al que no se presentaron en su momento, modelo que el propio INEE y la SEP han calificado como incorrecto y por eso se cambiará para 2017; 2) que obtengan un resultado mínimo «suficiente» en este período; y 3) que renuncien a la demanda laboral que interpusieron para su defensa, sin antes asegurar que el gobierno haya cumplido con la reinstalación y el pago de los salarios y prestaciones que se les deben, o al menos haber presentado ante la JLCA un convenio conciliatorio en el que las partes se obligan y la Junta lo registra como laudo, verificando que no se violan derechos irrenunciables de los trabajadores», esgrimió el profesor Noel.
Prosiguió señalando que todavía falta ver cómo se traduce en la realidad para las y los interesados la reinstalación pues hay dudas que se desprenden del oficio que la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente (CESPD) giró a la Jefatura del Departamento Jurídico de SEECH el 4 de noviembre pasado y que se comparte completo enseguida. En lo que aquí interesa, el oficio dice:
«los compañeros que se encuentren en esta situación serán reprogramados en próximas fechas para llevar a cabo su proceso de evaluación y de obtener un resultado como mínimo suficiente poder ser reinstalados en sus funciones.»
Por si fuera poco, recordó que Cuarón les expresó que las autoridades centrales no autorizarían el pago de los salarios si los docentes no renunciaban a la demanda laboral interpuesta por el despido injustificado, «lo que los deja totalmente indefensos si la autoridad no cumple lo que les prometió, porque no es tan sencillo, pues el gobierno estatal sigue sometido a las directrices, a veces irracionales, que dictan las autoridades del centro, en total desapego al marco normativo que uno y otras dicen defender».
«Reiteramos: lo que está mal no es solamente el procedimiento desaseado con el que las evaluaciones se han venido aplicando -nada se mejora con afilar la guillotina y enderezar el banco-; está mal el modelo de evaluación punitiva que se impone como panacea para mejorar la educación, porque no sirve para detectar a los maestros que tienen un mejor desempeño en sus labores y a cambio sí destruye el trabajo de equipo y la colaboración de la comunidad escolar en torno a un proyecto construido de manera sistemática, entusiasta y participativa. Esto, además de la pérdida de tiempo y energía que padecen los docentes, angustiados frente a la posibilidad de fallar en una evaluación ajena, vertical, autoritaria e inútil para su trabajo; una evaluación que los cosifica, los clasifica, los ofende y puede generar su despido», concluye en torno a su desaprobación de la forma en que se lleva a cabo la reinstalación sin que la autoridad desista de la decisión de cesarlos y sin reconocer las fallas e irregularidades en el proceso de la evaluación punitiva.
Fuente: http://elpuntero.com.mx/n/37739
Fotografía: muyjuarense
