Por: J. Fernando Álvarez G. 12/05/2016
Desde que se presentó la propuesta de Reforma Educativa por Enrique Peña Nieto y el vergonzoso Pacto por México, el tema de la evaluación docente ha sido el más recurrente en la esfera social y política del país, he aquí que vale la pena preguntarse, ¿por qué tanta insistencia?
Primeramente, es importante señalar que en los sistemas educativos con mejores niveles de aprendizaje, no existe la evaluación docente y mucho menos de carácter externo (como lo hace el INEE en México); por ejemplo, la cultura nórdica está sustentada en la confianza como valor social y por ende a sus profesores, de ahí los avances en materia educativa para países como Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, explica Andere (2007).
En este sentido, la evaluación docente se presenta como una estrategia de modelo macroeconómico, entendiendo este modelo como eufemismo del neoliberalismo o lo que Gilly y Roux (2015) llaman dominación universal del mundo y las finanzas. Dicha estrategia pretende consolidar el neoliberalismo como ideología, forma de gobierno y como paquete de medidas económicas, rompiendo con los postulados del Estado de bienestar, en una atenta contra el gremio más importante del país, que por efecto dominó continuaría en todos los espacios de los trabajadores al servicio del Estado.
La cultura de la evaluación forma parte de la lógica neoliberal de ahorro, eficacia de los sujetos y eficiencia de éstos para con los instrumentos de trabajo. Así, el neoliberalismo repugna la intervención del Estado en materia de legislación laboral bajo el argumento de que su injerencia estimula vicios y estancamiento económico, por el contrario, se halla a favor de la desregulación laboral y “flexibilidad laboral” que se caracteriza por, explican Solís de Alba y Ortega (2015), la movilidad funcional (realizar varias actividades laborales), facilidades para el despido (creación de un sinfín de faltas y cláusulas de control), contratos temporales (evitando la generación de antigüedad, posibilidad de jubilación y derechos sindicales), etc., promoviendo la rentabilidad del capital y la competitividad entre los trabajadores bajo incentivos económicos y de interés social.
Aunado a ello, las políticas financieras recomendadas por las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen controlado a México ya que sólo pretenden el enriquecimiento de transnacionales a través de préstamos condicionados bajo la implementación de agendas neoliberales que poco favorecen al bienestar de la humanidad; ejemplo de ello lo expone Muñoz Ríos (2016) en torno a la reducción de pensiones a jubilados, es decir, elevar la ya tan clara condición precaria de la vejez y además incrementar la edad de retiro.
De esta manera se clarifica que la evaluación docente no es “para mejorar” como se ha manejado en los discursos oficiales de la clase política, sino para consolidar y aceptar la estrategia hacia la ruta privatizadora y la conformación del Estado mínimo neoliberal. Aboites (2012), en su obra magna de resistencia magisterial, enuncia el claro interés empresarial hacia la educación como negocio, de ahí que resulte evidente el interés de –dizque– asociaciones civiles (como Mexicanos Primero) para mejorar los niveles de aprendizaje en México, presionando ampliamente al ejecutivo con respecto a la evaluación docente, a pesar de que el SNTE modifique su discurso (Poy, 2016) para intentar ganar adeptos frente al descontento magisterial que percibe nula la protección del sindicato oficial –recuérdese que incluso promueven cursos de preparación para el examen de permanencia–.
La cultura de la evaluación favorece sólo a la clase empresarial por generar en los sujetos la ideología de la competencia y la individualización a favor de la productividad en los empleos, es decir, sólo será productivo aquél que genere plusvalor al capital, recibiendo honorarios irrisorios que ni los bonos de productividad podrían compensar; por su parte, el sujeto “improductivo” tendría que ser retirado de su empleo, motivo por el cual se enaltece la evaluación. Suena lógico que el magisterio represente un obstáculo por no reconocerse en dichas ideas, ya que históricamente ha favorecido el desarrollo del ser, el pensamiento crítico, la reflexión, la creatividad, la libre expresión, la apreciación artística, la solidaridad, la cooperación y el diálogo entre los estudiantes.
Así, se clarifica que la evaluación docente toma vital importancia como el mecanismo para el despido y la desaparición del gremio que ha contrarrestado la implementación de políticas neoliberales, con la sustitución de nuevo personal ansioso por un empleo sin importar que la evaluación impuesta devalúe aún más las condiciones de vida de todo un país.
Contrario a la devaluación humana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se convierte en el bastión antineoliberal y deja de ser “sólo un discurso para resguardar privilegios” –como exclama el oficialista Ornelas (2016)– y se convierte en un valladar organizado que enfrenta dignamente la posición imperialista del Estado para implantar la cultura evaluativa y devaluar todo ser en pos del capital.
Contacto: [email protected]
Fuentes de consulta
Aboites, H. (2012). La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia (1982-2012). México, D.F.: UAM-X/CLACSO/Itaca.
Andere, E. (2007). ¿Cómo es la mejor educación en el mundo? Políticas educativas y escuelas en 19 países. México, D.F.: Santillana/Aula XXI.
Gilly, A., & Roux, R. (26 de octubre de 2015). “La unificación financiera del mundo”. La Jornada.
Muñoz Ríos, P. (27 de abril de 2016). “Apremian la OCDE y el BID a reformar sistema de pensiones”. La Jornada, pág. 15.
Ornelas, C. (3 de febrero de 2016). “Reforma Educativa: postura personal”. Excélsior.
Poy, L. (17 de marzo de 2016). “Atenta Mexicanos Primero contra la escuela pública”. La Jornada, pág. 18.
Solís de Alba, A. A., & Ortega, M. (2015). Neoliberalismo y contrarreforma de la legislación laboral (1982-2013). México, D.F.: Itaca.
Fotografía: insurgenciamagisterial