Por: Dhouha Ben Youssef/Afef Abrougui. Global Voices. 11/03/2018
La desmesurada respuesta de seguridad del Gobierno tunecino ante las recientes protestas contra la austeridad ha puesto en peligro la libertad de prensa.
A lo largo del mes de enero, los manifestantes tomaron las calles de todo el paíspara protestar contra el aumento de impuestos que van a incrementar el precio a muchos productos y servicios, incluyendo la telefonía, internet y productos agricolas importados.
El aumento es resultado de la ley de presupuesto de 2018, que introduce el aumento de un punto porcentual en el impuesto al valor agregado y sube los impuestos de aduana. El presupuesto también impone los nuevos impuestos, tales como 1 por ciento a la seguridad social de los empleados y empresas, y una tarifa por cada noche en el hotel que tendrán que pagar los habitantes.
Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, algunas se han vuelto violentas, con actos de saqueo y vandalismo. Un manifestante murió el pasado 8 de enero, cuando un auto de la policía lo golpeó y atropelló. El Gobierno afirma que murió de asfixia después de inhalar gas lacrimógeno. Arrestaron a cientos de manifestantes, incluso activistas que distribuían folletos para exigir reformas económicas.
En este clima de tensión social, donde el papel de los medios de comunicación independientes es clave para disipar la desinformación y comunicar las demandas legítimas de los manifestantes, las autoridades tunecinas están hostigando a los periodistas y criticando a los grupos de derechos humanos. Los grupos de defensa de la libertad de prensa, como el Sindicato de Periodistas de Túnez (SNJT), Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional y el Club de Corresponsales del Norte de África han condenado el aumento de los ataques a periodistas por parte de la policía.
En su informe mensual de enero de 2018, el sindicato de periodistas tunecinos documentó 18 casos de transgresiones cometidas contra periodistas en el país a lo largo del mes. Las transgresiones, como ataques, detenciones y confiscación de equipos, fueron en su mayoría intentos de las fuerzas de seguridad para controlar el flujo libre de información al dificultar el trabajo de los medios. El informe declara que los funcionarios de seguridad y los miembros de las uniones de seguridad fueron responsables de 11 de las 18 ataques a los periodistas documentados.
Los periodistas interrogados y puestos bajo vigilancia
El sindicato y otros grupos de derechos humanos han documentado varios casos de detención policial e interrogación de periodistas en relación con la cobertura de las protestas. Poco después del inicio de los disturbios, la policía tunecina interrogó a dos periodistas franceses, Michel Picard y Mathieu Galtier. Picard, periodista independiente, fue detenido por poco tiempo el 14 de enero mientras cubría la visita del presidente Beji Caid Essebsi a un barrio de clase trabajadora en la capital, Túnez. La policía le preguntó si estaba trabajando con otros reporteros, fotógrafos o camarógrafos.
Galtier, periodista del diario francés Libération, fue interrogado durante una hora por agentes de policía el 11 de enero, que le preguntaron sobre los nombres de sus fuentes en Tebourba, pueblo a 30 km de la capital, donde los disturbios se volvieron violentos y terminaron con la muerte de un manifestante.
El 7 de enero, la policía detuvo a Nadim Bou Amoud, periodista de Tunis Review, se apoderó de su cámara y su teléfono móvil y borró de sus dispositivos todo el contenido relacionado con las protestas de ese día. A otros dos periodistas, Borhen Yahyaoui de radio Mosaique FM y Ahmed Rezgui de radio Shems FM, un oficial de policía les confiscó brevemente sus teléfonos mientras cubrían una protesta en Kasserine.
Además de detenciones, interrogatorios y amenazas, los periodistas también se quejan de prácticas ilegales de vigilancia. El sindicato recibió varias quejas de periodistas sobre “el regreso de la vigilancia policial de sus hogares, lugares de trabajo y sus movimientos”. Estas denuncias no han sido negadas por las autoridades. Es más, durante la audiencia celebrada el 29 de enero en la comisión de seguridad y defensa del Parlamento, el ministro de Asuntos Interiores, Lotfi Brahem, admitió de haber interceptado el telléono móvil de Galtier, el periodista de Libération, porque supuestamente estaba en contacto con “vándalos”. En Twitter, el periodista lo negó, dijo que solo habló con personas en el terreno de Tebourba.
Los periodistas toman medidas, el Gobierno responde con discurso ambiguo
Estos múltiples ataques a la libertad de prensa motivaron a los periodistas tunecinos a tomar las calles en un “día de indignación” el 2 de febrero para protestar contra lo que el sindicato describe como una “política sistemática dirigida a los periodistas para subyugarlos y silenciarlos” e impedirles “comunicar información, exponer la verdad y documentar las políticas de violaciones del Gobierno contra los derechos de los ciudadanos a la protesta pacífica”.
El jefe del sindicato, Neji Bghouri, también dirigió una carta abierta al presidente de la república, el primer ministro y el jefe del parlamento, donde pedía que tomen medidas concretas para detener la intensificada violencia policial contra los periodistas, y para poner fin a políticas gubernamentales que ponen en riesgo el proceso democrático. El sindicato también tiene la intención de reclamar ante elRelator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión sobre la situación actual, y lo invita a Túnez a realizar una investigación.
En respuesta, funcionarios del estado reiteraron sus compromisos con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Tres días después del “día de la indignación”, el presidente Essbesi recibió a los miembros de la junta sindical y renovó su compromiso con la protección de la libertad de información y la seguridad de los periodistas. Pero esto sonó hueco cuando Essbesi describió a la prensa en Túnez como “demasiado libre” en una conferencia de prensa varios días antes.
Durante la reunión con el jefe del sindicato, el primer ministro, Youssef Chahed, dijoque la libertad de información sin restricciones es de vital importancia para el proceso democrático del país, y que su gobierno se compromete a cumplir sus compromisos con la libertad de prensa. La comisión de seguridad y defensa del Parlamento, junto con la comisión de derechos y libertades, escuchará a los representantes de los periodistas y de los sindicatos de las fuerzas de seguridad con objetivo de recoger sus recomendaciones que ayudarán a desarrollar una relación de trabajo respetuosa entre la policía y los medios.
A pesar de sus reiterados compromisos con la libertad de prensa, las acciones (y la inacción) del Gobierno tunecino han ayudado a crear la situación actual. Cuando estallaron las protestas, en lugar de abordar la causa raíz de la preocupación pública, varios funcionarios del Gobierno decidieron atacar a los medios. El presidente Essebsi a llegado a acusar a los medios de comunicación y periodistas extranjeros de “mancillar la imagen del país” en su cobertura de las protestas. El ministro de Relaciones Exteriores hizo una declaración similar sobre la cobertura “no profesional” de las protestas por parte de los medios extranjeros.
Además, el ministro del Interior amenazó con procesar a cualquiera que arroje dudas [en las redes sociales] sobre las fuerzas de seguridad, y pidió un marco legal para proteger la seguridad y las fuerzas armadas de las “amenazas físicas que enfrentan”, pero no ofreció ninguna resolución a los ataques y amenazas que sufren los periodistas a manos de las fuerzas de seguridad.
Ciertamente, el Ministerio del Interior está impulsando un proyecto de ley “sobre la protección de las fuerzas de seguridad” que pretende a restringir la libertad de prensa, el discurso y la asamblea, que criminaliza el discurso considerado “denigrante” hacia la policía.
Los llamamientos a favor del empleo, la justicia social y las libertades constituyeron el núcleo del levantamiento tunecino que derrocó al régimen de Zine El Abidine Ben Ali hace más de siete años. Si bien el país ha logrado avances en términos de libertades, en particular en libertad de expresión y libertad de prensa, la situación económica sigue siendo tan grave que solo en enero de 2018 se documentaronalrededor de 1500 protestas sociales en todo el país.
La reacción represiva por parte de los miembros de seguridad que trata a los manifestantes como delincuentes y duda de las motivaciones detrás de sus peticiones coloca a los periodistas en una situación delicada donde son tratados con sospecha –como consecuencia atacados y amenazados– cada vez que desafían el discurso del Gobierno y arrojan luces sobre las violaciónes cometidas por las fuerzas de seguridad o dan voz a los que protestan.
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Fotografía: Amine Ghrabi
